Título: La responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores en el CCCN
Autor: Gómez Tacconi, María Victoria 
Publicado en: RCCyC 2018 (julio), 13/07/2018, 109
Cita Online: AR/DOC/438/2018
I. La importancia de la regulación de este aspecto de la responsabilidad civil se ha incrementado en los tiempos actuales en los cuales, por una parte, con el avance de la tecnología y el acceso masivo a ella, se han desarrollado nuevos "espacios" en los cuales los menores interactúan y causan o pueden causar daños a terceros, como las redes sociales y el ciberspacio. También existen nuevos instrumentos o cosas riesgosas o potencialmente dañosas a las cuales tienen fácil acceso como celulares, tablets, notebooks, cuatriciclos, drones, motovehículos, etc.
Asimismo, se ha extendido la costumbre de que los padres permitan o autoricen la utilización o conducción de ciertos vehículos a menores cuyo grado de madurez o capacidad de previsión o prevención de riesgos no está todavía suficientemente desarrollada. Prueba de lo afirmado son los titulares que diariamente contienen los diarios de todo el país (por ej. "Ordenan la detención del menor que chocó contra la médica en Yerba Buena" La Gaceta de Tucumán online, 04/02/2009, el menor tenía 17 años y la médica falleció; "Recibió un Mini Cooper de regalo de 15, chocó y mató a un motociclista", Clarín.com, 22/08/2016, "Muerte en el cuatriciclo: "Los chicos se subieron al médano y se encontraron con una bajada en picada", Infobae.com, 30/01/2014, en este caso, murió un niño de 9 años y el vehículo era conducido por su primo de 15, "Una jovencita murió luego de chocar en cuatriciclo contra un carro cañero" dos menores de 14 años circulaban a alta velocidad en cuatriciclo en la ciudad de Concepción; una murió y la otra quedó gravemente herida, La Gaceta Tucumán, 29/06/2009, "Denuncian grave caso de cyberbulling" en Mendoza aparecieron varias páginas web en las que aparecen fotos de adolescentes semidesnudos y en poses eróticas, cuya autoría se atribuye a compañeros de escuela de las víctimas, Clarín.com, 05/04/2014).
En la sección 6º del Capítulo I —"Responsabilidad Civil"— del Título V —"Otras fuertes de las obligaciones"— el Código Civil y Comercial de la Nación regula la responsabilidad por el hecho de terceros y, en sus arts. 1754 y 1755, la específica de los padres por los daños causados por sus hijos menores.
Si bien durante la vigencia del régimen anterior —en el que el factor de atribución de esta responsabilidad por el art. 1114 del Cód. Civil era subjetivo— se debatió acerca del fundamento de dicha atribución, no hay dudas de que actualmente, en que el Código expresamente consagra en su art. 1755 el factor objetivo como reclamaba desde hace tiempo la doctrina. Este radica en el ejercicio de la otrora denominada patria potestad, hoy legislada con el nombre de "responsabilidad parental".
El art. 638 del Cód. Civ. y Com. la conceptualiza como "el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado". Según señala Lorenzetti, esta noción permite visualizar a esta figura como una función de colaboración, orientación, acompañamiento e, incluso, contención, instaurada en beneficio de la persona menor de edad en desarrollo para su formación y protección integral (1) e incluye no solo las funciones nutricias (alimento, sostén y vivienda) sino también a las normativas, es decir, aquéllas tendientes a la educación, diferenciación y socialización del hijo (2).
Así, enseña el autor citado que el fundamento de esta responsabilidad se encuentra en los deberes que incumben a los padres por el ejercicio de la patria potestad en sí, lo cual obliga a los progenitores, tanto frente al menor como frente a terceros, a impedir que el niño cause perjuicios. Se trata de una garantía que los padres otorgan a terceros en cuanto a los daños que ocasionen sus hijos (3).
Sin lugar a dudas, la relación entre los adultos y los niños y adolescentes ha cambiado sustancialmente en los tiempos que corren y la fuerte y estricta autoridad de otrora —tal vez excesiva— ha mutado en una ausencia o debilitamiento de la misma, en la que muchas veces, bajo el pretexto de "democratizar" las relaciones o escuchar a los niños —ambas cosas positivas y saludables, además de impuestas en nuestro régimen jurídico por vía convencional— se traduce en un dilución del rol de autoridad, guía y fijación de límites que compete a los adultos, quienes deben evitar que los menores se dañen a sí mismos y a terceros, además de enseñarles a convivir en sociedad.
En tal contexto, resulta razonable que si los padres son quienes asumen —o deben asumir— la responsabilidad de educación, cuidado, guía y transmisión de valores a sus hijos menores sean quienes respondan por los daños causados por éstos, dado que ello equivale a cargar con las consecuencias derivadas del ejercicio de su función paterna.
Esta solución es la más adecuada en un sistema que tiene su mirada puesta en la víctima del daño injustamente sufrido, su protección e indemnidad. Asimismo, el factor de atribución objetivo de responsabilidad, además de brindar un mayor de grado de tutela a los intereses del damnificado —puesto que los padres solo pueden eximirse probando la causa ajena— es un incentivo —incluso económico— para el ejercicio del rol paterno en forma responsable y previsora, puesto que de otro modo deberán indemnizar todos los daños que causen sus hijos menores sin que puedan argumentar acerca de su diligencia, su ausencia en el momento del hecho o una adecuada vigilancia activa por su parte, como lo permitía el régimen anterior.
II. Así, el art. 1754 prescribe "Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos".
Del texto transcripto surgen los recaudos esenciales exigidos por la ley para que nazca la responsabilidad de los padres: a) Minoridad del hijo, b) que se encuentre bajo la responsabilidad parental del progenitor y c) cohabitación con el hijo.
En cuanto a los dos primeros recaudos, que se encuentran íntimamente vinculados, cesa la responsabilidad parental del progenitor con la mayoría de edad del hijo, lo cual, a partir del dictado de la ley 26.579 en 2009, ocurre el día en que el hijo cumple 18 años (art. 25, Cód. Civ. y Com.). También cesa la menor edad por emancipación en virtud de matrimonio (art. 27 Cód. Civ. y Com.) celebrado una vez cumplidos los 16 años con autorización de sus representantes legales o con dispensa judicial ante la ausencia de la primera y aún antes de los 16 con previa dispensa judicial (art. 404 ord. cit.).
Respecto de la titularidad de la responsabilidad parental respecto del hijo menor de edad, cabe destacar, a tenor de lo establecido en el art. 1755 Cód. Civ. y Com., que en los casos en que el cese de la convivencia o la extinción o suspensión de la responsabilidad parental estén fundados en una causa atribuible al progenitor, subsiste su deber de resarcir el daño ocasionado por su descendiente. La ratio legis de esta previsión se encuentra en la injusticia que implica que quien ha incurrido en las más groseras violaciones a los deberes que le impone la responsabilidad parental, al punto de haber sido privado de ella, quede en mejor situación que aquel que ha cumplido acabadamente con aquéllos (4). Además, también encontramos su justificación en el principio fundamental del derecho de daños: la obligación de resarcir integralmente a la víctima, la cual implica la limitación o restricción de cualquier interpretación o disposición que importe la exclusión de un sujeto obligado a la reparación.
Sin lugar a dudas el recaudo que puede generar más controversias es el de la cohabitación con el hijo, el cual creemos que debe interpretarse teniendo en cuenta la finalidad de la norma —conf. lo previsto en el art. 1º Cód. Civ. y Com.— además de "las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento", tal como manda el art. 2º ord. cit. En efecto, esta exigencia del art. 1754 responde más a un factor de atribución subjetivo, fundado en la vigilancia activa del hijo y en una concepción tradicional de la familia como la contenida en la regulación del Código Civil derogado, que a las pautas fijadas en la nueva legislación considerada en su conjunto y a la realidad social actual.
En efecto, en el sistema establecido por el Código de Fondo vigente, además de distinguirse entre la responsabilidad parental y el cuidado personal del hijo menor de edad, se establecen diversas opciones de cuidado personal para el caso —bastante común— de los progenitores que no conviven.
En cuanto a la titularidad y al ejercicio de la responsabilidad parental, el Código Civil y Comercial establece como regla para el hijo con doble vínculo filial no declarado tal judicialmente en ningún caso, el ejercicio conjunto por ambos padres, convivan o no (cfr. art. 641, Cód. Civ. y Com.). También se prevé la posibilidad, en interés del hijo, de establecer distintas modalidades por acuerdo de partes.
Asimismo, la ley de fondo en su art. 648 conceptualiza al cuidado personal —equiparable a la tenencia del régimen anterior— como los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Para el caso de que los progenitores no convivan, prevé las opciones de cuidado personal indistinto o alternado, dando prioridad a la primera de estas modalidades. En la modalidad indistinta el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. En el alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia (art. 650).
La conclusión que se impone es que se ha buscado dotar de una gran flexibilidad al sistema, de modo que cada familia, en el marco de la autonomía de la voluntad y del principio de la democratización, establezca el régimen que mejor se adapte a su realidad vital, a sus posibilidades y necesidades.
Y esta flexibilidad y amplitud consagradas en función de los principios de derechos humanos y del derecho de familia en modo alguno puede traducirse o interpretarse en perjuicio de los principios que regulan la protección de las víctimas de daños injustos.
Así, Jorge H. Alterini, con una visión teñida de los antiguos principios que regulaban al derecho de familia, interpreta (5) que el problema se presenta cuando se acuerda un régimen de visita con retiro transitorio del menor del hogar donde tiene la residencia habitual el otro progenitor y, en ese tiempo produce el daño. Y considera que en este caso, será el padre que tiene la guarda del menor en el momento de la causación del daño el que responda, porque quedó bajo su vigilancia. Sostiene que en tal caso, el otro progenitor podrá exculparse conforme al art. 1755.
En la misma línea, Edgardo López Herrera sostiene que en el caso de divorcio, puede interpretarse que cuando el cuidado personal está a cargo del otro progenitor, ése es responsable por sus daños. Considera que no hay ninguna disposición que haga pensar que el principio del art. 1114 del Cód. Civil haya sido dejado de lado. Si el menor, hijos de padres separados o divorciados, estuviera en ese momento al cuidado del otro progenitor, como puede suceder por el régimen de visitas, ese progenitor será responsable (6).
Con una mirada crítica —que compartimos— Reyna cuestiona el mantenimiento de este recaudo en el nuevo sistema con fundamento objetivo, dado que dicha exigencia solo tiene razón de ser en el sistema de la responsabilidad subjetiva, cuando la responsabilidad de los progenitores se asienta en la culpa in vigilando, aún presumida, desde el momento en que resulta razonable que el padre no pueda controlar al hijo cuando no convive con él (7).
Y continúa señalando que en el marco actual de capacidad progresiva de las personas menores de edad, frente a las características de la responsabilidad parental y de acuerdo al nuevo esquema de responsabilidad civil, la noción de cohabitación debe ser concebida con criterio flexible, comprensivo de aquéllos casos en los que el menor, pese a pernoctar habitualmente en una vivienda diferente de sus progenitores, tiene trato frecuente con ellos, quienes ejercen efectivamente los deberes y facultades propios de la responsabilidad parental (8). En la misma línea, Herrera-Caramelo-Picasso (9) sostienen que para que nazca el deber de resarcir por parte de los progenitores, es preciso que el menor conviva con ellos, lo que no quiere decir que al momento de producirse el hecho, el niño se encuentre efectivamente viviendo con sus progenitores desde un punto de vista material. La locución "convivencia" debe ser interpretada con criterio flexible, es decir, partiendo de la idea de que se configura cuando los progenitores, aun cuando no convivan materialmente con el menor, puedan ejercer la vigilancia y educación de su hijo. Se trata de que los padres compartan la vida de su descendiente, sin que sea determinante que puedan vivir o dormir en una casa distinta, pero más o menos cercana, para no quebrar dicha convivencia con sus padres.
Por nuestra parte, como ya lo adelantáramos, dado el sistema de responsabilidad parental y cuidado personal diseñado por los codificadores de 2012 con miras en el superior interés del menor y de la familia y como un "Código de la diversidad" (10), el cual prevé tantas variantes en concreto en relación a la "cohabitación" y al cuidado efectivo del hijo en el caso, bastante común de que los padres del menor no convivan, creemos que dicha normativa debe interpretarse —arts. 1º y 2º Cód. Civ. y Com.— en un sentido armónico con una adecuada tutela de la víctima, objetivo específico del derecho de daños, ámbito donde se desenvuelve la responsabilidad que analizamos.
La interpretación que propiciamos exige que al momento de juzgar la legitimación de los padres demandados la exigencia de "convivencia" sea examinada con la misma flexibilidad y perspectiva convencional en favor del damnificado que la que se tuvo al regular el sistema de responsabilidad parental y cuidado personal del hijo a favor del superior interés de este y de su familia. Esta interpretación es, por otra parte, la que impone la garantía constitucional de alterum non laedere (art. 19 CN) y el principio de la reparación plena.
Esta conclusión se ve corroborada al advertir que la ausencia de cohabitación no exime de responsabilidad cuando esta es imputable al progenitor, ni tampoco cuando se ha delegado el ejercicio en un tercero en el marco del art. 643 Cód. Civ. y Com. También al considerar que, como se señala en los "Fundamentos del Anteproyecto" respecto del matrimonio, la cohabitación no es ya un deber jurídico de los cónyuges, sino en todo caso, un deber moral y por ello no es exigible jurídicamente. Así se ha señalado que una "modificación importante se vincula a los derechos y deberes que derivan de la celebración del matrimonio. Se establece el compromiso de los cónyuges de llevar adelante un proyecto de vida, elemento tradicional del matrimonio, basado en la cooperación y el deber moral de fidelidad. Este punto de partida reconoce el alto valor axiológico de los deberes de fidelidad y cohabitación, pero al receptarse un régimen incausado de divorcio, su incumplimiento no genera consecuencias jurídicas".
Así, la convivencia —en el sentido estricto y material de la palabra— ha dejado de ser una característica necesaria en la constitución de las relaciones familiares y por ello no debe utilizarse esta exigencia desacertadamente incluida en el texto legal para excluir legitimados pasivos frente a la víctima de daños causados por niños y adolescentes.
Así, contrariamente a lo que sostienen distinguidísimos juristas como los citados Jorge Alterini y López Herrera, creemos que no corresponde en el actual sistema —cuyo factor de atribución es objetivo— formular interpretaciones rígidas y compatibles con el régimen anterior, dado que, además no se condicen con los parámetros convencionales y constitucionales que actualmente impone la tutela de los damnificados.
Desde el derecho de Daños ha de bregarse para que no sea el requisito de convivencia la vía de escape de los padres respecto de su deber de responder por los daños causados por sus hijos menores, pues de este modo la reforma operada en el factor de atribución a favor de las víctimas, se transformaría en letra muerta, y ningún avance se habría operado en la materia.
En este orden de ideas, creemos necesario remarcar también que al momento de juzgar la legitimación de los padres por los daños ocasionados por sus hijos, los jueces hagan mérito, en el contexto del sistema legislado, de la dificultad existente para los terceros ajenos al ámbito familiar —futuros demandantes— en orden a determinar en los hechos la organización concreta de la familia en cada caso, la existencia de acuerdos privados, instrumentados o no, como así también homologados en expedientes reservados, como son los del fuero de Familia (art. 708 Cód. Civ. y Com.), a fin de eximir de costas al actor en caso de que se pruebe que alguno de los padres demandados no se encuentre legitimado pasivamente para responder.
III. Un requisito tácito pero evidente para que tenga lugar la responsabilidad de los padres es la ilicitud del hecho dañoso, esto es, su objetiva disconformidad con el ordenamiento jurídico en su totalidad (violación del alterum non laedere), aun cuando no exista a su respecto prohibición legal expresa.
Y aquí, tratándose de niños menores de 10 años cuya falta de descernimiento se presume sin admitir prueba en contrario, cabe recordar las enseñanzas de Alberto Bueres y Elena Highton (11) respecto a que la involuntariedad del acto no impide atribuir al sujeto la autoría humana en tanto resulte de un mínimo de actuación subjetiva del agente. Por ello sostienen que la cuestión debe ser analizada desde el punto de vista de la autoría pues, aunque el agente carezca de discernimiento, ha sido él el autor del daño resarcible.
Estas disposiciones, contenidas anteriormente en el art. 921 del Cód. Civil hoy han sido receptadas en el art. 261 inc. b) que considera involuntario por falta de discernimiento el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años.
Por ello, debe formularse la siguiente distinción entre los daños causados por el menor de diez años que no tiene capacidad para comprender los actos ilícitos y el mayor de esa edad y hasta los dieciocho años. En el primer caso, los padres responden directa y solidariamente y lo único que pesa sobre el menor es una responsabilidad de equidad. Tales previsiones del art. 907 del CC están contenidas en los actuales 1750, primer párrafo, Cód. Civ. y Com., que dispone que el autor de un daño causado por acto involuntario responde por razones de equidad y el art. 1742, ord. cit., que faculta al juez, al fijar la indemnización, a atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho.
Y según afirman Zannoni-Mariani de Vidal-Zunino, la regla es que existe responsabilidad plena, salvo que el juez decida atenuarla por razones de equidad (12).
En el caso del niño mayor de 10 años, el menor responde con su patrimonio y el padre también pero en forma indirecta, pues se trata de una responsabilidad refleja y no propia. Esto quiere decir que la víctima puede demandar al menor directamente —si tiene patrimonio propio, por una herencia, por ejemplo— a los padres por la patria potestad o a ambos en forma indistinta (13). Es aquí donde cobra relevancia lo prescripto en el art. 1754, última parte: "sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caberle al hijo".
Aquí cabe formular una aclaración: el tercero tiene una acción contra el menor o los padres (obligación concurrente entre los tres), pero la responsabilidad de ambos padres, como coobligados entre ellos dos, es una obligación solidaria por expresa disposición legal (14) ("los padres son solidariamente responsables...", art. 1754 Cód. Civ. y Com.).
IV. En cuanto a los límites de la responsabilidad que nos ocupa, el art. 1755 Cód. Civ. y Com. dispone: "La responsabilidad de los padres es objetiva, y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente. No cesa en el supuesto previsto en el art. 643. Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible. Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos".
Siguiendo a Jorge Alterini (15) podemos decir que los progenitores son eximidos de responsabilidad cuando el daño proviene de la labor profesional desarrollada por su hijo menor que ha obtenido título profesional habilitante que le permita ejercer, por cuenta propia, la actividad, conforme a lo permitido por el art. 30 ord. cit. Esta decisión legal es correcta, por cuanto el desarrollo de la actividad por parte de los hijos no necesita ni autorización ni control de los progenitores porque tienen la habilitación que les concede el título.
Así, conforme al art. 30 citado la "persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella". La conclusión que se impone es que este límite a la responsabilidad de los padres hace a la coherencia del sistema, pues concuerda con lo previsto en el art. 30 como con el principio de autonomía progresiva, contenido en el art. 638, inc. b), Cód. Civ. y Com., entre otras disposiciones. Lo mismo ocurre con los contratos y actos jurídicos celebrados por sí en el marco autorizado por las leyes (cfr. art. 2º, segundo párrafo, 683 y 684 Cód. Civ. y Com.).
En efecto, en los actos vinculados con el trabajo, profesión o actividad comercial del menor, es prácticamente imposible que los padres ejerzan alguna vigilancia o contralor, y el hijo puede obrar laboral o profesionalmente aún contra la voluntad paterna (art. 30 Cód. Civ. y Com.). Es por eso que en estos casos el menor responde de manera exclusiva por los hechos dañosos causados en ejercicio de su trabajo, profesión o comercio (16).
De igual modo, cuando un menor se encuentre realizando tareas bajo relación de dependencia o bajo la supervisión de otra persona (deportista amateur en viaje con su club, niño/adolescente que se encuentra en el establecimiento educativo al que concurre) que tiene transitoriamente el control del accionar del menor y cause daño, sus progenitores no se encontrarán compelidos a resarcir los mismos.
En tal sentido señala Lorenzetti (17) que la transitoriedad que exige el art. 1755 requiere un grado de permanencia. Además, la responsabilidad del padre no cesa si el hijo no se encuentra bajo la vigilancia de otra persona que pueda responder por los daños que ese menor pueda ocasionar, sino siempre que haya un responsable que responda por el hecho de ese menor (por ejemplo, establecimiento educativo, art. 1756).
Y si el menor se encuentra realizando tareas bajo la dependencia y supervisión de otra persona, quien lo instruye y dirige, es esta persona quien ha de responder por el hecho del menor, conforme a los principios generales (art. 1753 Cód. Civ. y Com.).
En cuanto a la delegación de ejercicio de la responsabilidad parental prevista en el art. 643 ord. cit., conforme al expreso texto del art. 1755 no cesa la responsabilidad civil de los padres, puesto que se trata de un acto voluntario de los padres que no hace cesar en cabeza de los mismos la titularidad de la responsabilidad parental (18) ni el derecho a supervisar la crianza y educación de sus hijos.
Y atento a que la delegación no implica la suspensión de la titularidad en la responsabilidad parental, es lógico que se mantenga la responsabilidad de los padres por el accionar de los hijos (19).
V. En conclusión, la realidad social actual ha incrementado la importancia de la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores de edad. El Código recientemente sancionado trae como novedad el factor objetivo de atribución, y los arts. 1754 y 1755 Cód. Civ. y Com. deben ser interpretados armónicamente con los profundos cambios incorporados en lo atinente a la organización de las familias y en materia de responsabilidad parental y cuidad personal de los hijos, teniendo como principios rectores el alterum non laedere y la reparación plena de la víctima, particularmente en lo que respecta a la exigencia de cohabitación contenida en el art. 1754.
 (1) LORENZETTI, Ricardo (dir.), "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. IV, p. 263.
 (2) LORENZETTI, ob. cit., t. IV, p. 266.
 (3) LORENZETTI, ob. cit., t. VIII, p. 564.
 (4) HERRERA, Marisa — CARAMELO, Gustavo — PICASSO, Sebastián (dirs.), "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Infojus, Buenos Aires, 2015, 1ª ed., t. IV, ps. 487/88.
 (5) ALTERINI, Jorge H. (dir.), "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tratado exegético", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, t. VIII, p. 329.
 (6) LÓPEZ HERRERA, Edgardo, "Responsabilidad civil de los padres, tutores y curadores en el Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado", RCyS 2012-IX, 5, LL AR/DOC/4394/2012.
 (7) REYNA, Carlos A., "La responsabilidad de los padres en el Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado de 2012", Rev. De Derecho de Daños, 2012-3, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 504.
 (8) REYNA, Carlos A., ob. cit., ps. 504/505.
 (9) HERRERA — CARAMELO — PICASSO, ob. cit., t. IV, p. 485.
 (10) Ver "Fundamentos...".
 (11) BUERES, Alberto — HIGHTON, Elena (dirs.), "Código Civil y Leyes Complementarias", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, s/ f., t. 3 A, p. 648.
 (12) ZANNONI, Eduardo A. — MARIANI DE VIDAL, Marina — ZUNINO, "Código Civil y Comercial", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2015, p. 474/5.
 (13) LÓPEZ HERRERA, Edgardo, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2006, p. 369.
 (14) LÓPEZ HERRERA, Edgardo, ob. cit., p. 370.
 (15) ALTERINI, Jorge H. (dir.), ob. cit., t. VIII, p. 333.
 (16) HERRERA — CARAMELO — PICASSO, ob. cit., t. IV, p. 488.
 (17) LORENZETTI, ob. cit., t. VIII, p. 568.
 (18) LORENZETTI, ob. cit., t. VIII, p. 568.
 (19) HERRERA — CARAMELO — PICASSO, ob. cit., t. IV, p. 487.