Título: La mora del deudor en el Código Civil y Comercial
Autor: Pizarro, Ramón D. 
Publicado en: LA LEY 14/03/2016, 14/03/2016, 1 - LA LEY2016-B, 758
Cita Online: AR/DOC/532/2016
Sumario: I. Caracterización de la mora del deudor. — II. La mora del deudor en el Código Civil y Comercial.

 Si la obligación es de exigibilidad inmediata y el deudor no cumple en ese mismo momento, cabe presumir, salvo prueba en contrario, que el acreedor no ha consentido esa situación. Lo contrario lleva a una solución doblemente injusta: por un lado, el acreedor debe soportar que el deudor no cumpla y, por otro, además, que se presuma que él ha otorgado un plazo tácito de cumplimiento. Lo dicho asume mayor relieve si se tiene en cuenta que, como corolario de ese equivocado razonamiento, se termina imponiendo al acreedor una nueva carga ulterior: interpelar al deudor para constituirlo en mora. 
I. Caracterización de la mora del deudor
 a) Concepto. 
Es el retraso imputable al deudor que no quita la posibilidad de cumplimiento tardío (1). Se trata de una situación eminentemente dinámica y transitoria, que habrá de concluir por cumplimiento tardío, por la realización de ofertas reales de cumplimiento, o por renuncia del acreedor a los derechos que le confiere el estado de mora de su deudor, o incumplimiento absoluto (sobrevenido al estado de mora de la obligación). Pertenece, de tal modo, al género de los incumplimientos relativos.
A diferencia del incumplimiento absoluto (o definitivo), que tiene carácter irreversible (arts.955, 956, 1084 a 1090, 1732 y concs. Cód.Civ. y Com.), la mora presupone una prestación exigible pero retardada en su ejecución temporal por causas imputables al deudor, que todavía es posible y útil para satisfacer el interés del acreedor. De allí su inescindible asociación a la idea de cumplimiento tardío.
 b) Presupuestos. 
Para que se configure la mora, del deudor es menester la presencia de ciertos presupuestos, "que deben necesariamente existir con anterioridad a esta anormal situación y que condicionan su propia configuración" (2).
Ellos son:
1) La existencia de un deber jurídico específico, derivado de una obligación en sentido estricto (art. 724 Cód.Civ.Com.).
2) La exigibilidad de la prestación debida.
3) Cooperación del acreedor. 
En numerosas obligaciones pesan sobre el acreedor distintos deberes especiales de cooperación, también llamados cargas, con sustento en el principio de la buena fe (art. 9 Cód.Civ.Com.) y en el ejercicio regular de los derechos (art. 10 Cód.Civ.Com.), que tienen por objeto posibilitar que el deudor pueda cumplir conforme a los términos de la relación existente.
A veces, la propia liberación del deudor depende del cumplimiento de esos deberes (así, por ejemplo, cuando el acreedor debe suministrar los materiales para que el deudor realice una obra, o hacerse presente en un lugar determinado a recibir la cosa). En tales supuestos, la falta de cooperación del acreedor puede obstar a la configuración de la situación jurídica de mora. Para que el retraso pueda ser imputable (subjetiva u objetivamente) al deudor, es presupuesto indispensable que el acreedor realice los actos de cooperación necesarios para que aquél pueda cumplir. La falta de cooperación impide que pueda hablarse de mora, por falta, precisamente, de uno de sus presupuestos, sin perjuicio de que, además, bajo ciertas condiciones, pueda ser apta para provocar la mora del acreedor.
 4) Posibilidad y utilidad del cumplimiento tardío. 
Conforme lo señalado precedentemente, la mora presupone que la prestación debida sea susceptible de ser cumplida retardadamente de manera específica, en razón de resultar posible y útil para el acreedor. En caso contrario, no cabe hablar de mora sino de incumplimiento absoluto.
 c) Requisitos de la situación de mora. 
Para que se produzca la mora del deudor es menester la presencia de tres requisitos predicables para todo tipo de obligación:
 1) El retardo 
Este componente ha sido denominado, con tanta frecuencia como impropiedad, elemento material de la mora, particularmente por autores subjetivistas que sólo admiten a la culpa (entendida en sentido amplio) como idónea para tornarlo relevante jurídicamente. Este último elemento es denominado por ellos subjetivo, y contrapuesto con el retardo.
La terminología no es feliz, pues, veremos luego, también el factor de imputación puede ser objetivo (más aún, de ordinario, lo es), con lo que poco se obtiene denominando al retraso o retardo, elemento material u objetivo de la mora.
La noción de retardo está ligada, indisolublemente, a la de demora. Supone, conforme lo señalado anteriormente, una situación de deuda exigible, que debía ser cumplida en un determinado tiempo, sin que se haya verificado el cumplimiento puntual en el momento fijado para ello. Allí se plasma la dilación temporal que constituye objetivamente una conducta antijurídica, conforme lo señalado en parágrafos anteriores.
El retraso que caracteriza a nuestra figura supone su transitoriedad, o sea que la obligación todavía pueda ser cumplida específicamente por el deudor y, en tales circunstancias, resulte apta para satisfacer el interés del acreedor. Si la prestación no es susceptible de ser cumplida específicamente después de operada la demora, tardíamente, porque se ha hecho imposible o porque, aun siendo susceptible de tal cumplimiento, ya no es apta para satisfacer el interés del acreedor, no hay técnicamente mora, sino incumplimiento definitivo.
 2) El factor de atribución. 
La mora requiere, necesariamente, de la presencia de un factor de atribución que califique el retardo material como moratorio y que permita atribuir axiológicamente las consecuencias que genera a una persona determinada. El retardo en el cumplimiento obligacional, en principio, hace presumir la imputabilidad, hasta que se alegue y pruebe lo contrario (3).
¿Cuál es el factor de atribución que debe estar presente para que se configure la mora del deudor?
En el régimen anterior (art. 509 Cód. Civil derogado, t.o. ley 17.711), las opiniones estaban divididas. Seguramente se mantendrá ese panorama a la luz del texto del art. 888 del nuevo Código que analizaremos más adelante.
Conforme a una posición clásica, hoy superada, el factor de atribución aplicable es subjetivo, basado en la culpa (4). El retraso debe, necesariamente, ser imputable subjetivamente al deudor, a título de dolo o culpa. El retraso no culpable no es mora.
Quienes adhieren a estas ideas advierten que si bien en el artículo 509 del Código Civil anterior, al igual que los artículos 886 a 888 del nuevo Código, no se hace una expresa referencia a la culpabilidad, la misma puede ser inferida como requisito de la mora, porque uno y otro régimen normativo permite al deudor liberarse de las consecuencias de la mora probando que no le es imputable, expresión a la que asignan sentido equivalente a falta de imputabilidad subjetiva.
De acuerdo con otra opinión, que prevalecía en el régimen anterior y que seguramente habrá de consolidarse en el nuevo Código, basta con la presencia de un factor de atribución subjetivo (mora subjetiva) u objetivo (mora objetiva) para que se configure la situación jurídica de mora.
Dentro de esta corriente, empero, se advierten diferencias sensibles.
Para algunos el principio general estaría dado por la culpa, por lo que los casos de mora objetiva, si bien existen, son excepcionales, limitados a aquellos supuestos en los que han sido expresamente consagrados por razones de política legislativa. Se trata de una posición subjetivista, con concesiones objetivistas (5).
Según otros, en posición que compartimos, los supuestos más importantes y frecuentes se caracterizan por la presencia de un factor objetivo de atribución y son, consecuentemente, hipótesis de mora objetiva (6). La culpa juega un rol de menor importancia en esta materia, circunscripta, en nuestra opinión, a las obligaciones de medios.
Dentro de esta corriente, empero, se advierten algunos matices de importancia, a la hora de encuadrar el ámbito de la mora objetiva. Algunos, como MOSSET ITURRASPE, identifican mora automática con mora objetiva y mora con interpelación con mora subjetiva (7). En el primer supuesto, el factor de atribución sería el riesgo creado (no basta, pues, el mero retardo) en tanto que en el segundo caso, la imputación jurídica se efectuaría a título de culpa. Nosotros compartimos la idea de que la mora puede ser objetiva (en la mayor parte de los supuestos) o subjetiva. Sin embargo, no creemos que el encuadramiento en una u otra hipótesis dependa de la forma de constitución en mora (automática o por interpelación). El deber de entregar la cosa en un contrato de compraventa, no cambia por el hecho de estar sujeto a un plazo determinado cierto o incierto (mora automática) o tácito (mora por interpelación).
El factor de atribución aplicable en la mora o el incumplimiento de una obligación de resultado, como la anteriormente tomada como ejemplo, no varía por el hecho de que la mora se produzca automáticamente o por interpelación. Como bien lo señala BUERES, "la mora no es subjetiva u objetiva por las contingentes características del plazo (incluso modificables por la voluntad de las partes puesto que el art. 509 contiene derecho supletorio), o por cuanto no exista plazo. La subjetividad u objetividad que califica jurídicamente el retraso dimana de la ley — o más ampliamente del ordenamiento— en cuanto allí se considera de unas maneras específicas la clase de deberes a cumplir en vista de exigencias de justicia y de la propia conformación estructural y funcional de tales deberes" (8). El razonamiento del eminente jurista capitalino es proyectable sin inconveniente alguno al nuevo régimen normativo en materia de mora del deudor.
Debe, pues, distinguirse según se trate de obligaciones de medios (o de diligencia) o de resultado (también llamadas de fines o de garantía).
En el primer supuesto, el factor de imputación es subjetivo y basado en la idea de culpa; en las obligaciones de resultado es objetivo, con sustento en la idea de deber calificado de garantía o en el riesgo creado, según los casos.
Este criterio, predicado en materia de mora, es extensible al incumplimiento absoluto y también a la responsabilidad civil que pueda derivar en uno y otro supuesto.
 3) La constitución en mora del deudor. 
La configuración de la situación jurídica de mora requiere de algo más que un retraso imputable al deudor que no quite posibilidad de cumplimiento tardío. Es preciso, además, que el deudor quede constituido en mora.
Dicha constitución en mora puede operar de distinta manera: 1) por un acto del acreedor (interpelación); 2) o bien por el mero transcurso del tiempo. No hay otro sistema de constitución en mora.
Los diferentes modos de constitución en mora son relevantes para determinar los distintos sistemas que predominan en el derecho comparado.
Este requisito no ha sido siempre bien comprendido en su real dimensión. La mayor parte de los autores hacen referencia a él sólo cuando abordan una de las diferentes formas de constitución en mora — la interpelación —, que era el principio general en el Código de Vélez Sarsfield, antes de la reforma del año 1968 y que luego de la reforma introducida por la ley 17.711 mantuvo un valor residual y limitado. Este fenómeno, lo veremos luego, se ha potenciado en el Código Civil y Comercial.
Se asigna a la expresión interpelación un significado equivalente al de constitución en mora.
Sin embargo, ello no es así, pues la interpelación no es la única vía para constituir en mora al deudor ni, por cierto, la más importante. La mayoría de las veces, la constitución en mora opera sin intervención alguna del acreedor, por el sólo transcurso del tiempo, automáticamente. Es el tiempo quien interpela en lugar del hombre. De allí la locución romana dies interpellat pro homine. 
Quede en claro, de tal modo, que "existe entre constitución en mora e interpelación una clara relación de género a especie; mientras con la primera se alude a las diferentes formas por las que el deudor puede estar incurso en mora, con la segunda se designa una de aquellas formas en particular: la que se concreta mediante la actuación del acreedor (interpellatio)" (9). Una de aquellas formas. No la única. Ni, menos aún, la más importante.
Como es sabido, el artículo 509 del Código de Vélez, siguiendo muy de cerca al Código de Francia, consagraba categóricamente el principio de la mora ex persona, exigiendo la interpelación inclusive en las obligaciones a plazo determinado cierto. Como regla no había mora sin interpelación. La norma contemplaba dos excepciones a dicho principio: Cuando se hubiera estipulado expresamente que el mero vencimiento del plazo produciría la mora y cuando "de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación del tiempo en que debía cumplirse la obligación, fue un motivo determinante por parte del acreedor" (mora ex re). El supuesto tenido en cuenta era el de obligaciones sujetas a plazo esencial, cuya no ejecución en tiempo propio provocaba, en verdad, no un supuesto de mora sino de incumplimiento definitivo. Así, por ejemplo, quien contrata un remise para que lo lleve en determinado día y hora al aeropuerto, a fin de tomar un avión a Europa: la falta de cumplimiento en tiempo propio importa frustración del interés del acreedor, sin necesidad de requerimiento alguno.
A las excepciones al principio de la interpelación contenidas en el viejo artículo 509, se sumaban otras, en donde doctrina y jurisprudencia, en forma más o menos pacífica, admitían que la mora operaba automáticamente, sin necesidad de requerimiento (mora legal, mora en la obligación de reparar daños causados por hechos ilícitos, confesión del estado de mora por el deudor, negativa anticipada al cumplimiento por parte de éste, etcétera).
La ley 17.711 introdujo una profunda modificación en el régimen de constitución en mora del deudor, incorporando como regla general el principio de la mora automática en las obligaciones a plazo determinado cierto e incierto (art.509), con lo que relegó a la mora ex persona a una categoría puramente residual.
Más allá de las imperfecciones técnicas que presentaba ese artículo la reforma fue plausible y dio frutos positivos a lo largo de sus más de cuarenta y cuatro años de aplicación. El tiempo terminó dándole la razón a Borda, quien con su fino sentido jurídico y de la realidad, vislumbró el camino correcto. Esto explica que, en lo sustancial, el nuevo Código haya mantenido (y en buena medida mejorado) los grandes lineamientos introducidos por la ley 17.711.
II. La mora del deudor en el Código Civil y Comercial
 A) Régimen de constitución en mora. 
a) Emplazamiento metodológico. 
La mora del deudor es regulada dentro de la materia obligacional y no como un elemento de la responsabilidad civil, como lo hiciera el Proyecto de 1998.
Aprobamos el criterio seguido, pues estamos ante una figura que es aplicable a un género amplio de situaciones jurídicas, que excede el campo de la responsabilidad. A partir de ella se desencadena una multiplicidad de posibles efectos en el plano obligacional y, en su ámbito, contractual, que torna aconsejable ubicarla a continuación del marco normativo que regula el cumplimiento.
 b) Definitiva consolidación del principio general de la mora automática. 
El nuevo Código, con excelente criterio, resuelve de manera definitiva esta controversia en su artículo 886, al establecer una regla general que no deja lugar alguno para la duda: "Mora del deudor. Principio. Mora automática. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para su cumplimiento" (10).
En el artículo siguiente se señalan las dos excepciones al principio rector de la mora automática previstas en el articulado del nuevo Código: las obligaciones sujetas a plazo tácito y a plazo indeterminado propiamente dicho. A ellas, cabe agregar una tercera excepción: cuando las partes, en ejercicio de la autonomía privada, pacten que la mora no operará automáticamente y prevean la necesidad de interpelación u otras modalidades a tal fin (11).
Hay, de tal modo, una regla cualitativamente formulada , clara, precisa, categórica — mora automática (art. 886) — y excepciones a la misma, dos previstas en el art. 887 y la restante emergente de los arts. 957 y 958 Cód.Civ.Com (autonomía privada) (12). En estas últimas, no rige la regla de la mora automática, o sea que la mora del deudor no se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación.
Se consolida, de tal modo la orientación iniciada por la ley 17.711 y se lo hace de manera sensata, realista, sin eufemismos y, lo que es igualmente importante, manteniendo mucho de lo bueno que tenía el art. 509 Cód. Civil anterior (t.o. ley 17.711). Esto permite proyectar al nuevo Código gran parte de la doctrina y jurisprudencia forjada entre 1968 y 2015.
El nuevo Código mantiene la terminología que utilizaba esta norma, la mejora y depura conceptualmente, resolviendo de manera explícita algunas controversias.
¿Cómo y cuándo se produce la mora automática?
La ley es clara: Ella opera en todo supuesto obligacional que no esté encuadrado dentro de alguna de las excepciones antes indicadas.
Veamos cuáles son las principales aplicaciones del principio de la mora automática.
 1) Obligaciones de exigibilidad inmediata (mal llamadas puras y simples).
Son aquellas que deben ser cumplidas en el momento de su nacimiento.
El Código Civil y Comercial pone punto final a una añeja polémica gestada en derredor del texto del artículo 509 del Código anterior, reformado por la ley 17.711, en torno a la mora del deudor en las obligaciones de exigibilidad inmediata.
Vale recordar que la doctrina y jurisprudencia absolutamente mayoritarias entendían que en estas obligaciones el deudor no incurría en mora si no era interpelado por el acreedor (13). Quienes adherían a estas ideas descartaban terminantemente que pudiera aplicarse a ellas el régimen de mora automática y afirmaban que también era improcedente toda pretensión de fijación judicial de plazo (esto último es propio de una especie de obligación modal, la sujeta a plazo indeterminado propiamente dicho, y no de una obligación que se caracteriza, precisamente, por lo contrario: por no tener plazo). Los fundamentos eran variados y su consideración excede los límites de este trabajo. Baste ahora con señalar que para algunos, en las obligaciones de exigibilidad inmediata el cumplimiento de la prestación estaba diferido a la potestad de una de las partes o de ambas. Quien tenía la potestad de exigir dicho cumplimiento debía manifestar a la otra su voluntad mediante un requerimiento previo a la ejecución de la obligación, pues la buena fe (art. 1198 Cód. Civil anterior) impondría ese temperamento (14). Para otros, las obligaciones de exigibilidad inmediata (puras y simples) debían ser tratadas como obligaciones sujetas a plazo tácito, quedando por ende alcanzadas por el requisito de la interpelación previsto para ellas (15). Quienes adherían a estas ideas señalaban que las obligaciones puras y simples eran exigibles desde su nacimiento, y si el deudor no las cumplía en ese instante, era porque el acreedor, tácitamente, le estaba otorgando un plazo. Debía, de tal modo, interpelarlo para constituirlo en mora (art.509, 2° párrafo, Cód. Civil anterior,t.o. ley 17.711). Por nuestra parte, pensábamos que todas esas doctrinas estaban aferradas a ciertos preconceptos, muchos de los cuales no resistían un análisis profundo. El más grave de todos: considerar que la mora automática era incompatible con las obligaciones de exigibilidad inmediata. Sosteníamos que en el régimen anterior también aquí regía el principio de la mora automática. Las razones que llevaban a su vigencia cuando la obligación era a plazo determinado cierto e incierto, no diferían sustancialmente de las que podían justificar su aplicación, como regla, en las obligaciones puras y simples: la adecuada protección de los intereses del acreedor y, fundamentalmente, la conexión entre el retardo del deudor con el factor tiempo, sin necesidad de requerimiento alguno.
Dicha relación era predicable cuando había un plazo determinado fijado. No podía seguirse un criterio distinto en aquellas obligaciones que nacían, producían sus efectos y se extinguían sin intervalo de tiempo jurídicamente mensurable. No había razón que justificare, en principio, tratarlas de manera distinta (16).
Esta interpretación en modo alguna aparecía reñida con el principio de la buena fe, que impone al deudor que asume una obligación pura y simple de adoptar los recaudos que le permitan cumplir en ese momento, sin posibilidad de ampararse en una falta de requerimiento para evitar la configuración del estado de mora. La dinámica que caracteriza a la obligación en nuestro tiempo, el reparto de riesgos que debe presidir a estas obligaciones de exigibilidad inmediata, la moderna concepción del patrimonio y, frecuentemente, el principio de protección de la parte débil en la relación, justificaban este temperamento. Tal criterio, por lo demás, había sido siempre el que se aplicaba en materia de hechos ilícitos, en donde la mora en la obligación de resarcir (que es de exigibilidad inmediata) operaba automáticamente desde el mismo momento de producción del daño.
El nuevo Código consagra de manera expresa este criterio. La mora se produce automáticamente por el solo trascurso del tiempo fijado para su cumplimiento. El tiempo de cumplimiento que la ley fija para las obligaciones de exigibilidad inmediata no es otro que "el momento de su nacimiento" (art. 871 inc. a). Va de suyo que si el deudor no cumple en ese momento queda automáticamente incurso en mora.
Podría objetarse la solución legal sosteniendo que si el deudor no paga en esa oportunidad, es porque el acreedor tolera esa situación y tácitamente le otorga un plazo, supuesto que nos colocaría en el terreno de las obligaciones a plazo tácito donde campea una de las excepciones al principio de la mora automática (art. 887 inc. a). Sin embargo, a poco que se profundice este razonamiento se podrá percibir su insuficiencia. Ocurre que, tratándose de una obligación de exigibilidad inmediata, una dilación en cumplir debe ser reputada, en principio, como una infracción debitoria. En tal caso, cabe presumir que el acreedor, lejos de tolerarla (y de otorgar un plazo tácito para que el deudor cumpla), en verdad la sufre. Por lo que el mentado otorgamiento del plazo tácito no tiene sustento lógico alguno.
Por tal motivo si la obligación es de exigibilidad inmediata y el deudor no cumple en ese mismo momento, cabe presumir, salvo prueba en contrario, que el acreedor no ha consentido esa situación. Lo contrario lleva a una solución doblemente injusta: por un lado, el acreedor debe soportar que el deudor no cumpla y, por otro, además, que se presuma que él ha otorgado un plazo tácito de cumplimiento. Lo dicho asume mayor relieve si se tiene en cuenta que, como corolario de ese equivocado razonamiento, se termina imponiendo al acreedor una nueva carga ulterior: interpelar al deudor para constituirlo en mora.
El Código Civil y Comercial concluye con la controversia. La solución es plausible y coherente con el sistema de la mora automática que consagra a rajatablas.
Como lógica consecuencia del mismo, la obligación de resarcir el daño injustamente causado por un hecho ilícito —que nace en el mismo momento en que se produce el daño— está alcanzada por el principio de la mora automática (17).
 2) Obligaciones sujetas a plazo determinado cierto o incierto 
Conforme lo dispone el art. 871 inc. b) Cód. Civ. y Com., si hay un plazo determinado "cierto o incierto" el pago debe hacerse "el día de su vencimiento".
En ambos supuestos, entonces, la mora opera automáticamente "por el solo transcurso del tiempo fijado para su cumplimiento". Fijado por las partes, por la ley o por el juez.
El Código cierra definitivamente alguna polémica interpretativa generada en torno al alcance del primer párrafo del artículo 509 reformado por la ley 17.711 del Código anterior en cuanto disponía que "en las obligaciones a plazo la mora se produce por su solo vencimiento".
Esta locución — obligaciones a plazo — fue interpretada de manera disímil por la doctrina, pues en tanto la mayoría, con buen criterio, entiende que se refiere a plazo determinado cierto e incierto, otros excluían esta última tipología.
El nuevo Código concluye con esta controversia y lo hace con excelente criterio: tratándose de obligaciones "a plazo determinado, cierto o incierto", el pago debe hacerse "el día de su vencimiento" (art. 871), por lo que la mora se produce automáticamente.
Dentro del régimen anterior, Alterini, Ameal y López Cabana, con el fino sentido jurídico que lo siempre los caracterizó, propusieron mitigar el rigor de la interpretación que proclamaba la mora automática en las obligaciones a plazo determinado incierto, señalando que en tales supuestos, cuando la realización del hecho configurante del término pudiera ser ignorada por el deudor, la buena fe impondría al acreedor comunicarle tal circunstancia a fin de que cumpla, de conformidad con el principio de la buena fe (18). Se trataría de una simple comunicación y no de una interpelación en sentido estricto, por lo que no estaría sujeta a ninguna de las formalidades anteriormente estudiadas. Esa construcción fue aceptada por algunos proyectos de reforma al derecho privado argentino (así, por ejemplo, Proyecto de 1983, art.509).
La idea es interesante y puede resultar valiosa en el campo de aquellas obligaciones en donde la mora es subjetiva, o sea basada en la culpa del deudor. Dentro de ese contexto, la construcción resulta útil y puede permitir a este último probar que el retraso no le es imputable por ausencia de culpabilidad. No creemos, en cambio, que el mismo criterio sea sustentable de manera generalizada en materia de obligaciones de resultado, donde el factor de atribución es objetivo (arts. 774 inc. b) y c) y 1723 Cód.Civ. y Com.): la imputación allí se realiza con total abstracción de la idea de culpabilidad, y solamente puede ser desvirtuada demostrando la presencia de una causa ajena. La ausencia de conocimiento por parte del deudor de que el hecho se ha cumplido o la falta de notificación por parte del acreedor de tal circunstancia, no alcanzan dicha categoría ni tienen idoneidad alguna para impedir los efectos de la mora, salvo cuando por su relevancia, en función de las circunstancias del caso, pueda ser dicha comunicación emplazada como un deber de cooperación, con base en el principio de la buena fe, y como consecuencia de ello proyectar incidencia causal. En tal caso, el deudor podría demostrar que la mora no le es imputable, pero no porque no haya habido culpa de su parte (la ausencia de culpa es intrascendente) sino porque el incumplimiento encontraría su causa en la propia conducta del damnificado (acreedor).
Quien se somete a una deuda a plazo determinado incierto, debe tomar las previsiones, y en su caso asumir los riesgos, para conocer en forma oportuna la verificación del hecho incierto.
Por tal motivo, no creemos que pueda predicarse de manera generalizada una carga en tal sentido sobre el acreedor, ni siquiera tratándose de supuestos en los que el deudor pudo haber ignorado el momento del vencimiento del plazo. Es una cuestión que deberá ser apreciada caso por caso, conforme a las pautas antes indicadas.
Esta solución no varía, antes bien, se torna mucho más rígida en el nuevo Código. Por lo demás, la comunicación que se propicia para que opere la mora del deudor en estas obligaciones genera algunas dudas máxime teniendo en cuenta que no se trata de una interpelación en sentido estricto: ¿Desde cuándo se considerará que el deudor está en mora? Caben tres posibles respuestas: 1) Estará en mora desde el momento mismo del vencimiento del plazo, en cuyo caso la comunicación es superflua. Con o sin ella, el efecto sería siempre el mismo. 2) Estará en mora a partir del momento mismo en que la comunicación llegue al domicilio del deudor, con independencia de que éste tome efectivo conocimiento de la misma. En tal caso, no se debería otorgar plazo alguno para que el deudor cumpla, operando la mora desde entonces. 3) La tercera posibilidad, es considerar que en esa notificación el acreedor deba comunicarle el hecho y otorgarle un plazo razonable para que el deudor pueda cumplir. Esto último parece fuera del texto de la ley y puede conducir a situaciones anómalas, que se susciten en esa zona de nadie, que se abre entre el vencimiento del plazo incierto y el vencimiento del término para cumplir que se otorga en la notificación que el acreedor efectúa al deudor respecto del cumplimiento de aquél.
Creemos que en los casos en los que se acepte la procedencia de esta notificación, la solución indicada en el punto 2) es la única que podría ser compatible con la letra de los artículos 871 inc. b) y 886 del nuevo Código, en consonancia con lo dispuesto por los arts. 9, 10 y 729.
 c) Las excepciones al principio de la mora automática. 
El Código Civil y Comercial solamente reconoce dos excepciones al principio de la mora automática que se prevén en el art. 887 (19):
 "Excepciones al principio de la mora automática. La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones: 
a) sujetas a plazo tácito; si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y la buena fe, debe cumplirse; 
b) sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho; si no hay plazo, el juez, a pedido de parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor queda constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación. 
En caso de duda respecto a si el plazo es tácito o indeterminado propiamente dicho, se considera que es tácito". 
A riesgo de ser reiterativos, debemos remarcar lo siguiente: la excepción anida en el hecho de que la mora del deudor no se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Es dable, entonces, suponer, que para que ella opere es menester algo más que el mero vencimiento del plazo.
Analicemos las dos excepciones expresamente previstas por el legislador al principio de la mora automática.
 1) Obligaciones a plazo indeterminado tácito. Un enigma. 
El plazo tácito es una especie dentro del género más amplio del plazo indeterminado.
Plazo tácito es aquél que no está expresamente fijado (20), pero cuya existencia y entidad es posible inferir de la naturaleza y circunstancias de la obligación. Es esto último lo que permite determinar, tácitamente, el momento a partir del cual el acreedor podrá exigir el cumplimiento de la prestación. Los usos y costumbres, ponderados a la luz del principio de la buena fe, pueden resultar relevantes para precisar el momento de su cumplimiento.
¿Cómo se produce la mora en estas obligaciones?
En el régimen anterior, las obligaciones cuyo plazo no estaba expresamente determinado pero resultaba tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, requerían de interpelación del deudor al acreedor para que operara la mora de este último (art. 509, segundo párrafo Cód. Civil derogado, t.o. ley 17.711). En otras palabras, estaban fuera del principio de la mora automática y constituían un ámbito residual de la mora por interpelación. La doctrina era unánime.
El nuevo Código, en cambio, no dice cómo se produce la mora en esas obligaciones. O, peor aún, lo que dice al respecto resulta absolutamente insuficiente, a la luz del esquema elaborado de principio general (art.886) y excepciones al mismo (art. 887), para determinar cuál es el régimen de constitución en mora del deudor en el supuesto que nos ocupa.
En efecto, luego de consagrar el principio de la mora automática en el art. 886, en donde ella se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación, trata sus dos excepciones, en el art. 887. Una de estas excepciones está dada por las obligaciones a plazo tácito.
En el inc. a), donde la regula, únicamente indica: "obligaciones a plazo tácito; si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y la buena fe debe cumplirse".
El texto guarda armonía y reproduce en lo sustancial lo dispuesto en el art. 871 inc. c). Ambas normas se limitan a determinar el momento en que debe cumplirse la obligación a plazo tácito. El problema es que el art. 887 inc. a) debía decir, además, la forma y modo en que opera la mora del deudor en tal caso. Mora que no puede operar por el solo vencimiento del plazo tácito, o sea "en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse", porque de ser así, habría mora automática. Y el legislador ha sido muy claro en el texto al señalar que dicha mora automática no rige en las obligaciones a plazo tácito. Por lo tanto, hace falta algo más que el mero vencimiento del plazo tácito para constituir en mora al deudor. Lo grave es que la ley no lo dice.
Supongamos que la obligación no se cumple en la fecha en que conforme a la naturaleza y circunstancias de la obligación (art. 871 inc. c), o que los usos y la buena fe (art. 887 inc. a) determinarían para su cumplimiento.
¿Cómo opera la mora?
He aquí un verdadero enigma, potenciado por la incomprensible redacción del inc. a) del art. 887.
Cabrían dos posibles interpretaciones.
(i) La primera, sostener que la mora opera automáticamente, por el solo vencimiento del plazo tácito, o sea a partir de la fecha que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse.
Es posible que esa haya sido la intención del legislador. Decimos esto porque en los Fundamentos del Anteproyecto se lee que a diferencia de lo que sucede en las obligaciones a plazo indeterminado propiamente dicho, donde el juez debe fijar plazo para el cumplimiento, en las obligaciones a plazo indeterminado tácito, "lo único que corresponde al juez es verificar si, teniendo en cuenta la naturaleza y circunstancias de la obligación, ha transcurrido o no dicho plazo al tiempo de promover la demanda". De ser ello así, la mora se produciría automáticamente, por el solo vencimiento del plazo, en este caso tácito, que emana de la naturaleza y circunstancias de la obligación, sin necesidad de ningún otro requisito. Lo único que el juez debería ponderar es si ese plazo está vencido o no al momento de articularse la demanda. O, lo que es igual, si el deudor esta o no en mora al momento de promoverse la acción judicial. No haría falta, de tal modo, interpelación alguna al deudor para constituirlo en mora, con lo cual estaríamos ante un drástico cambio del sistema de la mora del deudor en las obligaciones a plazo.
Si esto fuese así y la norma fuese leída en consonancia con lo que se señala en los Fundamentos del Anteproyecto, el inc. a) del art. 887 no importaría una excepción al principio general de la mora automática consagrado en el art. 886, sino su aplicación específica, que no dejaría de ser tal por el hecho de estar mal ubicada (21). Habría una aplicación del principio inserta en el ámbito de las excepciones.
Esa interpretación tropieza, sin embargo, con una objeción importante, que surge del propio régimen normativo y de las propias palabras de la ley, que se independizan de lo que pudo haber sido la voluntad del legislador: el supuesto previsto en el art. 887 inc. a) constituye una de las dos excepciones al principio de la mora automática, por lo que no es posible aplicar este sistema de constitución en mora, allí donde la propia ley nos dice "la regla de la mora automática no rige respecto" de las obligaciones a plazo tácito. Por lo que el sistema de constitución en mora debe ser otro. Y dado el silencio del legislador en este punto, se abre un enigma.
De seguirse este criterio, el nuevo régimen normativo generará grave inseguridad para las partes, ante la dificultad que muchas veces encierra la determinación del referido vencimiento del plazo tácito. Por ello, nos sigue pareciendo largamente conveniente el criterio que adoptaba el anterior art. 509 Cód. Civil (t.o. ley 17.711), que para tal supuesto, exigía la interpelación del deudor para constituirlo en mora (22). Era, por lo demás, un régimen que había funcionado muy bien hasta el presente y con relación al cual no se advertía necesidad alguna de cambio.
(ii) La segunda interpretación posible, que nosotros propiciamos, debe partir de la base de que la mora automática no rige en las obligaciones a plazo tácito porque así lo ha determinado el legislador. Ello significa que en los supuestos previstos por la ley como excepciones al principio de la mora automática, la mora del deudor no se produce por el solo transcurso del tiempo establecido (en este caso, tácitamente) para el cumplimiento de la obligación (23).
La pauta normativa, contenida en los artículos 871 inc. c) y 887 inc. a) a lo sumo sirve para determinar si está vencido el plazo tácito. Pero no para producir la mora del deudor, pues esta no opera automáticamente, por el solo transcurso de aquél tiempo, toda vez que así lo ha dispuesto el legislador al reglarla como supuesto de excepción a la regla del art. 886.
El legislador, entonces, ha guardado silencio respecto de la forma y modo en que se produce la mora.
Frente a ese panorama, en nuestra opinión, no cabe otra solución que proclamar que en las obligaciones a plazo tácito la mora se produce por interpelación del acreedor al deudor, una vez vencido el momento de cumplimiento previsto en el art. 887 inc. a) (24).
Es la interpretación que propiciamos de lege lata, con este basamento:
(i) Descartada la mora automática (porque así lo ha dispuesto el legislador al emplazar el supuesto que nos ocupa dentro de las excepciones al mismo), la constitución en mora del deudor en la obligación a plazo tácito sólo podría operar por interpelación, o por vía de fijación judicial del plazo (supuesto distinto, previsto en el inc. b) del art. 887. No hay otra alternativa.
(ii) Es obvio que en el caso que nos ocupa, no procede la fijación judicial de plazo por el juez, no sólo porque esta ha sido prevista para una tipología diferente (obligación a plazo indeterminado propiamente dicho), sino también porque de lo contrario uno y otro supuestos (arts. 887 inc. a y b) estarían alcanzados por idéntico régimen (fijación de plazo judicial), lo cual dejaría sin sentido al último párrafo del art. 887. Esta norma establece que ante la duda de si el plazo es tácito o indeterminado propiamente dicho, se considera que es tácito, lo cual lleva ínsito el presupuesto de que una y otra tipología son distintas y tienen diferente régimen de constitución en mora.
(iii) De tal modo, descartada la mora automática (argum. art. 887 in fine) y que pueda aplicarse en el supuesto previsto por el inc. a) del art. 887 el régimen estatuido en el inc. b) de esa misma norma, no queda otro criterio que el de la interpelación, que era, por lo demás, el que regía en el art. 509 del Código anterior.
(iv) Precisamente, con relación a esto último, la interpretación que propiciamos tiene apoyo en el art. 1 del Código Civil y Comercial, que asigna a los usos, prácticas y costumbres efecto vinculante cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Frente a una situación de constitución en mora (no automática), no reglada legalmente, la invocación de los usos y costumbres para fundamentar el criterio propiciado luce razonablemente sensata.
Pensamos que ha sido poco conveniente introducir una modificación de esta índole y que debería haberse mantenido la solución normativa expresa que contenía en este punto el art. 509 del Código anterior (t.o. ley 17.711), que había funcionado muy bien y generado pocos problemas.
(v) Al requerir la interpelación no estamos haciendo decir a la ley algo distinto a lo que dice, ni introduciendo un requisito que esté en pugna con ella. Se trata de algo bien diferente: de interpretarla de un modo racional y respetuoso no sólo de las palabras de la ley, sino de todo el esquema normativo de los arts. 886 a 888 (basado en principio y excepciones). Con lo cual, lo que se termina haciendo es interpretar la ley para suplir un grave silencio, para que diga lo que no dice y debió decir. La exigencia de interpelación deviene, de tal modo, coherente con el régimen de excepción a la mora automática previsto para las obligaciones a plazo tácito y sobreviene por descarte. Si la mora no puede ser automática (por expresa prohibición legal), ni procede la fijación judicial de plazo, sólo queda la interpelación como vía residual para que opere la constitución en mora del deudor en las obligaciones a plazo tácito.
 2) Obligaciones a plazo indeterminado propiamente dicho. 
Dispone el art. 887 del nuevo Código que la regla de la mora automática tampoco rige respecto de las obligaciones sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho. Si no hay plazo, el juez, "a pedido de parte, lo debe fijar en un procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor queda constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación". 
La norma se refiere a los supuestos de obligaciones a plazo indeterminado propiamente dicho, cuyo momento de cumplimiento es aquél que fije el juez a solicitud de partes (art. 871 inc. d)).
En el plazo indeterminado propiamente dicho el plazo tampoco está determinado pero, a diferencia del supuesto de plazo indeterminado tácito, no se advierten elementos que permitan inferirlo de la naturaleza y circunstancias de la obligación. La indeterminación es absoluta por lo que corresponde su fijación judicial.
Se mantiene, de tal modo, la solución que actualmente consagraba el artículo 509 del Código Civil, t.o. ley 17.711
Quedan comprendidos dentro de este supuesto aquellos casos en donde se ha tomado en cuenta un acontecimiento no forzoso, con la finalidad de diferir los efectos del acto (y no de condicionarlos), tal lo que sucede, por ejemplo, con la obligación de pagar cuando mejore de fortuna.
 3) Diferencia entre obligaciones a plazo indeterminado tácito e indeterminado propiamente dicho. Supuesto de duda. El nuevo Código resuelve una situación conflictiva. 
Las diferencias entre plazo tácito y plazo indeterminado, claras en teoría, frecuentemente se desdibujan y vuelven sutiles en la práctica, a punto que en numerosos supuestos es realmente difícil determinar si la situación encuadra en uno u otro supuesto.
Los riesgos para quien litiga son evidentes, pues un eventual error en la valoración puede derivar en una inadecuada constitución en mora, con secuelas lamentables para la suerte del pleito. Repárese en que si la cuestión es emplazada bajo el molde de la obligación a plazo tácito, se debe interpelar al deudor para constituirlo en mora, por lo que un pedido de fijación judicial de plazo está destinado a fracasar. Inversamente, tratándose de una obligación a plazo indeterminado propiamente dicho, una interpelación es inidónea para provocar la mora del deudor, ya que corresponde solicitar la pertinente fijación de plazo en sede judicial.
Conscientes de que se trata de una cuestión de hecho y no de derecho, doctrina y jurisprudencia procuraron trazar directivas básicas, que sirvan de guía tanto al juez como al abogado a la hora de efectuar la delicada tarea de diagnóstico jurídico.
Dentro de ese orden de ideas, es siempre tenido en cuenta un memorable voto del Dr. de Abelleyra, integrando la Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil junto a otros dos eminentes juristas: Jorge J. Llambías y Guillermo A. Borda (25). Allí se sostuvo que para diferenciar un supuesto del otro, debe indagarse la voluntad de las partes, plasmada en las cláusulas contractuales pertinentes, y determinar si lo que efectivamente ellas han querido es integrar el convenio con una decisión judicial relativa al momento preciso en que la obligación debe cumplirse (plazo indeterminado propiamente dicho) o, simplemente, diferir los efectos hacia el futuro, sin tener en cuenta intervención judicial alguna (plazo indeterminado tácito). En este último supuesto lo único que corresponde al juez es verificar si teniendo en cuenta la naturaleza y circunstancias de la obligación, ha transcurrido dicho plazo al tiempo de promoverse la demanda. En cambio, en ese supuesto, debe intervenir para fijar el plazo e integrar de tal modo el contrato.
Por esta vía, se ha declarado que es plazo tácito y no indeterminado, el previsto en una cláusula conforme a la cual se pactó que la escritura debía ser otorgada "una vez concluidos con los trámites en la Dirección General Impositiva", o "tan pronto estén emitidos los informes del Registro de la Propiedad".
¿Qué criterio se debe seguir en caso de duda?
Nosotros hemos sostenido desde hace años que ante la duda se debe considerar al plazo como indeterminado tácito y no como indeterminado propiamente dicho. Dicha conclusión es la que mejor responde a la dinámica negocial moderna (y, por lo general, también a la voluntad de las partes), pues es un hecho evidente que los contratantes sólo en raras ocasiones procuran integrar un contrato con una actividad judicial futura.
El Código Civil y Comercial, sigue esa solución, en la última parte del art. 887: "En caso de duda respecto a si el plazo es tácito o indeterminado propiamente dicho, se considera que es tácito".
Aplaudimos el criterio adoptado que será de enorme utilidad para abogados y jueces.
 4) El procedimiento previsto para la fijación de plazo. 
El nuevo Código siguiendo el criterio actualmente vigente, otorga dos vías para obtener la determinación del plazo:
a) La primera es reconocida a ambas partes, quienes pueden indistintamente solicitar al juez que fije plazo para el cumplimiento de la obligación, en procedimiento sumario (art. 871 inc. d).
Una vez fijado, estaremos frente a un supuesto de plazo determinado cierto, por lo que la mora se producirá automáticamente, a su vencimiento.
Se trata de una sentencia meramente declarativa, por lo que en caso de mora, el acreedor tendrá que promover otra acción judicial para a satisfacer su interés.
b) La segunda es otorgada exclusivamente al acreedor, quien puede acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, con lo cual se evita la promoción de dos juicios orientados a una misma finalidad. Es un procedimiento aconsejable, que favorece la dinámica de la obligación y, fundamentalmente, permite un ahorro de energías en el plano de la administración de justicia (art. 887 inc. b)
El acreedor puede, en consecuencia, junto a la fijación judicial del plazo reclamar el cumplimiento de la prestación adeudada, lo cual requerirá de un trámite procesal acorde a la entidad del reclamo. Pesa en cabeza del acreedor la prueba de la existencia y entidad de su crédito y sobre el deudor las eximentes que eventualmente pueda invocar. El juez, en la sentencia, fija plazo para el cumplimiento y, al mismo tiempo, condena al deudor a cumplir en dicha fecha. Por lo tanto, si vencido el plazo fijado por el Tribunal en la sentencia el deudor no cumpliere, incurrirá automáticamente en mora y, además, soportará la ejecución de la sentencia de condena. Con ello se evita la promoción de un nuevo juicio para obtener el cumplimiento compulsivo de la prestación. Estamos aquí frente a una sentencia que es, al mismo tiempo, declarativa (en cuanto fija el plazo) y de condena.
 d) La mora del deudor y el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Punto final para un debate doctrinario (26).
Una de las cuestiones más delicadas (y controvertidas) que suscitó el tema que analizamos luego de la reforma de 1968 al Código Civil anterior era la relativa al régimen de constitución en mora de la obligación cuando ésta debía ser cumplida en el domicilio del deudor (art. 747 Cód. Civil derogado).
Se discutía si, en tal supuesto, para que la mora se produjere automáticamente por el solo vencimiento del plazo, debía el acreedor probar que se hizo presente en el lugar de pago, prestando de tal modo el acto de cooperación necesario para que el deudor pueda cumplir, o si, por el contrario, la carga probatoria de la su ausencia pesaba sobre el deudor.
El tema presenta enorme importancia práctica, que se potencia dado el carácter residual que tenía el domicilio del deudor como lugar de cumplimiento de las obligaciones (art. 747 Cód. Civil anterior), criterio que se mantiene a rajatablas en el art. 874 del nuevo código.
Las opiniones se encontraban divididas y dieron lugar a un debate doctrinario que hoy sólo conserva valor histórico y que no podemos abordar con profundidad por razones de límite.
Conforme un criterio, para que la mora se produjera automáticamente correspondía al acreedor demostrar que se hizo presente en el domicilio del deudor el día de vencimiento de la obligación, a prestar su deber de cooperación (27).
Quienes adherían a estas ideas advertían que cuando el lugar de pago es el domicilio del deudor, el acreedor debía prestar su cooperación para que éste pudiera cumplir, haciéndose presente en el lugar de pago el día de vencimiento. De otro modo, ¿cómo y a quién el deudor habría de pagar?
La carga de la prueba de dicho extremo pesaría sobre el acreedor, por tratarse de un hecho positivo. Una solución contraria importaría poner en cabeza del deudor la prueba de la no presencia del acreedor, esto es, de un hecho negativo. Dicha actividad probatoria sería verdaderamente difícil, diabólica, por las dificultades que supone acreditar que el deudor no se presentó en el lugar entre las cero y las veinticuatro horas del día de vencimiento.
De acuerdo con otra posición, que nosotros compartimos, era el deudor quien debía acreditar la no presencia del acreedor en el lugar de pago el día de vencimiento de la obligación, para probar que la mora no le resultaba imputable (28). Tal criterio prevaleció en un importante fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Civil (29).
Esta es la interpretación que mejor se ajustaba a la normativa entonces vigente, y la que de manera más adecuada armonizaba con la concepción dinámica del patrimonio y de la propia obligación. El art.509 Cód. Civil anterior (t.o. ley 17.711) determinaba que en las obligaciones a plazo, la mora se producía por "su solo vencimiento". Sin ningún otro requisito. De otra manera, se preguntaba BORDA (30), ¿qué sentido tendría la palabra solo?.
Dicho principio rector funciona cualquiera sea el lugar de cumplimiento de la obligación. Poco importa, frente a la ley, que la deuda deba ser cumplida en el domicilio del acreedor (dettes portables, para los franceses o portabili, para los italianos) o en el del acreedor (dettes quérables o cercabili). En ambos casos la mora se produce por su solo vencimiento.
El nuevo Código Civil y Comercial, con muy buen criterio, cierra definitivamente el debate, al disponer en su artículo 888: "Eximición. Para eximirse de las consecuencias derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación". 
Aprobamos el criterio sustentado que reduce el margen de litigiosidad, desalienta las dilaciones procesales y, además, evita el aumento de excepciones admisibles en juicios ejecutivos, ya que a las expresamente previstas por el ordenamiento jurídico (art. 544 Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación) habría que adicionarles la falta de prueba por parte del acreedor de haber concurrido al domicilio del deudor a recibir el pago.
 B) Efectos de la mora del deudor. 
a) Método seguido por el legislador. 
Los efectos de la mora del deudor no son reglados de manera orgánica, sino a través de un plexo normativo disperso en distintas partes del Código Civil y Comercial. Se sigue, de tal modo, una metodología similar al régimen anterior, que nos parece plausible, dada la amplia gama y heterogeneidad que tienen dichos efectos.
No se advierten, en el plano de los efectos de la mora, modificaciones de relevancia.
La mora del deudor, de tal modo, produce, entre otros, estos efectos:
 b) Responsabilidad del deudor moroso. 
Abre las vías de la responsabilidad del deudor, expresión que debe ser entendida con sentido amplio (31).
Ante la mora del deudor el acreedor puede:
1. Pretender la ejecución forzada en forma específica de la prestación (art. 730 inc. a).
2. Hacer ejecutar la ejecución por otro a costa del deudor (art. 730 inc. b) .
3. Obtener la satisfacción de su interés por equivalente pecuniario (id quod interest, art.730 inc. c).
4. Demandar la indemnización del daño moratorio (arts. 768, 1716, 1727, 1728, 1738, 1739, 1740, 1741 y concs. En las obligaciones de dar dinero, a partir de la mora el deudor debe los intereses correspondientes (art. 768).
El resarcimiento del daño moratorio "es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación y, en su caso, a la cláusula penal compensatoria, sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva" (art. 1747)
Lo expresado anteriormente, es también aplicable a otras formas de transgresión del derecho de crédito, que reconocen remedios comunes. Tal lo que sucede con el incumplimiento parcial o defectuoso.
 c) Responsabilidad del deudor moroso por la imposibilidad fortuita de la prestación. La traslación de riesgos o perpetuatio obligationis (32).
La mora provoca que se trasladen los riesgos fortuitos que puedan afectar a la prestación adeudada, con evidente agravamiento de la situación de quien se encuentra en dicho estado. Es la solución que expresamente consagra el art. 1733 Cód.Civ.Com, en armonía con lo que disponía el art. 889 del Cód. Civil derogado.
Este efecto fue denominado en el derecho romano, perpetuatio obligationis y significa que el casus pierde eficacia liberatoria y los riesgos, que antes eran soportados por el acreedor, pesan ahora sobre el deudor, como consecuencia del estado de mora.
El sistema admite una excepción: el deudor puede liberarse si alega y demuestra que la cosa hubiera perecido aun siendo entregada puntualmente. Así lo disponía expresamente el art. 892 Cód. Civil anterior y lo hace ahora el art. 1733 inc. c) Cód. Civ. y Com. Esta norma exime de responsabilidad al deudor moroso por caso fortuito si la mora "es indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento". Es una solución lógica, dada la falta de relación causal entre la mora y el caso fortuito.
El criterio se reitera en el art. 1936, al reglarse la responsabilidad por destrucción del poseedor de mala fe. Este está obligado a resarcir los daños provenientes de la destrucción total o parcial de la cosa, "excepto que se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución". Cuando la posesión es viciosa, el poseedor responde por dichos daños "aunque se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución". Se mantiene de tal modo la solución normativa que contenía el art. 2436 del Código anterior, como sanción justa a su grave inconducta.
 d) Resolución contractual. 
La mora del deudor en numerosos supuestos abre la vía de la resolución contractual por incumplimiento en los contratos con prestaciones recíprocas (arts. 1086 a 1088 y concs. Cód. Civ. y Com.)
 e) Inhabilidad para constituir en mora a la otra parte. 
En las obligaciones recíprocas, sinalagmáticas o correlativas, quien se encuentra en mora no puede constituir en dicho estado a la otra parte del contrato (argum. arts 966, 1031 y concs. Cód. Civ. y Com.).
Por razones obvias, tampoco está habilitado a resolver el contrato por incumplimiento. Es menester para ello que, previamente, purgue su mora
 f) Pérdida de la facultad de arrepentirse. 
La mora, en consecuencia, actúa como un factor que provoca la pérdida de la facultad de arrepentirse en caso de entrega de señal o arras. El deudor moroso es un incumplidor, por lo que ya no puede revertir esa situación para arrepentirse.
La facultad de arrepentimiento (art.1059 Cód. Civ. y Com.) puede ser ejercitada hasta que el contrato tenga principio de ejecución o bien hasta que haya constitución en mora. No será posible ejecutar la prerrogativa que otorga la seña con posterioridad a ello (33).
 g) Cláusula penal. 
La mora constituye un presupuesto indispensable para que proceda la cláusula penal moratoria. Es lógica aplicación de los principios generales y de lo prescripto por los arts. 792 y 793 Cód. Civ. y Com (34).
 h) La mora y la teoría de la imprevisión. 
En el régimen anterior, se establecía expresamente que no procedía la resolución del contrato por imprevisión, si el perjudicado estuviese en mora (art. 1198, último párrafo, Cód. Civil derogado). La mora anterior a la producción del hecho imprevisible y extraordinario que degradaba el equilibrio contractual obstaba, pues, a la facultad de invocar la excesiva onerosidad sobreviniente.
El nuevo Código, en su artículo 1091, no contiene una regulación similar y guarda silencio, al respecto.
Nosotros creemos que estamos ante una situación parecida a la que hemos señalado respecto de la mora y el caso fortuito.
Si hay mora causalmente relevante de uno de los contratantes, previa al hecho imprevisible y extraordinario que da lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión, no procede la resolución total o parcial o la adecuación del contrato (argum. art 1733 inc. c) y concs). Es una consecuencia lógica, además, de la exigencia normativa de que la alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de celebración del contrato sobrevenga "por causas ajenas a las partes". Es obvio que la referida alteración no resultará ajena a la parte si obra con culpa o ha incurrido en mora causalmente relevante (35).
 i) La mora y la cesación de pagos. 
La mora constituye un hecho revelador de la cesación de pagos del deudor (art. 79, ley 24.522), que pueden dar sustento a un proceso de ejecución colectiva (quiebra o concurso preventivo).
 j) La mora y la imposición de costas. 
Como regla, la mora determina la imposición de costas en los procesos judiciales.
Rige en esta materia le principio conforme al cual las costas deben ser soportadas por la parte vencida en juicio (art. 70 inc. 1 Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación). Dicha regla cede cuando medie allanamiento del demandado, salvo que éste hubiese incurrido en mora o fuese la reclamación judicial atribuida a su culpa.
 C) Cesación de la mora del deudor. 
La situación jurídica de mora concluye por pago (art. 865), por pago por consignación judicial (arts. 904 y ss.) o extrajudicial (art. 910 y ss.), por su purga a través de la realización de ofertas reales de cumplimiento (art.886, último párr.), por la renuncia del acreedor a los derechos que le otorga la mora debitoris (arts. 944 y ss.) y por imposibilidad de cumplimiento (art. 955).
 a) Pago. 
Quien se encuentra en mora, puede y debe pagar. El ordenamiento jurídico debe asegurarle las vías adecuadas para ello.
Obviamente, quien paga estando en mora, debe adecuar su conducta para que el pago sea íntegro. Por lo tanto, si se trata de una deuda dineraria, debe pagar el capital más los intereses moratorios, pudiendo el acreedor negarse a recibir un pago que no contemple estos últimos; no porque el acto solutorio sea extemporáneo, sino en razón de su falta de integridad cuantitativa.
El derecho del deudor moroso de pagar y liberarse no es absoluto y tiene límites de importancia, ya que no puede ejercerse en dos casos:
1) Cuando ya ha operado la resolución contractual, supuesto en el cual estamos ante un caso de incumplimiento y no de mora.
2) Cuando se trata de obligaciones sujetas a plazo esencial, supuesto en el cual, conforme lo hemos visto, estamos ante un caso de incumplimiento definitivo por frustración irreversible del interés del acreedor y no de mora
 b) Pago por consignación. 
Si el deudor moroso no puede realizar el pago en las condiciones anteriormente indicadas, debe reconocérsele el derecho de acudir a la vía del pago por consignación judicial o extrajudicial que prevé el Código Civil y Comercial.
Para que ésta proceda debe ser íntegra, por lo que deberá comprender la prestación originaria y además los daños y perjuicios que derivan de la mora.
 c) La purga de la mora a través de ofertas reales (36).
Si el deudor realiza una oferta real de pago, efectiva e íntegra, al acreedor, opera la purga de la mora debitoris y se produce la mora del acreedor si éste se niega injustificadamente a recibirla (art.886, último párrafo).
Quien efectúa la oferta real purga su mora y puede constituir en mora al acreedor. Ese es el efecto que produce dicha oferta, el cual no debe ser confundido con el que produce el pago por consignación que es distinto y no es otro que permitir la liberación del deudor.
Una cosa es liberarse de los efectos de la mora (y, más aún, constituir en mora al acreedor), con todo lo que ello significa y otra, distinta, es liberarse de la obligación. Para esto último, el deudor deberá consignar, si así lo desea, ya que la consignación no constituye una vía compulsiva, cuya omisión pueda generar al deudor, en este caso, otra consecuencia que no sea la perdurabilidad de la obligación.
 d) Renuncia del acreedor. 
También cesan los efectos de la mora por renuncia del acreedor a hacer valer los derechos que aquél estado le confiere.
La renuncia puede ser expresa o tácita, y debe ser siempre inequívoca, ya que sus efectos no se presumen.
Hay renuncia tácita, por ejemplo, cuando el acreedor otorga al deudor moroso un nuevo plazo para cumplir y purgar su mora.
En caso de duda acerca de si una determinada manifestación de voluntad del acreedor importa o no renuncia, habrá que estar por la negativa.
Creemos que, como regla, no es posible inferir que las tratativas posteriores a la constitución en mora puedan ser tomadas como una renuncia a los efectos de la mora.
Existen supuestos en los que la propia ley prohíbe la renuncia extintiva de la mora. Tal lo que sucede en materia de seguros (art. 50, ley 17.418), en donde se determina que "el asegurado no puede renunciar a los beneficios adquiridos por la mora de su asegurador".
 e) Imposibilidad de cumplimiento 
La mora del deudor se transforma en incumplimiento definitivo cuando la prestación deviene imposible con posterioridad a la constitución en aquél estado. Ello significa que la obligación primitiva modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados (art. 955). No estamos frente a una nueva obligación sino ante la misma prestación incumplida que ha modificado su objeto.
Con ese sentido debe entenderse el paso del estado de mora al de incumplimiento. El deudor continúa obligado, pero la prestación tiene ahora un objeto distinto y sigue debiendo el daño moratorio hasta el momento en que se extinga la obligación por alguno de los modos previstos en el ordenamiento jurídico.
 (1) La bibliografía sobre el tema es inagotable. Puede consultarse con provecho: BORDA, Guillermo A., La reforma de 1968 al código civil, Perrot, Bs.As., 1971; CANO, José I., La mora, ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978; BUERES, Alberto J., El pacto comisorio y la mora del deudor, LL, 1980-A-843; Responsabilidad contractual objetiva, JA, 1989-II-964; BREBBIA, Roberto H., La mora en la responsabilidad profesional, en MORELLO (Dir.), Las responsabilidades profesionales. Libro Homenaje al Dr. Luis O. Andorno, Platense, La Plata, 1992, p. 179; CARDENAL FERNANDEZ, Jesús, El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, Montecorvo, Madrid, 1979; CAZEAUX, Pedro N., La mora en el cumplimiento de las obligaciones, ed. Lex, La Plata, 1977; COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, en BUERES (Director) — HIGHTON (Coordinadora), Código y normas complementarias, t. II-A, ed. Hammurabi, Bs.As.,1998, art.508, p. 104 y ss; DIEZ — PICAZO GIMENEZ, Gema, La mora y la responsabilidad contractual, Civitas, Madrid, 1996; GAGLIARDO, Mariano, La mora. Estructura y alcances, 2ª ed., Abeledo-Perrot, Bs.As.2009; GARRIDO, Roque F., La mora y la ley 17.711, ED, 36-881; GRAMUNT FOMBUENA, M. Dolores, La mora del deudor en el código civil, Bosch, Barcelona, 1993; GARRIDO, Roque, La mora y la ley 17.711, ED,36-886; GRECO, Ernesto R., La mora del deudor en la reforma de 1968, Revista del Notariado, n. 716, Marzo-Abril, 1971; LOPEZ CABANA, Roberto M., La demora en el derecho privado, Abeledo-Perrot, Bs.As., 1989; LOPEZ CABANA, Roberto M. — LLOVERAS, Néstor, La mora y el pacto comisorio, ED, 76-810; LOPEZ DE ZAVALIA, Fernando J., Reflexiones sobre el tiempo en el derecho, Revista Jurídica de la Universidad Nacional de Tucumán, n.25; LLAMBIAS, Jorge J., Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17.711., Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1969; MERINO, Enrique — MOISSET DE ESPANES, Luis, Reflexiones sobre la clasificación de los plazos. La mora y la obligación de inscribir una transferencia de automotores, ED, 41-1003; MOISSET DE ESPANES, Luis, La mora y la reforma del artículo 509 del Código civil, JA, Doctrina, 1968-V— 794; MORELLO, Augusto M., La mora, Revista Notarial del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, n.751, noviembre-diciembre, 1963; Indemnización del daño contractual, Platense, La Plata, 1974; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Imputabilidad de la mora. La mora en las obligaciones "cercabili", LL, 1982-A-718; PADILLA, René, La mora en las obligaciones, Astrea, Bs.As., 1983; Responsabilidad civil por mora, Astrea, Bs.As., 1996; PANTALEON, Fernando, Las nuevas bases de la responsabilidad contractual, Anuario de Derecho Civil, 1993, Octubre— Diciembre, Madrid, España, p. 1719; PIANTONI, Mario, La mora del deudor, Lerner, Córdoba, 1978; RACCIATTI, Hernán, Algunas observaciones sobre la reforma del Código Civil en materia de mora, JA, doctrina, 1969, p. 235; TRIGO REPRESAS, Félix A., Los requisitos de la mora del deudor en las II Jornadas Provinciales de Derecho Civil de Mercedes, LL, 1983-D-1112; SALAS, Acdeel E., Caso fortuito y ausencia de culpa, Juris, 15-369; WAYAR, Ernesto C., Tratado de la mora, Abado, Bs.As., 1981;
 (2) WAYAR, Ernesto Tratado de la mora, n. 49, p.307 y ss. Comp., GAGLIARDO, Mariano, Tratado de obligaciones según el código civil y comercial, t. II, p.150, quien no formula la distinción entre presupuestos y elementos y engloba a ambos en la última categoría.
 (3) LÓPEZ MESA, Derecho de las obligaciones, t. I, p. 446.
 (4) LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, 2ª ed., Perrot, Bs.As., 1973, t.I, n. 102, p. 126 y ss; COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, en Bueres A. (Dir) — HIGHTON (Coord.), Código civil y normas complementarias, Hammurabi, Bs.AS.., 1998, t. 2ª, p. 105 y ss.
 (5) WAYAR, Tratado de la mora, n.54, p. 338; MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Curso de obligaciones, Zavalía, Buenos Aires, 2004, t.2, p. 228 y ss. Comp: PADILLA, René, Responsabilidad por mora, Astrea, Bs.As., 1996, n.55, p. 138
 (6) BUERES, Alberto J., El pacto comisorio y la mora del deudor, LL, 1980-A, 843; Responsabilidad contractual objetiva, JA, 1989-II-964; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Imputabilidad de la mora. La mora en las obligaciones "cercabili"", LL, 1982-A-718; PIZARRO, Ramón D.— Vallespinos, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones, t.2, n 499, p. 512 y ss.
 (7) MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Imputabilidad de la mora. La mora en las obligaciones" "cercabili"", LL, 1982-A, 718
 (8) BUERES, Alberto J., "El pacto comisorio y la mora del deudor", LL, 1980-A, 843; Responsabilidad contractual objetiva, JA, 1989-II, 964
 (9) WAYAR, Ernesto C., Tratado de la mora, n. 55, p. 355 y ss.
 (10) Observa COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén (en ALTERINI, J.H. (Dir) — ALTERINI I. (Coord), Código civil y comercial comentado, ed. La Ley, Bs.AS., 2015, t. IV, p. 434 que la utilización del vocablo "transcurrir" es inadecuada y que la norma debería haber dicho "al vencimiento del plazo fijado para el su cumplimiento".
 (11) GAGLIARDO, "Tratado de las obligaciones según el código civil y comercial", t.2, p. 170.
 (12) Conf: NEGRI Nicolás Jorge, en RIVERA, Julio C. - MEDINA, Graciela (Dirs), Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado., ed. La Ley,Bs.As., 2015, t.III, art. 886, n.1.1, p. 297 y ss.
 (13) COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, en Bueres-Highton, cit., t. 2 A, p. 117, b).
 (14) BORDA, Guillermo A., Obligaciones, t. I, n. 54 bis, p. 68; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Bs.As., 1973, n. 119/120, p. 94/95
 (15) MERINO, Enrique - MOISSET DE ESPANÉS, Luis, La mora en las obligaciones puras y simples, LL, 1976-A, 408; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La mora en las obligaciones puras y simples, LL, 1976-A, 408.
 (16) En este sentido, PADILLA, René, Responsabilidad civil por mora, n. 127, b), p. 328/329; GHERSI, Carlos, El estado de mora en las obligaciones puras y simples, LL del 28/12/93; CASIELLO, Juan José, "Responsabilidad por mora en las obligaciones puras y simples", en AMEAL, Oscar (Dir) — TANZI, Silvia (Coord.), Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI. Homenaje al Prof. Dr. Roberto M. López Cabana, Abeledo-Perrot, Bs.As., 2001, n. III, p. 92/93; PIZARRO, Ramón D. — VALLESPINOS, Carlos G., "Instituciones de derecho privado. Obligaciones". t. 2, n. 508, p. 540 y ss.
 (17) La mora en las obligaciones derivadas de hechos ilícitos se produce automáticamente en todos los casos, desde el momento de producción del daño. En esta materia está en juego el principio de la reparación plena o integral del daño injustamente causado, que es uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta el régimen de responsabilidad civil. Dicho principio requiere que los intereses se computen desde la fecha en que el perjuicio proveniente del ilícito ha sido causado. Es a partir de la producción del daño cuando se genera la obligación de repararlo jurídicamente, lo cual lleva a computar los intereses desde esa fecha, sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna.
 (18) ALTERINI, A. - AMEAL, O. - LÓPEZ CABANA, R.M., "Derecho de obligaciones civiles y comerciales", N. 401, p. 171 y ss.
 (19) Vale insistir en que pueden existir supuestos de excepción en los cuales, pese a haber obligación a plazo determinado, la mora no opera automáticamente y requiere de previa interpelación. Tal lo que sucede cuando las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, han acordado la necesidad de interpelar previamente al deudor para constituirlo en mora, o en aquellos casos en los cuales la ley pueda disponer lo contrario para supuestos especiales.
 (20) Por las partes, por la ley, o por el juez, por eso es indeterminado.
 (21) En mi opinión, el error tiene su fuente en una reproducción mal emplazada de la solución que proponía el Proyecto de 1998, que en su art. 1593, también establecía el principio de la mora automática (de modo similar al nuevo código), pero con una importante diferencia: aplicaba el mismo a las obligaciones a plazo tácito (argum. arts. 825 inc. c) y 1593 inc. a). Con ello excluía, lógicamente, del ámbito de la interpelación a estas obligaciones (art. 1595). Esto es algo muy distinto a lo que establece el nuevo código, que consagra el principio de la mora automática, pero emplaza a la mora en las obligaciones a plazo tácito dentro del ámbito de las excepciones al mismo.
 (22) Como bien señala LÓPEZ MESA, "el plazo tácito carece de precisión en cuanto al momento en que debe pagarse la prestación y no es posible, por tanto, establecer en estas obligaciones la mora automática, pues podría implicar sorprender al deudor o dar margen para picardías o meledicencias" (Derecho de obligaciones, t. I, p. 466). De allí la conveniencia y la razonabilidad de la exigencia de interpelación.
 (23) Comp. LÓPEZ MESA, Derecho de obligaciones, t. I, p. 466, quien considera que "no todas las obligaciones de plazo tácito requieren de interpelación para constituir en mora". El prestigioso jurista pone como ejemplos supuestos de obligaciones a plazo esencial, ámbito en los que considera absolutamente innecesaria la interpelación, por haber perdido interés el acreedor en el cumplimiento prestacional. Nosotros creemos que en los ejemplos que propone hay incumplimiento absoluto y no mora del deudor. Esa es la razón por la cual, vencido el plazo expreso o tácito fijado para el cumplimiento, opera lisa y llanamente el incumplimiento absoluto de la prestación por frustración irreversible del interés del acreedor. Es un supuesto esencialmente distinto al que nos ocupa en materia de mora debitoris, que constituye un incumplimiento relativo y que presupone una prestación que, aunque temporalmente incumplida, resulta todavía material y jurídicamente posible de ejecución y útil para el acreedor.
 (24) Conforme, aunque sin indicar las razones por las cuales se requiere la interpelación para la constitución en mora del deudor en las obligaciones a plazo tácito, Compagnucci de Caso, Rubén (en Alterini, J.H. (Dir) — ALTERINI I. (Coord), "Código Civil y Comercial comentado", t. IV, p. 444, n.4; NEGRI Nicolás Jorge, en RIVERA, Julio C. - MEDINA, Graciela (Dirs), "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado", t. III, art. 887, p. 30; CALVO COSTA, Carlos, en Carlo Costa Calvo (dir), Código civil y comercial de la Nación, ed. La Ley, Bs.As., 2015, t. I, p. 792/793.
 (25) CNCiv, sala A, 28/2/63, ED,5-754. Los doctores Borda y Llambías adhirieron al voto del Dr. De Abelleyra.
 (26) BORDA, Guillermo, Un peligroso precedente, LL, 1975-A-518; Una saludable reacción , ED, 79-263; Hacia un plenario en materia de mora, LL, 1978-D-311; BUSTAMENTE ALSINA, Jorge, La mora del deudor y la concepción dinámica del patrimonio, LL, 1977-D-841; Los jueces y las leyes injustas (a propósito de la mora ex re"), LL, 1978-C-238; COLOMBRES GARMENDIA, Ignacio, Algo más sobre la mora automática, LL, 152-491; LOPEZ DE ZAVALIA, Fernando J., su voto como miembro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán in re "Christiani de Zelarrayán, Olga c. Ocaranza, María S. y otro", LL, 152-491; PADILLA, René, "Responsabilidad civil por mora", n.106, p. 276; RACCIATTI, Hernán, Mora y las obligaciones a plazo que deben cumplirse en el domicilio del deudor, JA, 1978-IV-635; RAMELLA, Anteo, La mora: doctrina en torno al nuevo art. 509 del código civil, JA, 1970-764; WAYAR, Ernesto C., La mora del deudor cuando su domicilio es el lugar de pago, LL, 1980-C— 1129; PIZARRO, Ramón Daniel — MOISSET DE ESPANES, Luis, Reflexiones en torno a la mora del deudor y el lugar de cumplimiento de las obligaciones, ED, 72-794; ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde, Doctrina judicial. Solución de casos, Alveroni, 2ª ed., Córdoba, 1998.
 (27) RAMELLA, Anteo, La mora. Doctrina en torno al nuevo art. 509 del código civil, JA, 1970-764; CAZEAUX, Pedro N en Cazeaux -Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, t. I, n. 185, p. 232; MOISSET DE ESPANÉS, Luis, "La mora en las obligaciones", Zavalía, Buenos Aires, 2006, p. 257 y ss.
 (28) BORDA, Guillermo A., "Un peligroso precedente", LL, 1975-A, 518; BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "La mora del deudor y la concepción dinámica del patrimonio", LL, 1977-D, 841; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., su voto como miembro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán in re "Christiani de Zelarrayán Olga c. Ocaranza, María y otro", LL, 152— 491; WAYAR, Ernesto, La mora del deudor cuando su domicilio es el lugar de pago, LL, 1980-C, 1129; PIZARRO, Ramón D. - VALLESPINOS, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones, t. II, n. 509, p. 550.
 (29) CNCiv., en pleno, 21/3/80, ED, 87-268 y LL, 1980-B-123
 (30) BORDA, Guillermo, "Un peligroso precedente", LL, 1975-A, 518.
 (31) Conf: LÓPEZ MESA, Marcelo J., "Derecho de las obligaciones", t. I, p. 470 y ss.
 (32) ALTERINI, Atilio A., "El caso fortuito como casual de liberación del deudor contractual", en ALTERINI A.A. — LOPEZ CABANA, R.M., "Derecho de Daños", ed. La Ley, Bs. As., 1992, p. 153; DIEZ — PICAZO GIMENEZ, Gema, "La mora y la responsabilidad contractual", Civitas, Madrid, 1996; SOTO NIETO, F., El caso fortuito y la fuerza mayor. Los riesgos en la contratación, ed. Nauta, Barcelona, 1965.
 (33) C.Nac.Civ., en pleno, 21/12/51, LL, 65-719.
 (34) LÓPEZ MESA, Marcelo J., "Derecho de las obligaciones", t. I, p. 474/475.
 (35) Conf.: LEIVA FERNÁNDEZ, Luis, comentario al art. 1091 en ALTERINI J.H (Dir) — ALTERINI I. (Coord.), "Código civil y comercial comentado", ed. La Ley, Bs.As., 2015 t. V, n.4, p. 733/734.
 (36) MOISSET DE ESPANES, Luis, Mora del acreedor y pago por consignación, JA, 9777-II-707; Reflexiones en torno a la mora automática, resolución por incumplimiento y purga de la mora, ED, 86-502; ALFERILLO, Pascual, La mora del acreedor y el curso de los intereses, Revista Notarial, La Plata, n.830, p. 157.