Voces: UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ RESPONSABILIDAD CIVIL ~ PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD ~ RELACION DE CAUSALIDAD ~ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL ~ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ~ CODIGO CIVIL ~ INDEMNIZACION
Título: Relación de causalidad y previsibilidad contractual
Autor: Galdós, Jorge Mario 
Publicado en: RCyS2015-X, 19 
Cita Online: AR/DOC/3186/2015
Sumario: I. Primera parte. Antecedentes. — II. Segunda parte. La previsibilidad contractual en el Código Civil y Comercial.

Abstract: "Pese a la unificación del sistema de responsabilidad civil, se mantiene una distinción de órbitas en cuanto a la determinación de las consecuencias resarcibles. En concreto, el art. 1728 del CCCN adopta el parámetro de la previsibilidad para la responsabilidad contractual, mientras que los arts. 1726 y 1727 del mismo Código determinan la regla de la relación de causalidad adecuada para la órbita extracontractual. En consecuencia, las categorías definidas en el art. 1727 no resultan de aplicación para efectuar el juicio de previsibilidad, el que se efectúa con referencia a lo que las partes previeron efectivamente o pudieron prever al momento de la celebración del contrato, y si se tratare de un caso de incumplimiento doloso, se adicionarán las consecuencias que se previeron o pudieron preverse al momento del incumplimiento". 
(*)
I. Primera parte. Antecedentes
La relación causal, como presupuesto de la responsabilidad civil, tiene en general dos consecuencias significativas: permite determinar quién es el autor del daño (es decir la autoría del hecho) y cuáles son las consecuencias resarcibles (es decir la extensión del resarcimiento). Adicionalmente, Azar ha señalado la existencia de dos funciones anexas: a) la calificación y distinción de las obligaciones como de medios o de resultado; b) la determinación de la competencia y el derecho aplicable en materia de Derecho internacional privado (1). Más allá de ello, siguiendo a Acciari, puede decirse que el mecanismo de la relación de causalidad opera, al menos, en "dos fases lógicamente sucesivas": en primer lugar, "se establece una relación entre un acto o actividad y un hecho dañoso"; luego, se indaga la "vinculación entre ese hecho dañoso y un daño singular o consecuencia dañosa singular" (2).
Analizaremos aquí la segunda de las funciones identificadas en el específico campo de la previsibilidad contractual regulada en el art. 1728 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). En otras palabras, intentaremos determinar de qué manera el nuevo Código conecta el incumplimiento obligacional —tipificante de la responsabilidad contractual— con las consecuencias dañosas que de este ilícito se desprenden.
 1.- El régimen durante la vigencia del Código Civil 
En anterior oportunidad sostuvimos que en el Código Civil de Vélez Sarsfield el régimen de la relación causal era diferente según se tratase de responsabilidad extracontractual o contractual. En el primer caso se respondía por las consecuencias inmediatas y la mediatas previsibles (arts. 901 a 906 Código Civil); en el segundo caso, en la esfera contractual, los "daños e intereses" comprendían "el valor de la pérdida que haya sufrido" el "acreedor de la obligación" y "el de la utilidad que haya dejado de percibir" por "la inejecución ha debido tiempo" (art. 519 Código Civil), lo que se extiende a "las consecuencia inmediatas y necesarias de la falta de cumplimiento de la obligación" (art. 520 Código civil); sólo en caso de dolo comprenderá las "consecuencias mediatas" (arts. 519 a 521 Código Civil) (3).
En apretada síntesis, la expresión contenida en el art. 520 Código Civil referido a "las consecuencias inmediatas y necesarias" había dado lugar a dos corrientes de opiniones: una, más restrictiva, que sostenía que sólo comprendía los daños intrínsecos (es decir los relativos a la prestación misma); la otra, más amplia, incluía además a los daños extrínsecos (esto es, a los que resultan ajenos a la prestación incumplida). Morello afirmaba, con relación al alcance del resarcimiento, que "el comportamiento del deudor que ha hecho malograr el contrato y que genera la obligación de reparar los daños al acreedor que quedó sin ver su interés contractual satisfecho, no puede, sin embargo, indefinidamente, hacerle absorber cualquier derivación dañosa que le haya sobrevenido al acreedor"; dicho en otros términos, "el deudor no debe jamás soportar toda la serie de daños que han seguido al incumplimiento" (4).
Es importante puntualizar que se trasladaban a la órbita contractual tanto el criterio de la relación de causalidad adecuada, como la clasificación de las consecuencias en inmediatas, mediatas y previsibles —contempladas en los arts. 901 a 906 Código Civil para la responsabilidad extracontractual—.
En definitiva, dejando de lado las diferentes posturas elaboradas sobre la cuestión, puede afirmarse —simplificadamente— que en materia convencional u obligacional en caso de incumplimiento culpable de los contratos paritarios o negociados las consecuencias resarcibles eran las inmediatas; en caso de dolo o malicia se respondía también por las mediatas.
 2.- Las reglas de la jurisprudencia inglesa: "Hadley v. Baxendale" y su evolución posterior. 
Desde hace algún tiempo, la doctrina argentina ha reseñado el conocido precedente ingles en la materia: "Hadley v. Baxendale", fallado en el año 1854 por la Cout of Exchequer. No puede dejar de señalarse el esfuerzo de una pionera jurisprudencia que ha intentado incorporar las reglas generales de este leading case al ámbito local (5), lo que ha sido faena trabajosa en el contexto normativo del Código Civil velezano, en particular frente a los conceptos que se desprenden de los reseñados artículos 520 y 521 de los que surge un sistema afincado sobre la noción de causalidad y no tanto sobre la previsibilidad.
Por otra parte, muchos autores nacionales han puesto su atención en el viejo antecedente ingles y la recepción directa de estas reglas en la nueva regulación argentina vuelve trascendente su conocimiento (6).
Los hechos del caso "Hadley v. Baxendale" se resumen en los siguientes: Los hermanos Hadley, propietarios de un molino harinero, contrataron con una empresa de transporte —de la que Baxendale era el gerente— a fin de que esta trasladara el eje dañado del molino hasta Greenwich, donde se fabricaría uno nuevo. Hasta la llegada de la nueva pieza el molino quedaba paralizado, circunstancia que era desconocida por el transportista. La empresa a cargo del traslado demoró siete días más de lo prometido en la entrega del nuevo eje a los Hadley. Ante ello, los propietarios del molino reclamaron el daño derivado de su paralización productiva durante los días en se retrasó la entrega de la pieza. En su resolución, el tribunal desechó la pretensión indemnizatoria, considerando que la reparación de las ganancias perdidas no había podido ser razonablemente previsto por la empresa transportista como una consecuencia probable de su incumplimiento. En síntesis, siguiendo el exhaustivo trabajo de Gregoraci Fernández, diremos que del precedente "Hadley v. Baxendale", se desprenden dos reglas básicas (7):
a) Según la primera regla, "un daño es indemnizable si en el momento de la celebración del contrato las partes podían contemplarlo como un daño derivado naturalmente del incumplimiento del contrato conforme al usual devenir de los acontecimientos". 
b) De acuerdo a la segunda regla, "un daño derivado del incumplimiento contractual, que no se adecua a los requisitos exigidos por la primera regla será, no obstante, indemnizable, si las circunstancias especiales que conducen al acaecimiento de ese daño eran conocidas por ambas partes al haber sido comunicadas por el demandante al demandado en el momento de la celebración del contrato". 
Como ha sido señalado, la resolución del caso recibe una influencia directa del derecho francés (8), lo que hace que las reglas señaladas no sean del todo extrañas al "sistema continental" de responsabilidad civil que se sigue en nuestro medio.
La doctrina del caso "Hadley v. Baxendale" ha tenido una larga evolución en jurisprudencia inglesa, que si bien ha mantenido incólumes la reglas generales, ha especificado varios pormenores no contemplados en el fallo de 1854 (9).
Con el precedente "Victoria Laundry v. Newman", se aclaró que para determinar si las partes podían prever razonablemente el daño derivado del incumplimiento —en el caso, la demora en la entrega de una maquina industrial a los propietarios de una tintorería—, hay que hacer referencia al conocimiento de las circunstancias del caso al momento de la celebración del contrato. Para ello, se dijo, existe un "conocimiento imputado", que se desprende de las circunstancias ordinarias del caso según la primera regla de "Hadley", y que se presume iure et de iure. A su vez, existe un "conocimiento real", que por el contrario, no se presume y, por lo tanto, debe probarse que el deudor efectivamente conocía aquellas circunstancias especiales que tornan previsible los daños causados y que van más allá de lo ordinariamente previsible.
 3.- Las normas del derecho comparado y del derecho global 
Resulta adecuado hacer una breve referencia a los antecedentes del derecho comparado que ratifican que el sistema de la previsibilidad contractual adoptado en el nuevo ordenamiento normativo no constituye una solución aislada, sino que se entronca en la más arraigada tradición jurídica en la materia.
Según lo reseña la doctrina, y lo recuerdan los Fundamentos del Anteproyecto, los límites fijados a la extensión del resarcimiento en caso de incumplimiento obligacional derivan directamente de las ideas de Pothier. Al tratar la cuestión, el autor francés distinguía entre aquellos daños que el acreedor sufre en la cosa que constituye el objeto del contrato —daños intrínsecos— y los perjuicios que sufre en otros bienes —daños extrínsecos—, concluyendo que, como regla, el deudor que incumple su prestación responde únicamente por los primeros, esto es, por los daños ligados de modo directo e inmediato al incumplimiento contractual. Solo sería responsable de los daños extrínsecos, si estos hubieren sido previstos y el deudor los hubiera asumido expresa o implícitamente (10). Estas ideas han sido seguidas por la mayoría de los códigos civiles europeos. Así, el art. 1150 del Código Civil Frances, el art. 1225 del Código Italiano, y el art. 1107 del Código Español. Vélez Sarsfield habría querido seguir igualmente las enseñanzas del maestro francés, aunque la fuente directa de los artículos 520 y 521 han sido el proyecto de código español de García Goyena y el art. 1150 y 1151 del Code frances (11).
Por lo demás, en el ámbito del derecho global, el sentido de estas normas y la regla de la previsibilidad como válvula reguladora de la extensión del resarcimiento, ha sido igualmente incorporado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 (art. 74), el Código Europeo de los Contratos de la Academia de Pavía (art. 162), y en los Principios UniDroit sobre los contratos internacionales (art. 7.4.4).
 4.- Conclusiones parciales 
En función del panorama reseñado hasta aquí, podemos formular la siguiente conclusión parcial: la previsibilidad contractual es un mecanismo jurídico que permite delimitar cuáles de todas las consecuencias dañosas que se generan con el incumplimiento obligacional deberán ser reparadas por el deudor. Este criterio encuentra su origen en la vieja doctrina francesa y ha sido seguido invariablemente en el derecho comparado y en el derecho global.
No obstante, bajo el régimen del Código Civil velezano, la determinación de los daños reparables se realizaba acudiendo a la regla de relación de causalidad adecuada y a la clasificación de las consecuencias en inmediatas, meditas y causales. La reparación abarcaba la consecuencias inmediatas, si el incumplimiento se producía por culpa del deudor, y se extendía también a las mediatas si el incumplimiento era malicioso (o doloso).
Veamos ahora, cuales son los cambios y continuidades que propone el régimen del nuevo Código Civil y Comercial.
II. Segunda parte. La previsibilidad contractual en el Código Civil y Comercial.
 1.- ¿Relación de causalidad adecuada o juicio de previsibilidad? 
En vías de lograr la unificación de la responsabilidad extracontractual y contractual, la mayoría de la doctrina postulaba la consecuente equiparación del régimen de imputación de las consecuencias provocadas tanto por la infracción al deber de no dañar como el incumplimiento de la obligación (12). La misma solución fijaba el "Proyecto de Código Civil" de 1998 (art. 1609) (13).
Se ha postulado que el Código Civil y Comercial unifica el tratamiento de las consecuencias indemnizables, suprimiendo de este modo una de las tradicionales diferencias de las órbitas de responsabilidad. El fundamento, se sostiene, se encuentra en el art. 1726 del CCCN, en tanto establece, y sin distinguir, que "excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles". Azar comenta que en el nuevo Código tanto para el caso del daño derivado de la violación del deber de no dañar como para el producido por el incumplimiento de la obligación , se indemnizan las consecuencias mediatas e inmediatas previsibles y de esa manera se suprime una de las diferencias sustanciales entre el régimen contractual y extracontractual (14). Por su parte, Trigo Represas afirma que "en pro de la perseguida equivalencia de la responsabilidad contractual y extracontractual" el art. 1726 no efectúa distinciones y ya se trate de incumplimiento contractual o de hechos ilícitos, invariablemente se indemnizarán las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles (15). Recientemente Otaola ha sostenido que, producto de la unificación de orbitas, "en cualquier caso, serán indemnizables las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles" (16) . 
Sin embargo, se reconoce que esta pretendida equiparación que parece emerger de la lectura individual del art. 1726 del CCCN, no es tal por virtud de la regla de previsibilidad contractual dispuesta en el art. 1728 del mismo cuerpo legal (17).
Ante ello, cierto sector viene postulando que directamente cabe sostener que el art. 1726 se aplica únicamente a las hipótesis de responsabilidad extracontractual (18). Como hemos sostenido en otro lugar, en los ilícitos extracontractuales las consecuencias no varían con relación al régimen del Código Civil y se indemnizan las inmediatas y las mediatas previsibles, consideradas al momento de ocurrido el hecho y según el cartabón de lo que sucede comúnmente, de manera objetiva y abstracta (19).
Ahora bien, en primer lugar, luce injustificado sostener que ha existido una equiparación del régimen contractual y extracontractual en lo que respecta a la extensión del daño. Tal conclusión implicaría tener por no escrito a la importante norma del art. 1728 del CCCN. Como hemos dicho precedentemente se trata de lograr la diversidad en la unidad, o como lo indican los Fundamentos del Anteproyecto redactado por la Comisión de Reformas, la unificación no significa homogeneidad. Además, en dichos Fundamentos se mencionan expresamente los precedentes del derecho comparado que hemos mencionado, de lo que de deduce indubitablemente la intención de adoptar la previsibilidad en materia de responsabilidad contractual (20).
Asumida la diferencia en el tratamiento de las consecuencias que se reparan, la relación entre el art. 1726 y el 1728 del CCCN, puede admitir dos interpretaciones.
a) La primera interpretación posible es sostener que las categorías fijadas en el art. 1726 y definidas en el artículo siguiente —esto es consecuencias mediatas, consecuencias inmediatas y consecuencias casuales—, se aplican al juzgamiento de las consecuencias reparables en el ámbito contractual. Luego, el art. 1728 establecería un parámetro especial para evaluar la previsibilidad, la que ya no se juzgaría según un criterio abstracto y objetivo con remisión a lo que sucede según el curso natural y ordinario, sino que el juicio de previsibilidad se efectuará siguiendo un criterio circunstanciado y subjetivo, de acuerdo a lo que las partes previeron o pudieron prever al momento de la celebración del contrato. Dentro de esta misma línea de pensamiento, algunos autores han sostenido que el art. 1728 hace referencia a la evaluación de las consecuencias mediatas previsibles (21), en tanto otros, ha criticado la falta de referencia a las categorías (22).
López Herrera afirma que el mencionado art. 1728 puede entenderse como una excepción al art. 1726, por lo que para que en materia contractual se reparen hasta las consecuencias mediatas, las partes tienen que haberlas previsto o haberlas podido prever, agregando que "si no hay pacto expreso, la carga de demostrar que se las consecuencias mediatas incumbe al acreedor" (23) . 
b) La segunda interpretación posible es sostener que la regla de la causalidad adecuada del art. 1726 queda reservada exclusivamente para los casos de responsabilidad extracontractual, mientras que en la órbita contractual la relación de causalidad como parámetro para determinar los daños que se indemnizan ha sido reemplazada por el juicio de previsibilidad que fija el art. 1728. Así lo entienden Trípoli y Silva, para quienes existe una regla para la extensión del resarcimiento en la responsabilidad aquilina y otra para el ámbito contractual (24). Como consecuencia de ello, cuando se trate de la responsabilidad contractual, ya no cabría hacer referencia a las categorías tradicionales de consecuencias mediatas o inmediatas (25). De modo que aquí todas las consecuencias pasan a ser analizadas por el prisma de la previsibilidad. En otras palabras, el daño resarcible en materia contractual será el previsto o el previsible, según las circunstancias del caso, al momento de la celebración del contrato —y al momento del incumplimiento, si se tratare de un incumplimiento doloso—.
Más allá de estas consideraciones, las diferencias se diluyen bastante en el plano práctico en base a un punto común: en materia de responsabilidad contractual, existe una pauta especial para juzgar la previsibilidad de las consecuencias dañosas. Este juicio de previsibilidad se realiza atendiendo a un criterio circunstancia y subjetivo, considerando lo que las partes previeron o pudieron prever, sea al momento de la celebración del contrato —para el caso del incumplimiento culposo, y para las hipótesis de responsabilidad contractual objetiva—, y también al momento en que se produce el incumplimiento —para el caso de dolo—.
En alguna medida, algunos autores y cierta jurisprudencia dejan entrever que en el ámbito de la responsabilidad contractual existe una regla de previsibilidad diferenciada de la que se analiza en el órbita aquiliana.
Así, Alterini, Ameal y López Cabana habían sostenido que las "consecuencias inmediatas y necesarias" a las que aludía el viejo art. 520 del Código Civil hacían referencia a una misma categoría que se determinaba por lo que podía considerarse incluido en el plexo obligacional conforme a la directiva de buena fe del art. 1198 del mencionado Código y que "resultan conocidas o conocibles por el deudor", abarcando de esa manera "todo lo que expresa o tácitamente forma la trama obligacional del convenio" (26). A esta opinión adherían expresamente Pizarro y Vallespinos (27). Además, aquellos autores señalaban que las pautas del art. 901 y sigs del Código Civil —que recordemos, fijaban las categorías de consecuencias y su resarcimiento— eran de aplicación a los hechos ilícitos, pero, en principio, quedaban excluidas de la responsabilidad contractual, cuyas consecuencias dañosas debían analizarse según los arts. 520 y 521 del mismo Código (28).
Por otra parte, Lorenzetti ha desarrollado detalladamente la reparación de los daños en el ámbito contractual, adhiriendo expresamente a un sistema sustentado en la previsibilidad antes que la mera causalidad adecuada (29).
Además, la jurisprudencia había recurrido a un examen específico del "conocimiento", la "previsibilidad", o la "razonable expectativa" de las consecuencias dañosas desde la óptica subjetiva del deudor incumplidor, lo que también debe ser visto como un avance hacia la regla de la previsibilidad contractual (30). Por ejemplo, en el marco de un contrato de transporte se resolvió que la reparación de los daños generados por la destrucción de la maquinaria transportada debía limitarse al valor que tenía al tiempo y lugar fijado en la carta de porte, pero no a las multas que le fueron impuestas al propietario de la maquinaria como consecuencia de la imposibilidad de cumplir con otro contrato —debido a la imposibilidad de utilizarla—, pues ellos constituyen una contingencia que excede lo que el autor del daño pudo prever normal y ordinariamente (31).
En otro caso, tratándose de compraventa de semen vacuno, una empresa dedicada a la reproducción de terneros puro pedigree, demando a un laboratorio que entregó semen infectado con una enfermedad y reclamó el lucro cesante derivado de la imposibilidad de vender las crías obtenidas de animales infectados. La sentencia admitió el reclamo por considerar que el laboratorio tenía conocimiento de la enfermedad del animal, de sus efectos perjudiciales y del particular destino del semen (32). En otra oportunidad, se condenó al transportista a reparar los daños provocados por el derrame de líquido hidráulico sobre la malta transportada, lo que se calificó como una consecuencia inmediata. Además, se condenó a indemnizar las pérdidas provocadas por contaminación de la malta que se encontraba almacenada en el silo al introducirse la malta contaminada, consecuencias que fueron calificadas como mediatas, y que se atribuyeron pues se probó que el conductor tenía conocimiento de la contaminación provocada y guardó silencio de ello al momento de efectuar la descarga, impidiendo el almacenamiento en un silo alternativo (33).Otro ejemplo: una empresa había celebrado con un banco un contrato de locación con opción de compra. La empresa ejerció la opción, pero el banco no cumplió con la obligación de escriturar. En la sentencia se rechazó el pedido de indemnización de los daños provocados por la frustración de una operación que la empresa adquirente había concertado con un tercero (34).
Por último, en un caso un instituto de arte había alquilado un inmueble para sus actividades de enseñanza y había realizado diferentes reformas y mejoras para adecuarlo a tales fines. Posteriormente, por una acción de daño temido de un tercero fue privado del uso y goce de una parte importante, por lo que optó por resolución y el reclamo de daños y perjuicios. La sentencia extendió la condena a las sumas gastadas en los trabajos de adecuación y a la privación de uso de las obras realizadas (35).
En conclusión, respecto a la nueva regulación del Código Civil y Comercial podemos decir que pese a la unificación del sistema de responsabilidad civil, se mantiene una distinción de órbitas en cuanto a la determinación de las consecuencias resarcibles. En concreto, el art. 1728 del CCCN adopta el parámetro de la previsibilidad para la responsabilidad contractual, mientras que los arts. 1726 y 1727 del mismo Código determinan la regla de la relación de causalidad adecuada para la órbita extracontractual. En consecuencia, las categorías definidas en el art. 1727 (consecuencias mediatas, inmediatas y casuales) no resultan de aplicación para efectuar el juicio de previsibilidad, el que se efectúa con referencia a lo que las partes previeron efectivamente o pudieron prever al momento de la celebración del contrato, y si se tratare de un caso de incumplimiento doloso, se adicionarán las consecuencias que se previeron o pudieron preverse al momento del incumplimiento. Con esto, además, el sistema jurídico argentino se incorpora a la inveterada tendencia que se observa en la tradición jurídica continental y anglosajona, y en el derecho comparado.
Lo dicho respecto al juicio de previsibilidad del art. 1728 del CCCN, conviene precisarlo, se refiere únicamente a los contratos paritarios, en los que se supone rige plenamente la autonomía privada para delimitar las obligaciones asumidas por cada una de las partes y, por ello, de prever las consecuencias del eventual incumplimiento (36). Ello excluye la aplicación a: los contratos de consumo, y, por los mismos fundamentes, a los contratos que son celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas; los casos en que se trata de un incumplimiento doloso; los daños provocados a la persona con motivo del contrato. Frente a estas hipótesis, la reparación se rige por las reglas generales de la relación de causalidad previstas para la responsabilidad extracontractual, y queda descartada la aplicación de la previsibilidad contractual (37).
 2.- ¿Cómo se juzga la previsibilidad? Previsibilidad y conocimiento. 
En definitiva: cuando se trate de un contrato paritario, la responsabilidad civil por incumplimiento se extenderá a las consecuencias que hayan sido previstas o resulten previsibles al momento de contratar. Ahora bien, ¿cómo habrá de analizarse dicha previsibilidad (contractual)?.
Como lo sostienen los Fundamentos del Anteproyecto, la cuestión involucra la distribución de riesgos que las partes efectúan al momento de contratar (38). De ello se sigue que, si se indemnizan consecuencias que no resultaron previstas por las partes, o no pudieron ser razonablemente previstas, se alteraría la ecuación económica del contrato, y se obligaría al deudor a un sacrificio mayor al que creyó asumir al celebrar el contrato (39).
La regla de previsibilidad que se incorpora en el art. 1728 requiere de un parámetro con el cual juzgar, en cada caso, si una consecuencia fue o pudo ser prevista por el deudor. Como vimos, la doctrina ha sostenido que la característica principal de la previsibilidad contractual, es que se analiza no ya desde un hombre medio —lo que ocurre en la determinación de la previsión de la relación de causalidad adecuada—, sino desde la perspectiva subjetiva de las partes al celebrar el contrato. En todo caso, la regla del art. 1728 dialoga con lo dispuesto en el art. 961 del mismo Código, de acuerdo al cual el contenido del contrato se extiende, no sólo a lo expresamente previsto, sino también a lo que puede considerarse comprendido "con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor". De modo que la razonabilidad se constituye como el criterio de ponderación de lo que se considera previsible. Así aparece expresamente en una de las fuentes de la norma, el art. 7.4.4 de los Principios Unidroit (40).
Ahora bien, el juicio de previsibilidad —es decir, la posibilidad de prever consecuencias dañosas que efectúa el deudor al contratar—, depende de un elemento cognitivo. Sobre la base del conocimiento disponible al contratar podrá efectuarse la previsión de los daños consecuencia del incumplimiento. Esto es, a la misma conclusión arribaba la doctrina incluso bajo la vigencia del Código Civil derogado (41).
Se trata de la información con la que el deudor contaba al momento de contratar, o de las creencias que pudieron desprenderse de la confianza que suscita la otra parte (art. 1067 y 1725, CCCN), según las exigencias de la buena fe (art. 961, CCCN), regla que el nuevo Código Civil y Comercial consagra como principio general de todo el derecho privado (arts. 9, 426, 706, 729, 756, 961, 991, 1061, 1484, 1710, 1743, 1824, 1901, 1903, 2315 y concs., CCCN). De la información conocida o conocible dependerá la posibilidad de imaginar las consecuencias posibles de un eventual incumplimiento (42).
Por ello, si una de las partes tuviere un interés especial en el contrato, que luego se ve frustrado en con el incumplimiento, debe anoticiarlo antes al co-contratante, para que este pueda incluirlo en su análisis de riesgo —y en su caso, modificar los sacrificios de la ecuación económica—. De no hacerlo, luego no podrá —por regla— pretender la indemnización de los daños generados (43).
Lo dicho se corresponde con lo dispuesto en la Convención sobre Compraventa internacional de mercaderías de 1980, que también resulta una de las fuentes de la norma. Allí, en el art. 74 se dispone que el daño derivado del incumplimiento del contrato "no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato".
El análisis resulta incompleto si no se asume el interrogante acerca del parámetro con el cual determinar las circunstancias que el deudor tuvo, o debió tener, al momento de contratar. Se tendrán por conocidas aquellas que debieron serlo por la naturaleza del acto (art. 1725, 2do parr.) (44), o por las condiciones particulares del deudor (art. 1725, 2do parr.) (45), o por que cabe incluirlas dentro del conocimiento propio del hombre medio, esto es son circunstancias que suceden de ordinario según el curso natural de las cosas. En este sentido, la directiva del anterior art. 901 del Código Civil, incorporada en el actual art. 1727 del Código Civil y Comercial, y el régimen de la causalidad adecuada (art. 1726, CCCN), constituyen una valiosa y práctica herramienta de interpretación. En cambio, el conocimiento de circunstancias excepcionales, exorbitantes de lo normal, deberán ser expresamente comunicadas al deudor y su conocimiento no puede presumirse.
El conocimiento como antecedente de la previsibilidad y la reparación, es mencionado expresamente en ciertos supuestos especiales. Así, el art. 1372 del CCCN al tratar la responsabilidad del hotelero establece que "se limita al valor declarado de los efectos depositados"; el 1294 del mismo Código, al establecer la responsabilidad por las cosas transportadas en el transporte de personas, afirma que "el transportista no responde por pérdida o daños sufridos por objetos de valor extraordinario que el pasajero lleve consigo y no haya declarado antes del viaje o al comienzo de éste", mientras que en el transporte de cosas la indemnización por pérdida o avería de la cosa se calculará según el valor del menoscabo "en el tiempo y el lugar en que se entregaron o debieron ser entregadas al destinatario" (art. 1311). En ambos supuestos ilustran la importancia de la comunicación y el conocimiento de las circunstancias del contrato, base para fijar la posibilidad de prever las consecuencias dañosas de un eventual incumplimiento.
Hay además otras normas que destacan la estrecha conexión entre el conocimiento, la distribución de riesgos contractuales y la reparación del daño. La disminución de la utilidad de la cosa habilita la responsabilidad por vicios ocultos si llega al extremo tal que "de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor" (art. 1051, inc. b). Los administradores y miembros de la persona jurídica responden ilimitada y solidariamente si, en caso de liquidación, "conociendo o debiendo conocer la situación y contando con poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto" (art. 167). En caso de fraude la complicidad se presume si al momento de contratar el acreedor "conocía el estado de insolvencia" (art. 340). Además, el plazo caducidad de seis meses fijado para que el adquirente denuncie el defecto oculto cesa si el enajenante ha "conocido o debido conocer, la existencia de los defectos" (art. 1054). En el contrato de locación, el art. 1200 regula la obligación del locador de entregar la cosa objeto del contrato, aclarando que a falta de previsión específica, "debe entregarla en estado apropiado para su destino, excepto los defectos que el locatario conoció o pudo haber conocido". El contratista en un contrato de obra o prestador de un servicio deben ejecutar la prestación según las previsiones contractuales y "los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada" (art. 1256, inc. a).
Otras normas unen el conocimiento a la producción de ciertos efectos jurídicos. La recepción de la manifestación de la voluntad se produce cuando el oferente destinatario "la conoce o debió conocerla" (art. 983); la integración del contrato se realiza con los usos y prácticas del lugar de celebración del contrato si son "ampliamente conocidos y regularmente observados" (art. 964, inc. c); el error es definido como reconocible cuando quien erra "lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar" (art. 266); en el dolo vicio de la voluntad, se extienden la responsabilidad por los daños causados a quien, al tiempo de la celebración del acto, "tuvo conocimiento del dolo del tercero" (art. 275); la acción de inoponibilidad por fraude requiere, entre otros requisitos, que "que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia" (art. 339, inc. c); en los contratos celebrados por adhesión a clausulas generales predispuestas, se considera abusivas las cláusulas "sorpresivas" pues "por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles (art. 988, inc. c)).
Por otra parte, la interpretación del contrato remite reiteradamente a las circunstancias que rodean su celebración —esas que, según vimos, tienen relevancia para determinar la previsibilidad de los daños—. Entre las fuentes de interpretación, se mencionan en primer término las "circunstancias en que se celebró [el contrato], incluyendo las negociaciones preliminares" (art. 1065). El significado de las palabras usadas por las partes deberá interpretar según los usos y prácticas del lugar de celebración, si ellos son conocidos y regularmente observados (art. 1063, que remite al mencionado 964, inc. c)).
En definitiva, en materia de responsabilidad contractual, la regla general indica que serán indemnizables aquellos daños que pueden calificarse como una consecuencia prevista o previsible, al momento de la celebración del contrato, y de acuerdo a los hechos que el deudor conocía o debió conocer al obligarse (46), esto es, según las circunstancias y la información relevante del contrato "comunicada", transmitidas entre ellas y ponderadas al momento de la contratación (47). Por excepción, en caso de dolo, las consecuencias indemnizables se extienden también a las previsibles al momento del incumplimiento, aunque no se las hubiera podido prever cuando se celebró el contrato.
Por otra parte, la dilucidación de la previsibilidad contractual sobre la que se han de conectar las consecuencias dañosas con el incumplimiento se vincula de algún modo con la delimitación del objeto del contrato —o, con mayor amplitud, con su contenido— e, igualmente, con la finalidad del vínculo (48). Lo previsible y lo previsto se desprende de la operación económica jurídicamente considerada, es decir, del contenido obligacional que las partes han establecido al fijar las obligaciones principales, los deberes secundarios, las garantías y, en fin, la determinación de los riesgos a cargo de cada una de ellas. Al delimitar el objeto del contrato, los contratantes fijan los beneficios esperados con el negocio jurídico celebrado. Son estos beneficios, frustrados por el incumplimiento, los que se convierten en daños previsibles y, en consecuencia, indemnizables. Además, cuando los motivos de la contratación que son incorporados, expresa o tácitamente a la causa del contrato (art. 281, CCCN) se ven frustrados por el incumplimiento del deudor, se erigirán como una de las consecuencias dañosas que debieron haber sido previsibles para el cocontratante incumplidor (art. 1728, CCCN). E inclusive, la selección de un determinado tipo contractual puede ser un indicio para entrever la distribución de los riesgos contractuales (49) y, por conexión, las consecuencias que hubieren sido previstas como posiblemente reparables para el caso de incumplimiento.
En conclusión, y en pocas palabras, siguiendo el art. 1728, es indemnizable lo que es previsible, y lo que es previsible depende del conocimiento existente en el momento de la celebración del contrato, que debe apreciarse subjetivamente, es decir "en concreto", conforme a la "trama obligacional convencional" a la que, según vimos, hacían referencia Alterini, Ameal, López Cabana, Pizarro y Vallespinos.
 3.- La extensión de las consecuencias previsibles 
Quedan algunos otros interrogantes por plantear. Uno de ellos se refiere a la extensión de la previsibilidad. Es decir, ¿debe haber sido previsto el quantum del daño o basta con que el deudor haya previsto genéricamente la consecuencia dañosa?
En la doctrina comparada, Pantaleón Pietro ha dicho que debe resultar previsible la entidad cuantitativa y no la exacta cuantía del perjuicio (50). Entre nosotros, Lorenzetti ha sostenido que la previsibilidad se refiere a la naturaleza del daño y no su amplitud (51).
El debate ha sido planteado extensamente en el derecho inglés, en la larga evolución del caso "Headley v. Baxendale". Si bien la jurisprudencia ha considerado que siendo previsible el daño es indiferente que su extensión no lo sea (52), en determinados supuestos la cuestión no resulta tan clara. El caso más controvertido es el que se refiere al lucro cesante. Sobre ello, la resolución del precedente "Victoria Laundry v. Newman", parece haber sido reafirmado en la jurisprudencia posterior (53). Allí se resolvió que, si bien el fabricante incumplidor pudo prever el lucro cesante producto de la entrega tardía de la maquina adquirida, la extensión de tal perjuicio se extendía únicamente a la facturación ordinaria, pero no comprendía un importante contrato celebrado con el gobierno que se vio frustrado.
La jurisprudencia argentina ha debido fallar en conflictos con una base fáctica similar, arribando a las mismas conclusiones, aunque por las vías propias del sistema delimitado por Código Civil de Velez, rechazando en definitiva la procedencia de rubros indemnizatorios que no guardaban una relación de causalidad con el incumplimiento, por resultar inesperados o ajenos a la previsión del contratante (54).
Ello nos conduce directamente a interrogarnos acerca de cuál es el modo en que articulan el juicio de previsibilidad contractual con las diferentes categorías del daño resarcible. Según la caracterización tradicional, recogida en el art. 1738 del CCCN, los rubros patrimoniales que componen la reparación pueden clasificarse en daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance.
En primer lugar, parece conveniente no caer en el vicio del excesivo apego a las clasificaciones y recordar que, como regla general, todas las consecuencias dañosas derivadas del incumplimiento obligacional deben ser analizadas bajo el prisma de la previsibilidad conforme lo establece el art. 1728, CCCN.
Partiendo de este punto, las caracterizaciones de los rubros indemnizatorios referidas deben ser utilizadas para allanar el análisis de la previsibilidad contractual y no para añadir nuevas dificultades. Sugerimos esto en particular por que la caracterización del "lucro cesante" y de la denominada "pérdida de la chance" suelen caracterizarse por referencia a la probabilidad. 
Resulta interesante entonces interrogarse acerca de la vinculación existente entre la "probabilidad" y la "previsibilidad". La cuestión excede las posibilidades de este trabajo, pero queremos dejarla planteada. La dificultad de abordar ambas nociones se explica pues nos encontramos en el terreno de lo hipotético, en el que el intérprete o el juzgador deben realizar un esfuerzo intelectivo de imaginación y proyección de ciertas circunstancias y consecuencias. Parece que la "probabilidad" con la que se juzga la producción de una ganancia (lucro cesante) que se frustra por el incumplimiento, obedece a un análisis objetivo, es decir, según un apego al curso normal de las circunstancias (55). Aparece aquí nuevamente el principio objetivo de la normalidad previsto en el art. 1727 como estándar interpretativo. Por el contrario, la previsibilidad como ya lo hemos reiterado, se estructura en base a un criterio netamente subjetivo, apegado al conocimiento en concreto de las partes al celebrar el contrato. En otras palabras, el deudor incumplidor tiene que de alguna manera haber previsto que existía una probabilidad de que el contrato genere determinadas ganancias para el co-contratante. Bastará con que haya sido prevista (o previsible) la naturaleza del daño, aunque no se haya podido predecir su extensión y quantum.
En la jurisprudencia se ha dicho que resulta procedente el reclamo de lucro cesante derivado de la indisponibilidad de un local alquilado, privación que fue provocada por las deficiencias en el inmueble objeto del contrato de locación (56). En otro caso, se demandó por la falta de cumplimiento en la entrega de un inmueble objeto de un contrato de compraventa. El damnificado reclamó la resolución y, entre otras cosas, el lucro cesante producido por la imposibilidad de alquilar el inmueble. En la sentencia se tuvo en cuenta que el bien objeto del contrato se encontraba en una zona turística (Bariloche), por lo que concluyó que "el daño resulta presumible en atención a la ubicación turística del futuro complejo, pues no caben dudas de que un departamento en una ubicación preferencial (...) podía perfectamente haberse alquilado a los turistas que pasan por aquella zona durante todo el año" (57).
En un antecedente se demandó por la interrupción del servicio telefónico que privó al cliente de la posibilidad de prestar el servicio de videoconferencia y teleconferencia al que se dedicaba, en consecuencia reclamó las ganancias que no pudo percibir. En el fallo, se concedió la indemnización bajo el rubro "pérdida de una chance", sosteniendo que la chance "es la posibilidad de un beneficio probable", de manera que privar al sujeto de esa posibilidad conlleva un daño, "aún cuando pueda ser dificultoso estimar su entidad, porque lo perdido, frustrado, en realidad es la chance y no el beneficio esperado como tal" (58) . En un reciente precedente, una empresa demandó al proveedor de software por el incumplimiento contractual generados como consecuencia de la falta de instalación del software contratado. Como la empresa demandante prestaba servicios de saludad y requería el programa de computación para la asignación de turnos, demando el lucro cesante sufrido por la merma en los turnos otorgados. La Cámara corrigió la calificación del rubro y sostuvo que se trataba de una perdida de chance que debía ser reparada pues el incumplimiento había "interrumpido un proceso que razonablemente podía conducir a obtener una utilidad" (59) . 
4.- El incumplimiento doloso 
Extender los límites del resarcimiento en caso de incumplimiento contractual doloso es cuestión problemática. El agravamiento no se recepta en los antecedentes del derecho global (art. 7.4.4, Unidroit; art. 74, Convención de Compraventa), ni ha sido recogido por la jurisprudencia inglesa.
Sin embargo, ha sido doctrina reiterada en el derecho argentino. La solución fue incorporada por Vélez en el art. 521, estableciendo que "cuando la inejecución de la obligación resulte del dolo del deudor", la extensión de las consecuencias abarcaría, además de las consecuencias "inmediatas y necesarias" del art. 520, las que el acreedor haya "sufrido en sus otros bienes". Con la reforma introducida en el año 1968, se limitó la extensión adicional de la responsabilidad del deudor "malicioso" (y no ya "doloso") sólo a las consecuencias mediatas.
Más allá del debate acerca de si el incumplimiento malicioso al que se refiere el art. 521 del derogado Código Civil se correspondía a la noción de dolo del art. 1072 del mismo Código, en doctrina se llamó la atención sobre la inequidad de sancionar a aquel deudor que incumple simplemente porque no desea cumplir —es decir, entendiendo el dolo como un incumplimiento intencional—, pero carece de la intención de perjudicar al acreedor —lo que correspondería a la noción de malicia- (60). De manera que una solución más gravosa para el caso de incumplimiento doloso, arrastra un resabio de la idea de la responsabilidad como reproche y castigo del deudor, alejado de la idea más actual de tutelar el crédito y satisfacer al acreedor (61).
Pese a ello la razón de la incorporación del caso en la última parte de art. 1728 parece obedecer a la intención de seguir la tradición jurídica argentina (62).
E incluso, esta particular tradición quizás haya nacido del error; Vélez Sarsfield siguió el Códe Frances y las ideas de Pothier para regular las consecuencias que se resarcen por responsabilidad contractual. En el código galo, el art. 1551 se establece que el deudor doloso no podrá ser demandado más que por los daños que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. Es decir, con esta norma se ha querido simplemente reforzar la regla contenida en el art. 1550, evitando, justamente, una indebida extensión de la responsabilidad del deudor doloso.
Al trasladar la norma del art. 1551 a su obra, Vélez Sarsfield incorporó variaciones gramaticales que provocaron diferencias interpretativas. Así, en lugar de hacer referencia a "consecuencias inmediatas y directas del incumplimiento", el art. 551 original sostenía que cuando el deudor fuere doloso, "los daños e intereses comprenderán sólo los que han sido ocasionados por el" —hasta aquí, según Zannoni, podría entenderse que se refiere a lo mismo (63)—, "y los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes". Esta última adición es la que ha causado sorpresa. Sin embargo, parece que la correcta redacción sería "y [no] los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes". El adverbio de negación no estaba presente en el proyecto aprobado por el Congreso, pero había sido incorporado en ediciones sucesivas. La doctrina no obstante, mantuvo la vigencia del texto original, sin la incorporación del "no"(64). ¿Habría Vélez querido adoptar un sistema diferente al francés? ¿O simplemente con la última adición, pese al fortuito error de redacción, había querido reforzar la idea inicial de que, aún cuando hubiere dolo del deudor, ello mantenía vigente el criterio general de responder sólo por las consecuencias inmediatas y directas?.
Como sea, la modificación hecha en 1968 al artículo 521 CC fulminó estos interrogantes y fijó la redacción según la cual "si la inejecución de la obligación fuese maliciosa los daños e intereses comprenderán las consecuencias mediatas". Con el cambio, se cristalizó la idea de agravar la responsabilidad del deudor doloso.
Como es conocido, la doctrina discutía el alcance del artículo 521 CC que fijaba para el caso en que "la inejecución de la obligación fuese maliciosa", la reparación de las consecuencias mediatas (adicionales a las "inmediatas y necesarias", que ya se reparaban por virtud del art. 520 CC). Al referir a "malicia" y no a "dolo", hay quienes estimaron que con malicia se hacía referencia a un "dolo agravado" o un "dolo calificado", y quienes vieron una identificación de los términos. En otras palabras, para un sector se trataba de una "intencionalidad dolosa" (Borda), o de una "intención de perjudicar" (Mosset Iturraspe); para otros, la malicia no podía identificarse con la intención de causar un daño, sino con una "actitud deliberada de incumplir" (Bustamante Alsina) (65).
En la nueva regulación del Código Civil y Comercial, el incumplimiento doloso hace referencia a aquel que se produce "de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos" (art. 1724), en este caso, de su acreedor co-contratante. Es decir, el incumplidor doloso es aquel que no cumple la obligación porque no quiere, ha decidido voluntariamente que no cumplirá el contrato. Como hemos dicho en otro momento, la referencia a "manera intencional" requiere que el agente se represente el resultado necesario e igual actúe. De modo que el elemento subjetivo se amplia y simplifica en comparación con el régimen anterior: el dolo se configura aún si el agente no tiene intención de dañar, es suficiente que el resultado se haya previsto y buscado en base al conocimiento de todas las circunstancias que rodearon al acto, sin requerirse el ánimo de perjudicar. Puede decirse que prevalece la esfera intelectual o cognitiva (el conocimiento de las circunstancias del hecho y la previsión de su resultado) por sobre la esfera volitiva (la intención de dañar) (66). Los motivos de tal proceder resultan indiferentes para que opere la consecuencia normativa. Incumpliendo el contrato de manera intencional, deberá resarcir las consecuencias previstas o previsibles no sólo al momento de la celebración del contrato —en el que se fijó la distribución de riesgos—, sino también al momento del incumplimiento (art. 1728, CCCN).
Como advertimos, las razones del tratamiento diferenciado no deben buscarse en la lógica propia del sistema —para el que una solución de este tipo es ajena—, sino en la tradición jurídica argentina. Tengamos en cuenta además, que tratándose de un caso de responsabilidad extracontractual el dolo no conlleva una variación en cuanto a las consecuencias reparables según la relación de causalidad (arts. 1724 a 1727, CCCN).
Sin embargo, el juicio de previsibilidad mantiene virtualidad en estos casos, de manera que habrá de analizarse si una consecuencia dañosa que no se presentó como previsible al momento de celebrar el contrato, pudo no obstante ser prevista por el deudor al momento en que intencionalmente decide dejar de cumplir.
 5.- Conclusiones finales 
En función del desarrollo emprendido, arribamos sintéticamente a las siguientes conclusiones.
El art. 1728 del CCCN incorpora el criterio de la previsibilidad contractual como mecanismo jurídico para delimitar las consecuencias resarcibles en caso de incumplimiento obligacional. La ponderación del juicio de previsibilidad deberá efectuarse en base a los siguientes parámetros:
a) Debe evaluarse según un parámetro subjetivo, que permita determinar lo que el contratante obligado previó efectivamente o pudo razonablemente prever según la circunstancias concretas del caso al momento de contratar;
b) La posibilidad de prever se define según el conocimiento con el que contaban las partes al momento del contratar. Se tendrán por conocidas las circunstancias ordinarias, esto es, las comúnmente usuales o habituales (las que son de público conocimiento; art 1727), o las que debieron serlo por la naturaleza del acto (objeto y finalidad), o por las condiciones particulares del deudor (art. 1725, CCCN). Para que otras circunstancias excepcionales y propias del contrato en particular se tengan por efectivamente conocidas o conocibles deberán ser comunicadas a la otra parte —directa o indirectamente— al momento del contratar, pues su conocimiento no puede presumirse;
c) El juicio de previsibilidad se enfoca a la trama obligacional del contrato, determinada por el objeto, la causa y el tipo contractual (arts. 961 y 281, CCCN);
d) La previsibilidad se vincula con la cognosibilidad, que es un presupuesto fáctico temporalmente anterior, de modo se puede o no prever según se pueda o no conocer.
e) Es suficiente con que haya resultado previsto o previsible la naturaleza del daño, aunque no su extensión;
f) El juicio de previsibilidad queda desplazado cuando se trata de un contrato de consumo o de un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas, o cuando el incumplimiento es doloso, o cuando como consecuencia del contrato se causan daños a la persona. Para estos casos rigen las reglas de la relación de causalidad previstas para la responsabilidad de orbita extracontractual;
g) En caso de dolo, la reparación se determina también según las consecuencias previsibles al momento del incumplimiento;
h) Mientras "la probabilidad" se vincula más bien con un análisis objetivo, el juicio de previsibilidad obedece a un criterio subjetivo y concreto;
i) El lucro cesante y la pérdida de chances son consecuencias resarcibles indemnizables que tienen en común, aunque con distinto grado de intensidad, a la probabilidad;
j) El principio objetivo de la normalidad previsto en el art. 1727 del CCCN, aunque es propio de la causalidad adecuada (arts. 1726 y 1727, CCCN), también resulta una valiosa herramienta de interpretación coadyuvante en materia de previsibilidad contractual prevista en el art. 1728 del CCCN.
k) Si bien la clasificación de las consecuencias en mediatas, inmediatas y casuales carece de efecto normativo en el juicio de previsibilidad contractual, y no constituyen categorías compatibles y aplicables al incumplimiento obligacional, conservan valor dogmático a los efectos de desentrañar la naturaleza de las consecuencias dañosas.
 (*) Con la colaboración de Ezequiel Valicenti.

 (1) AZAR, Aldo M. - "La relación causal en el Proyecto de Código Civil y Comercial", en Revista de Derecho de Daños, 2012-3, Proyecto de Código Civil y Comercial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 29.

 (2) ACCIARRI, Hugo - La relación de causalidad y las funciones del Derecho de Daños, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 255.

 (3) GALDÓS, Jorge M., en colaboración con Blanco, Gustavo - "Diferencias entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual en el nuevo Código Civil y Comercial", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2015 - Número extraordinario, Claves del Código Civil y Comercial, p. 306.

 (4) MORELLO, Augusto, en colaboración con GALDÓS, Jorge - Indemnización del daño contractual, Lexis-Nexis, 3° ed., Bs. As., 2003, n° 224. Ver además el exhaustivo voto de Aída Kemelmajer de Carlucci en Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I, "Metalúrgica Ciudadela S.A. c. Infante, Carlos A. y otros", del 28/07/2005, en La Ley Gran Cuyo, 2005 (noviembre), p. 1195, sobre el que volveremos más adelante.

 (5) SC Mendoza, "Metalurgica Ciudadela SA c Infante, Carlos A. y otros", del 28/07/05 (voto de Aída Kemelmajer de Carlucci), en La Ley Gran Cuyo, 2005 (noviembre), p. 1195; Cam. Civ. y Com Rosario, Sala IV, "Multimarca S.A. y otros c Banco del Suquía S.A.", del 02/05/02, en ED 200-29.

 (6) Tempranamente, en un trabajo de 1977, Cueto Rúa, J. - "La previsibilidad del daño contractual (la regla 'Hadley v. Baxendale')", en Revista de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, Zavalía, 1977, vol. 1, pp. 34-63. En los últimos años, Lorenzetti, Ricardo L. - Tratado de los Contratos. Parte General, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 623 y sigs., y también en "Resarcimiento del daño contractual: confianza, información, previsibilidad", en JA 2001-II-1207; Méndez Sierra, Eduardo C. - "El daño contractual resarcible: 'Hadley v. Baxendale' y nuestro art. 520 del cód. civil", ED 200-38.

 (7) GREGORACI FERNÁNDEZ, Beatriz - "Daños indemnizables en el derecho contractual inglés: hacia una revisión de la remoteness rule", en Anuario de Derecho Civil, Tomo LXIV, 2011, fasc. I, pp. 125-156.

 (8) CUETO RÚA, Julio C. - "La previsibilidad del daño contractual", cit., p. 36.

 (9) La evolución hasta los tiempos actuales es analizada por Gregoraci Fernández, Beatriz - "Daños indemnizables en el derecho contractual inglés...", cit.

 (10) Seguimos el desarrollo de Cueto Rúa, Julio C. - "La previsibilidad del daño contractual", cit., p. 42 y 43.

 (11) MOISÁ, Benjamín - "La causalidad en la responsabilidad civil", en Leiva Fernández, Luis F. P. (dir) - Padilla (h), Rene y ots (coords.) - Responsabilidad Civil. Homenaje al profesor Dr. René A. Padilla - La Ley, Bs. As., 2010, p. 136; Zanoni, Eduardo A. - El daño en la responsabilidad civil - Astrea, 3° ed., 2005, p. 111 y sigs.; Picasso, Sebastián - "La unificación de la responsabilidad civil en el Proyecto de Código Civil y Comercial unificado", en Revista Derecho Privado, año I, n°3, Reformas al Código Civil II. Obligaciones y responsabilidad, Infojus, Bs. As., 2012, p. 60, con cita a Lorenzetti y Compagnucci de Caso.

 (12) BORAGINA, Juan C. y MEZA, Jorge A. - "Responsabilidad civil contractual y extracontractual", en Revista de Derecho de Daños, 2012-3, cit., p. 130.

 (13) ARTÍCULO 1609.- Imputabilidad de las consecuencias. La responsabilidad abarca las consecuencias que se hallan en relación de causalidad adecuada con el hecho generador. Quedan comprendidas en ellas las consecuencias inmediatas y las consecuencias mediatas previstas o previsibles; y están excluidas las consecuencias casuales.

 (14) AZAR, Aldo M. - "La relación causal en el Proyecto de Código Civil y Comercial" cit., pp. 31.

 (15) REPRESAS, Félix - "La relación causal en el Proyecto de Código Civil y Comercial", en Revista Derecho Privado, año I, n° 3, cit. 106.

 (16) OTAOLA, María A. - "La responsabilidad por daños. Cambios introducidos en el Código Civil y Comercial", en Debates doctrinarios. Código Civil y Comercial, año I, n° 3, Infojus, Bs. As., 2015, p.85.

 (17) AZAR, Aldo M. - "La relación causal en el Proyecto de Código Civil y Comercial" cit., pp. 32; REPRESAS, Félix - "La relación causal en el Proyecto de Código Civil y Comercial" cit., pp. 107.

 (18) BORAGINA, Juan C. y MEZA, Jorge A. - "Responsabilidad civil contractual y extracontractual", cit. p. 130. Los autores ven inconveniente la distinción, atento al consenso unificador que poseía la doctrina. Igualmente, Trípoli, Pablo y Silva, Rogrigo G. - "Nociones básicas sobre la relación de causalidad en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación", en JA 2012-IV-1498.

 (19) GALDÓS, Jorge M., en colaboración con Blanco, Gustavo - "Diferencias entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual..." cit., p. 275.

 (20) "Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la Comisión Redactora", en Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Infojus, Bs. As., 2012, pp. 675 y 684.

 (21) TRIGO REPRESAS, Félix - "La relación causal en el Proyecto de Código Civil y Comercial" cit., p. 107.

 (22) RAMOS MARTÍNEZ, María F. - "La relación de causalidad en el Código Civil y Comercial", en RCyS 2015-IV, p. 5.

 (23) LÓPEZ HERRERA, Edgardo - Comentario al art. 1728, en Rivera, Julio C y Medina, Graciela (dirs.) - Esper, Mariano (coord.) - Código Civil y Comercial Comentado, La Ley, Bs. As., 2014, T.III, p. 1043.

 (24) TRÍPOLI, Pablo y SILVA, Rogrigo G. - "Nociones básicas sobre la relación de causalidad en el Proyecto..." cit.

 (25) PICASSO, Sebastián - "La unificación de la responsabilidad civil en el Proyecto..." cit., p. 82.

 (26) ALTERINI, Atilio A., AMEAL, Oscar J. y LÓPEZ CABANA, Roberto M. - Derecho de Obligaciones, Abeledo Perrot, 2° ed., Bs. As., 1998, p. 282.

 (27) PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Gustavo D. - Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones", Hammurabi, 1999, T. 3, p. 171.

 (28) ALTERINI, Atilio A., AMEAL, Oscar J. y LÓPEZ CABANA, Roberto M. - Derecho de Obligaciones cit., p. 283.

 (29) LORENZETTI, Ricardo L. - Tratado de los Contratos. Parte General cit., p. 623 y sigs.

 (30) Cám. Nac. Com., Sala F, "Diagnostico Medico SA c. Quattro Latina SA", del 21/05/15, en ED, diario del 23/06/15; Cám. Civ. y Com. Azul, Sala II - "Tuculet, M. c. Ford Argentina S.A.", del 11/06/15, en www.nuevocodigocivil.com, visitado el 27/08/15; Cám. Nac. Civ, Sala A - "Poppi, Jorge Alberto c. Valsugana S.R.L. y Otros", del 20/04/15, en elDial.com - AA909C (con voto de Sebastian Picaso); Cám. Nac. Civ., Sala F, "Torelli, Andrea L. c Lascombres, Luis P.", del 04/04/03, en La Ley on line: AR/JUR/1518/2007; Cám. Civ. y Com Rosario, Sala IV, "Multimarca S.A. y otros c. Banco del Suquía S.A.", del 02/05/02, cit.; Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala II, "González Sosa, María C. c. Krzizek, Juan y ot.", del 20/06/02, en JA 2002-IV-389; Cám. Nac. Civ., Sala A, "Cozzini, Reinaldo H. c. Municipalidad de Buenos Aires", del 10/02/09, en RCyS 1999, p. 672

 (31) SC Mendoza, "Metalurgica Ciudadela SA c. Infante, Carlos A. y otros", del 28/07/05, cit.

 (32) Cám. Nac. Com., Sala D, "Mac S.C. c. Las Lilas Genética SA", del 12/12/11, en elDial.com - AA746B.

 (33) Cám. Nac. Com., Sala A, "Ace Seguros SA c. Transporte Don Francisco de Carlos Orlando Federico y otro", del 19/05/11, en RCyS 2011-XII, p. 190.

 (34) Cám. Nac. Civ., Sala C, "Press S.R.L. c. BBV Banco Francés SA", del 15/08/13, en DJ, 12/02/14, p. 89.

 (35) Cám. Nac. Civ., Sala C, "Instituto Universitario Nacional de Arte c. Falak, Luis y otros", del 27/04/04, en JA 2004-III, p. 426, LL 2004-F, p. 254, con nota de Eduardo Gregorini Clusellas.

 (36) Conf., "Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil..." cit.; PICASSO, Sebastián - "Comentario al art. 1728", en Lorenzetti, Ricardo (dir) - DE LORENZO, Federico y Lorenzetti, Pablo (coords.) - Código Civil y Comercial Comentado, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2015, p. 424.; AZAR, Aldo M. - "La relación causal en el Proyecto de Código Civil y Comercial" cit., p. 32; GALDÓS, Jorge M., en colaboración con BLANCO, Gustavo - "Diferencias entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual..." cit., p. 275.

 (37) LORENZETTI, Ricardo L. - Tratado de los contratos, cit., p. 626; Sozzo, Gonzalo - Antes del contrato - Lexis-Nexis, Bs. As., 2005, p. 234.

 (38) Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil..." cit., p. 684.

 (39) Ello, además de resultar ajeno a un régimen justo, resulta ineficiente, pues afectaría de manera refleja el funcionamiento de los contratos (Lorenzetti, Ricardo L. - Tratado de los Contratos. Parte General cit., p. 626).

 (40) Principios de UniDroit, art. 7.4.4: "Previsibilidad del daño. La parte incumplidora es responsable solamente del daño previsto, o que razonablemente podría haber previsto, como consecuencia probable de su incumplimiento, al momento de celebrarse el contrato". El destacado es nuestro.

 (41) ACCIARRI, Hugo - La relación de causalidad... cit., p. 79; ALTERINI, Atilio A., AMEAL, Oscar J. y LÓPEZ CABANA, Roberto M. - Derecho de Obligaciones, cit., p. 28.; PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Gustavo D. - Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones" cit., T. 3, p. 171.

 (42) "El resarcimiento debe ajustarse a la información y confianza" (Lorenzetti, Ricardo L. - Tratado de los Contratos. Parte General cit., p.625).

 (43) El caso paradigmático en este punto es "Victoria Laundry v. Newman".

 (44) En materia contractual, la "naturaleza del acto" puede ser vinculada a la finalidad económica de cada tipo contractual. De esta manera, las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de custodia, no tendrá similar previsión en los contratos que tienen por finalidad típica la guarda y custodia (depósito, garaje), que en aquellos en que es una obligación accesoria (por ejemplo, la cosa entregada para su reparación).

 (45) Por ejemplo, si se trata de un profesional en ejercicio de su profesión (art. 1725, CCCN).

 (46) LORENZETTI, Ricardo L. - Tratado de los Contratos. Parte General cit., p. 627.

 (47) GALDÓS, Jorge M., en colaboración con Blanco, Gustavo - "Diferencias entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual..." cit., p. 321.

 (48) La tesis es también sugerida por Gonzalo Sozzo, en Antes del contrato cit., p. 230 y 231.

 (49) GABRIELLI, Enrico - "Riesgo y tipo contractual", en La Ley 2013-F, p.879.

 (50) PANTALEÓN PRIETO, "Comentario al art. 74", en Diez Picazo y Ponce de León, Luis M. (dir.) - La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Civitas, Madrid, 1998, p. 606.

 (51) LORENZETTI, Ricardo L. - Tratado de los Contratos. Parte General cit., p. 627. En el mismo sentido, Trípoli, Pablo y Silva, Rodrigo - "Nociones básicas sobre la relación de causalidad...", cit.

 (52) GREGORACI FERNÁNDEZ, Beatriz - "Daños indemnizables en el derecho contractual inglés..." cit., p. 136.

 (53) GREGORACI FERNÁNDEZ, Beatriz - "Daños indemnizables en el derecho contractual inglés..." cit., p. 137.

 (54) Cám. Nac. Com, Sala F, "Diagnostico Medico SA c. Quattro Latina SA", cit.; Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala IV, "Multimarca S.A. y otros c. Banco del Suquía S.A.", del 02/05/02, cit.; y otros citados previamente (nota 28).

 (55) "En general, la información a tomar en cuenta para realizar el cálculo de probabilidad deber la que se hallaba disponible para cualquier persona diligente, al momento del hecho que se investiga como presunta causa" (Acciarri, Hugo - La relación de causalidad...cit., p. 80)

 (56) Cám. Nac. Civ., Sala H, "Castaño, Bernardo Luis c. Cons. de Prop, Edif. Suarez", del 13/03/15, en LL, diario del 22/06/15, con nota de Maximiliano Cossari.

 (57) Cám. Nac. Civ, Sala A - "Poppi, Jorge Alberto c. Valsugana S.R.L. y Otros", del 20/04/15, en elDial.com - AA909C. Ver además, Cám. Civ. y Com. Azul, Sala II - "Tuculet, M. c. Ford Argentina S.A.", cit.

 (58) Cám. Nac. Civ., Sala F, "Forward Servides Latin American SA c. Telefónica de Argentina SA", del 27/11/12, en Microjuris Argentina, cita: MJ-JU-M-77562-AR | MJJ77562.

 (59) Cám. Nac. Com, Sala F, "Diagnostico Medico SA c. Quattro Latina SA", del 21/05/15, en ED, diario del 23/06/15.

 (60) LORENZETTI, Ricardo L. - Tratado de los Contratos. Parte General cit., p. 611 y 612.

 (61) Conf., LORENZETTI, Ricardo L. - Tratado de los Contratos. Parte General cit., p. 611.

 (62) "Se hace excepción al caso en que exista dolo, como es tradición" (Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil..." cit., p. 684). El subrayado es nuestro.

 (63) ZANONI, Eduardo A. - El daño en la responsabilidad civil cit., p. 118.

 (64) ALTERINI, Ameal y LÓPEZ CABANA - Derecho de las obligaciones cit., p. 281; Zanoni, Eduardo A. - El daño en la responsabilidad civil, p. 119.

 (65) Las diferentes posturas son reseñadas en Agoglia, Maria M., Boragina, Juan C. y Meza, Jorge A. - Responsabilidad por incumplimiento contractual, Hammurabi, Bs. As., 2003, p. 243. López Herrera, Edgardo - Teoría general de la responsabilidad civil, Lexis Nexis, Bs. As., 2006, p. 211.

 (66) GALDÓS, Jorge M. - "Comentario al art. 1724", en Lorenzetti, Ricardo (dir) - DE LORENZO, Federico y LORENZETTI, Pablo (coords.) - Código Civil y Comercial Comentado cit., p. 402.