Voces: CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ RESPONSABILIDAD CIVIL ~ TRABAJO PELIGROSO ~ PROYECTOS DE REFORMAS AL CODIGO CIVIL
Título: Responsabilidad civil por actividades riesgosas o peligrosas en el nuevo Código
Autor: Pizarro, Ramón D. 
Publicado en: LA LEY 12/08/2015, 12/08/2015, 1 - LA LEY2015-D, 993
Cita Online: AR/DOC/2550/2015
Sumario: I. Introducción. — II. La responsabilidad por actividades riesgosas en el derecho comparado. — III. Las raíces de la solución consagrada. La responsabilidad por actividades riesgosas en los proyectos de reforma al derecho privado argentino. — IV. ¿Debe la responsabilidad por actividades riesgosas ser tipificada por el legislador? — V. La responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Abstract: Una interpretación sensata debe llevar al intérprete a modelar el concepto de actividad riesgosa o peligrosa con un criterio estricto. De lo contrario, todo el esquema de responsabilidad terminaría absorbido por el régimen previsto para dichas actividades, lo cual llevaría al sistema a un rigor insostenible. No habría tipología de responsabilidad civil, particularmente extracontractual, que no fuese susceptible de caer bajo la órbita de la responsabilidad por actividades riesgosas. Lo cual es absurdo y sin precedentes en el derecho comparado.  Por tal motivo, la responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas debe ser objeto de una ponderación rigurosa. Una actividad para ser considerada tal y dar lugar al régimen de responsabilidad previsto en los arts. 1757 y 1758 debe ser especialmente peligrosa, noción que significa que conforme al curso normal y ordinario de las cosas, existe una clara probabilidad objetiva de que genere peligro o riesgo de dañosidad grave o frecuente. 
I. Introducción
El Código Civil y Comercial regula de manera expresa la responsabilidad por actividades riesgosas, cerrando un largo debate que se inició en derredor a la interpretación evolutiva del art. 1113 del Código anterior (t.o. ley 17.711) (1).
Se trata de una figura que goza de sólido predicamento en el derecho comparado y que fue propiciada por varios de los proyectos de reforma total o parcial al Código Civil, todo lo cual da sustento a la solución adoptada por el legislador argentino.
II. La responsabilidad por actividades riesgosas en el derecho comparado
La responsabilidad por actividades riesgosas se ha abierto camino en el derecho comparado.
El Código Civil italiano de 1942 constituye, en esta materia, la referencia obligada pues tiene el mérito de haber sido el primero que la plasmó, en una cláusula general como es su artículo 2050 que dispone: "Aquél que ocasiona daño a otro en el desarrollo de una actividad peligrosa, por su naturaleza o por la naturaleza de los medios empleados, está obligado al resarcimiento, si no prueba haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño" (2).
En sus trabajos preparatorios, dice Visintini, "se encuentra reflejado el debate en torno a esta opción legislativa innovativa que muestra signos de mantener la culpa en la base de la responsabilidad, pero en el sentido de disponer la inversión de la carga probatoria del autor y de ampliar el contenido del deber de diligencia puesto a su cargo" (3). Sin embargo, gradualmente, la doctrina fue mutando la interpretación de la norma, dando inicio al delicado tránsito desde una responsabilidad subjetiva con inversión de carga probatoria a una responsabilidad claramente objetiva, como la que campea en nuestros días en el derecho italiano (4).
El primer paso, fue afinar el concepto de culpa previsto en la norma, descubriendo una culpa levísima, esto es un modelo de conducta plasmado en un mayor grado de diligencia al medio o normal, puesto en los confines de la posibilidad extrema de evitar el daño (5). El escalón siguiente, representó un sinceramiento de la realidad funcional de la norma que devenía inocultable: la existencia de una responsabilidad de base objetiva ligada al ejercicio de una actividad peligrosa y no tanto al deber de diligencia, de prevención. Por esta vía se sostuvo que la referencia de la eximente legal a "todas las medidas idóneas para evitar el daño" no se identificaba, ni satisfacía, con la prueba de la conducta más diligente orientada a evitar la ausencia de culpa en la producción del daño, sino que requería de la prueba de la existencia de una organización técnica idónea para prevenir el daño, valorada abstractamente (6). Se ponderó, de tal modo, la adopción de medidas técnicas funcionales para la reducción del peligro en el sector específico que se trata (7). Así concebida, dice Visintini, el supuesto que nos ocupa luciría como "una hipótesis de responsabilidad objetiva intermedia, o sea, a mitad de camino entre aquella ya examinada, que encuentra su único límite en el caso fortuito y la responsabilidad por culpa". La autora hace referencia a una "responsabilidad por riesgo objetivamente evitable", poniendo acento "en el hecho de que la solución acogida por el legislador respecto al régimen de la carga probatoria, al exigir la prueba de que se hayan adoptado todas las medidas que la técnica ofrece para la reducción del peligro, implica que se ha querido renunciar a sancionar las negligencias que si bien pueden darse en concreto — o en la mayor parte de los casos por obra de los dependientes y no del titular de la actividad —, y fundar la responsabilidad en la relación entre el riesgo introducido y la utilidad conseguida (8). En verdad, estaríamos frente a la prueba del no riesgo de la actividad, o de que el daño no se ha configurado en el ejercicio de una actividad peligrosa, lo cual lleva a suprimir el presupuesto fáctico en derredor del cual se configura la fattispecie de la norma y la presunción allí contenida (9). No faltan quienes piensan que la eximente requiere lisa y llanamente la demostración de la ruptura del nexo causal, sustentando de tal modo un fundamento netamente objetivo (10).
Los códigos de Portugal (art.493),Hungría del año 1959 (art.345), México (arts.913), Perú del año 1984 (arts.1970 y 1972),Bolivia del año 1975 (art.955 y 998) y Paraguay (art.1846),entre otros, contienen disposiciones expresas que regulan esta problemática. En algunos casos, la responsabilidad ha sido edificada sobre la base de una presunción de culpa de carácter iuris tantum. Sin embargo, en la mayoría de dichos códigos, prevalece la idea de fundar la obligación de resarcir derivada de actividades riesgosas sobre parámetros objetivos de atribución.
La mayoría de los códigos que se han ocupado del tema, han dejado el concepto de riesgo de la actividad librado a la pura labor doctrinaria, sin precisar parámetros normativos que permitan determinar, con exactitud, sus alcances y ámbito de aplicación. Otros, en cambio, brindan elementos normativos para definir los perfiles del riesgo de la actividad, aunque acudiendo a criterios menos genéricos que los propuestos por los proyectos de reforma antes analizados. Así, por ejemplo, los códigos de Italia y Paraguay admiten la existencia de actividades riesgosas por su propia naturaleza o por la naturaleza de los medios empleados.
Es importante señalar, sin embargo, que en el derecho comparado no se registran antecedentes del denominado riesgo circunstancial de la actividad desarrollada.
Aplaudimos el criterio amplio del Código Civil y Comercial, que siguiendo al Proyecto de Código Único de 1987, al de la Comisión designada por decreto 468 del año 1992 y al Proyecto de Código Civil de 1998, admite la existencia de un riesgo circunstancial. Este riesgo circunstancial, insistimos, es significativamente más amplio que el derivado de la naturaleza de los medios empleados. Los medios empleados son tan sólo una de las circunstancias que pueden tornar riesgosa a una actividad, pero en modo alguno asume carácter excluyente. Existen otras circunstancias, de tiempo, modo y lugar, que no son precisamente instrumentales y que razonablemente no pueden ser excluidas o tratadas de manera diferente.
III. Las raíces de la solución consagrada. La responsabilidad por actividades riesgosas en los proyectos de reforma al derecho privado argentino
La mayoría de los proyectos de reforma a nuestro derecho privado, particularmente los más recientes, han abordado esta delicada cuestión de manera realista, siguiendo muy de cerca el criterio dominante en nuestra doctrina.
 a) El proyecto de 1954. 
Este valioso aporte fue realizado entre 1950 y 1954 por el Instituto de Derecho Civil dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la dirección de un ilustre jurista, el Dr. Jorge Joaquín Llambías (11).
Al igual que los códigos del D.F. de México y de Italia, el art. 1091 del Anteproyecto de 1954 regula, con todo acierto, por vez primera en el derecho argentino, la responsabilidad proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa "por su naturaleza o por la índole de los medios empleados", obligando a quien ocasiona daños a otro durante las mismas "aunque no obre ilícitamente, salvo que el perjuicio provenga de culpa inexcusable de la víctima o de una causa de fuerza mayor". Advertimos que el fundamento de la responsabilidad está en el riesgo creado (12)— la norma hace referencia, incluso, a actividades "peligrosas" — y se aparta de la letra del art. 2050 del Código italiano cuya dudosa redacción ha dado lugar a desencuentros doctrinarios con relación a su fundamento y a las eximentes que son admisibles (13).
 b) El proyecto de Código único de 1987. 
El Proyecto de Código Único de 1987 (14), infortunadamente vetado por el PEN., disponía en el art.1113 que "Lo previsto para los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa es aplicable a los daños causados por actividades que sean riesgosas por su naturaleza o por las circunstancias de realización".
El principio general encontraba concretas aplicaciones en materia de daños causados por una cosa arrojada o caída desde un edificio (art.1118),de daños provenientes de la actividad riesgosa para terceros de un grupo de individuos (art.1119),de daños derivados del transporte de personas (art.2186) y de daños derivados de productos de consumo (art.2176).
 c) El Proyecto de la comisión designada por decreto 468/1992 del PEN. 
Similar tendencia se advierte en el Proyecto de la Comisión designada por decreto 468 del año 1992 que, en esta cuestión, sigue muy de cerca los lineamentos del Proyecto de 1987. Al igual que éste, consagra expresamente la responsabilidad objetiva, con basamento en el riesgo creado, por actividades "que sean peligrosas por su naturaleza o por las circunstancias de su realización" (art.1590) (15) y determina sus concretas aplicaciones en materia de responsabilidad por productos elaborados (art.1591), de responsabilidad del vendedor por vicios ocultos (art.1592), por daños causados por cosas arrojadas o caídas de edificios (art.1593) y por daños provenientes de la actividad de un grupo de personas que sea peligrosa para terceros (art.1594).
 d) El Proyecto de la Comisión de Legislación General de la H. Cámara de Diputados de 1993. 
Esta amplitud de criterio contrasta notablemente con la solución que propone el Proyecto de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación que, por razones de política legislativa, no regula en forma genérica y concreta la responsabilidad civil por actividades riesgosas y es pasible de crítica (16).
No obstante la falta de este principio general, se efectúan aplicaciones concretas de responsabilidad civil por el riesgo de la actividad desplegada, en materia de daños causados por cosas arrojadas o caídas de edificios (art.1118),de daños causados por el miembro anónimo de un grupo determinado de personas (art.1119).
 e) El Proyecto de Código Civil de 1998. 
Finalmente, el más reciente proyecto de Código Civil de 1998, en su art. 1665 establece:
 "Quien realiza una actividad especialmente peligrosa o se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, es responsable del daño causado por esa actividad. 
Se considera actividad especialmente peligrosa a la que, por su naturaleza o por las sustancias, instrumentos o energía empleados, o por las circunstancias en las que es llevada a cabo, tiene aptitud para causar daños frecuentes o graves. 
Queda a salvo lo dispuesto por la legislación especial" (17) . 
En el art. 1666 se establece que quien está sujeto a la responsabilidad prevista por el art.1665, "sólo se libera de ella, total o parcialmente, si prueba que la causa del daño es la culpa del damnificado". Expresamente determina, asimismo, que "no son intocables como eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, el cumplimiento de las técnicas de prevención, el caso fortuito, el hecho de un tercero, ni cualquier otra causa ajena".
Como se advierte, una responsabilidad ultra — objetiva, que nos parece exagerada en cuanto descarta eximentes tales como el casus, sin que ningún motivo razonable justifique tal proceder (18).
Como contrapartida, se consagra un sistema de indemnización con techo indemnizatorio de $ 300.000 por cada damnificado directo, elevable al triple en caso de gran discapacidad, y se establecen flexiblemente vías de "escape" al mismo, todo sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación especial.
IV. ¿Debe la responsabilidad por actividades riesgosas ser tipificada por el legislador?
He aquí un auténtico problema de política legislativa.
Conforme una visión, aferrada al principio de la culpa, la responsabilidad civil por actividades riesgosas sólo podría ser admitida, en el mejor de los casos, cuando el legislador expresamente la regule, de modo específico, determinando sus alcances y límites. Se propicia, de tal modo, un sistema de tipicidad del ilícito que luce incompatible con normas genéricas, de cláusula abierta, como son, por ejemplo, el art. 1113 del Código Civil anterior, los arts. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial, el art. 40 de la ley 24.240, o el art.2050 del Código Civil italiano, tantas veces mencionado.
De acuerdo a otra cosmovisión, que compartimos, es conveniente regular la actividad por actividades riesgosas mediante fórmulas generales, como las que hemos mencionado anteriormente o como las que con muy buen criterio consagra el nuevo código civil y comercial en sus arts. 1757 y 1758. Ello sin perjuicio de la conveniente y a veces muy necesaria regulación específica que puedan tener determinadas actividades riesgosas que por su relevancia y gravedad requieren de un tratamiento más específico en temas trascendentes como extensión del resarcimiento, eximentes, etcétera.
La doctrina y jurisprudencia italianas en forma mayoritaria se inclinan decididamente en este último sentido: "Por actividad peligrosa — ha dicho la Corte de Casación de ese país —, con referencia al art. 2050, deben entenderse no sólo aquéllas previstas por la ley de seguridad pública y por el reglamento correspondiente, o por las distintas leyes especiales que tienen por fin la prevención de los siniestros y la tutela de la incolumidad pública, sino también todas aquellas que, no estando especificadas, tienen una peligrosidad intrínseca o relativa a los medios empleados" (19).
V. La responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas en el código civil y comercial de la Nación
 a) El marco normativo. 
El nuevo cuerpo normativo regula la responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas en los artículos 1757 y 1758, junto con la responsabilidad por el hecho de las cosas (20).
El primero dispone:
"Toda persona responde por el daño (.....) de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. 
La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para (....) la realización de la actividad ni el cumplimiento de técnicas de prevención". 
El segundo prescribe:
 "Sujetos responsables. (.....) En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial". 
b) El concepto de actividad riesgosa o peligrosa. 
Una actividad es riesgosa cuando por su propia naturaleza (esto es, por sus características propias, ordinarias y normales) (21), por los medios empleados, o por las circunstancias de su realización (Vg. por algún accidente de lugar, tiempo o modo) genera una significativa probabilidad de riesgo o peligro para terceros, ponderable conforme a lo que regularmente sucede según el curso normal y ordinario de las cosas (22).
Se trata de actividades que por lo general (no siempre) son consentidas por la utilidad social que representan, pero que devienen dañosas para terceros. La responsabilidad que dimana de las mismas es propia de "un sistema de responsabilidad por exposición al peligro", pues "está ligada al ejercicio de una actividad peligrosa y no al deber de diligencia o de prevención" (23).
No es esencial que en la actividad riesgosa o peligrosa (y en el daño que de ella deriva) intervenga una cosa, activa o pasivamente.
El vocablo actividad denota la existencia posible de uno o más hechos humanos, aislados o "combinados con otros elementos mecánicos e inmateriales. La empresa pueden ser uno de los ámbitos de actividad riesgosas en el sentido de entidad que organiza capital y trabajo como factores de producción y con fines lucrativos (por ejemplo, para elaborar bienes destinados a consumo)" (24).
El carácter riesgoso de la actividad deviene de su relevante y especial peligrosidad intrínseca o de circunstancias extrínsecas, instrumentales, de persona, tiempo y lugar. Puede vincularse, de tal modo, con su propia naturaleza, con los medios o elementos utilizados y con las metodologías empleadas para desplegar ciertas actividades, las cuales deben ser gobernadas por su titular (25).
Las actividades riesgosas por su naturaleza son aquellas que conforme al curso normal y ordinario de las cosas resultan intrínsecamente peligrosas por sí mismas, cualesquiera sean las circunstancias bajo las cuáles se realizan (v.gr., explotación o transporte de energía nuclear, de gas, de electricidad, etcétera).
Las actividades peligrosas por las circunstancias de su realización son aquellas que pese a no revestir ordinariamente un peligro regular o constante, las modalidades de tiempo, modo y lugar la tornan especialmente peligrosa. Por ejemplo, el trabajo en la construcción o en obra (26).
Finalmente la actividad es riesgosa por los medios empleados cuando normalmente es inocua, pero adquiere tal peligrosidad relevante por la utilización o empleo que una persona "hace de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias que son peligrosas por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía que contienen, por el lugar anómalo en que se encuentran o por otras causas análogas, o bien si han sido los medios utilizados los que han aumentado" (27).
La ponderación de esas circunstancias y su incidencia en la riesgosidad de la actividad, debe realizarse en abstracto, con total prescindencia del juicio de reprochabilidad que podría merecer la conducta del sindicado como responsable en concreto. Coincidimos con Zavala de González en cuanto a que el entendimiento del riesgo circunstancial "no puede partir de la simplista concepción de que toda actividad dañosa sea riesgosa". Desde el punto de vista lógico y valorativo, "la noción de riesgo no puede ser un posterius sino un prius, aunque se indique retrospectivamente luego de producido el daño" (28). Las circunstancias que en tal caso son determinantes para la calificación de riesgosa de la actividad desplegada deben vincularse, principalmente, con los medios o elementos empleados para el despliegue de la actividad, que pueden y deben ser controlados por su titular y por quien tiene a su cargo el cuidado, control y gobierno de la actividad y por quien se sirve de ella (29).
Adviértase que el carácter riesgoso o peligroso se predica de una actividad, por lo que el criterio de imputación habrá de requerir en cada caso la determinación cualitativa y cuantitativa del grado de peligrosidad ínsito en aquella. Una peligrosidad ínsita que habrá de ser buceada en la naturaleza de esta última, o en la peligrosidad de los medios empleados o en las circunstancias de su realización.
Dicha peligrosidad puede ser detectada:
1) Siguiendo un criterio cuantitativo o estadístico, concerniente a la peligrosidad de los diversos tipos de actividades (30).
2) Ponderando los propios estándares fijados por el legislador.
Esto ocurre:
1) Cuando la propia ley califica a la actividad como riesgosa (art.40, ley 24.240).
2) Cuando se imponen deberes u obligaciones expresas de seguridad, que ponen en evidencia implícitamente, ese carácter riesgoso o peligroso, tal lo que sucede en el ámbito del derecho del consumidor (art. 5).
3) En aquellos casos en los cuáles, a través del marco normativo que regula y reglamenta la actividad, se determinan controles especiales (tal como ocurre en materia de producción, distribución y comercialización de gas, electricidad, en las actividades mineras, de fabricación, transporte, comercialización y uso de armas, municiones, artículos pirotécnicos, etcétera; actividad realizada por empresas mineras, o vinculadas a la producción y utilización de la energía nuclear, etcétera). Las mismas consideraciones valen para la circulación de vehículos de motor y trenes.
4) Atendiendo, también, razonablemente, a las reglas de la experiencia.
Estamos, de tal modo, frente a una noción jurídica abierta, genérica y flexible (sin que ello obste a la determinación y regulación normativa que en diferentes supuestos pueda realizarse de determinadas actividades riesgosas). Corresponde a la doctrina y sobre todo a la jurisprudencia delinear los perfiles del concepto, a través de una actividad integradora en función de los distintos supuestos que presenta la vida real (31).
Cierto sector de la doctrina se ha pronunciado por ideas más moderadas, limitando el concepto que nos ocupa únicamente a la actividad riesgosa por su propia naturaleza o por la naturaleza peligrosa de los medios empleados, descartando al llamado "riesgo circunstancial" (32). Se trata de una concepción muy estrecha, que no penetra en la esencia misma del concepto de actividad riesgosa. No advertimos razones jurídicas que permitan formular dicha limitación conceptual, desde el mismo momento en que la denominada actividad riesgosa por la peligrosidad de los medios empleados, constituye un típico supuesto de riesgo circunstancial. ¿Por qué razón debería asociarse el concepto de actividad riesgosa solamente a las circunstancias instrumentales y dejar de lado otros supuestos de riesgos circunstanciales de similar importancia (calificados por aspectos vinculados a las personas, tiempo y lugar),que no pueden, razonablemente, tener una valoración distinta?
La jurisprudencia italiana, de tanta importancia en la materia, pues ha sido Italia el primer país en regular y desarrollar esta tipología, registra antecedentes a este respecto. Se ha considerado actividad riesgosa, entre otras, la organización de actividades deportivas en natatorios, la organización de una escuela de equitación, el transporte de material inflamable o radioactivo, el suministro de energía eléctrica o de gas, la extracción de minerales de una mina, la circulación de automotores (33), la organización y práctica de una partida de caza, la producción y distribución de garrafas de gas, la actividad de producción de fármacos, particularmente la introducción en el comercio de aquellos que contienen gammaglobulina humana, destinados a inocularse en el organismo humano, frente el riesgo de contagio de HIV o de hepatitis "B"; el ejercicio de la actividad ferroviaria; la coordinación de las actividades portuarias, particularmente cuando se trate de operaciones de carga y descarga de mercaderías en un barco cisterna y de lastre; la actividad edilicia, cuando requiere la utilización de máquinas de excavación, remolcadores, entarimado, etcétera; también la utilización de un helipuerto en zona céntrica (34). En cambio, no han sido reputadas como tales la mayoría de las que entran en la categoría de actividades deportivas, las actividades agrícolas en sentido amplio, el embotellamiento de bebidas gaseosas, la distribución de neumáticos, la reventa de agua mineral en botella, la gestión de un supermercado (35), etcétera.
Para ser considerada actividad riesgosa es indispensable que la misma tenga una notable intrínseca potencialidad de dañosidad para terceros (36), o lo que es igual que sea especial o particularmente riesgosa. Por tal motivo, una actividad normalmente inocua, que se torne riesgosa o peligrosa por la conducta de quien la ejerce, no entra en el estándar normativo que nos ocupa. Con ello se quiere significar que no cualquier riesgo que dimane de una actividad será apto para generar la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva estatuido por los arts. 1757 y 1758.
Una interpretación en contrario llevaría a incluir en esta tipología la casi totalidad de los supuestos de responsabilidad civil, pues casi no hay actividad que de uno u otro modo no genere riesgos o peligros para terceros. De seguirse una conceptuación semejante, la inmensa mayoría de los supuestos de responsabilidad por daños debería ser atrapada en dicha normativa, lo cual es inadmisible y carente de antecedentes en el derecho comparado.
Por tal motivo, sin ánimo alguno de minimizar la importancia de la figura — de lo que se trata es de asignarle un ámbito razonable de aplicación — sostenemos que la actividad riesgosa que prevén los arts.1757 y 1758 debe ser notablemente peligrosa. O lo que es igual, evidenciar un riesgo grave, importante, relevante, perceptible, circunstancia que debe ser calibrada a la luz de los estándares que rigen la previsibilidad en la causalidad adecuada.
El Proyecto de 1998 hacía referencia a "actividad especialmente peligrosa", con lo cual ponía énfasis en requerir que esa actividad generare un peligro cualificado: debía ser especialmente peligrosa, idea que se relacionaba con su "aptitud causal para provocar daños frecuentes o graves" (art. 1665).
El Código Civil y Comercial, en sus artículos 1757 y 1758 contiene una fórmula más laxa. Hace referencia a actividades "que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización". No requiere que dicha actividad sea "especialmente" peligrosa, ni fija ningún parámetro normativo para acotar el perfil de la figura a los supuestos de actividades con aptitud causal para provocar daños frecuentes o graves.
Nosotros creemos que una interpretación sensata debe llevar al intérprete a modelar el concepto de actividad riesgosa o peligrosa con un criterio estricto. De lo contrario, insistimos en ello, todo el esquema de responsabilidad terminaría absorbido por el régimen previsto para dichas actividades, lo cual llevaría al sistema a un rigor insostenible. No habría tipología de responsabilidad civil, particularmente extracontractual, que no fuese susceptible de caer bajo la órbita de la responsabilidad por actividades riesgosas. Lo cual es absurdo y sin precedentes en el derecho comparado.
Por tal motivo sostenemos que la responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas debe ser objeto de una ponderación rigurosa. Una actividad para ser considerada tal y dar lugar al régimen de responsabilidad previsto en los arts. 1757 y 1758 debe ser especialmente peligrosa, noción que significa que conforme al curso normal y ordinario de las cosas, existe una clara probabilidad objetiva de que genere peligro o riesgo de dañosidad grave o frecuente (37).
Lo señalado no obsta, por cierto, a que determinadas actividades riesgosas o peligrosas, tengan en el Código Civil y Comercial un régimen particular, complementario del marco normativo general que establecen los artículos 1757 y 1758. Tal lo que sucede, por ejemplo, en los supuestos previstos en el art. 40 de la ley 24.240 (daños causados por servicios defectuosamente prestados en las relaciones de consumo), en el art. 1767 (responsabilidad del titular de establecimientos educativos), en el régimen previsto en materia de responsabilidad del organizador de espectáculos públicos deportivos (Leyes 23.184, 24.192 y 26.358) y en los supuestos de actividad peligrosa de un grupo (art.1762 Cód.Civ.Com.).
 c) ¿Dónde queda el límite entre la responsabilidad por culpa y por riesgo creado u otros factores objetivos de atribución? 
Zavala de González se pregunta con razón adónde queda dicho límite, a cuyo fin tiene en cuenta que como todo daño importa la creación de un riesgo, "cada vez que se produzca un hecho perjudicial podrá encontrarse un peligro precedente. Desde esta óptica, la responsabilidad objetiva por riesgo sería indefinidamente aplicable, absorbiendo y anulando de modo total a la responsabilidad por culpa" (38), lo cual — agregamos nosotros — es absolutamente inconveniente.
Una vez más insistimos en que el riesgo de la actividad es un prius que debe ser ponderado atendiendo a lo que ordinariamente sucede conforme al curso normal de las cosas. Como bien dice la autora antes citada, la actividad no se "transforma" en peligrosa sino que "es" peligrosa ya inicialmente, reconociéndose el riesgo "desde el vamos", conforme a los parámetros antes indicados (39). Quizás, desde esa perspectiva, se entienda el criterio del Proyecto de Código civil de 1998, en cuanto atinadamente hacía referencia a actividades "especialmente" peligrosas, queriendo con ello remarcar estos aspectos y dejar en claro que se trata de una especie cualificada por las sustancias, instrumentos o energías empleados, o por las circunstancias en las que es llevada, que tienen virtualidad para causar daños frecuentes o graves.
 d) Legitimación pasiva. 
Conforme lo dispone el art. 1758 responde quien realiza, se sirve u obtiene provecho de la actividad riesgosa o peligrosa, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por legislación especial.
Realiza la actividad riesgosa quien de manera autónoma lleva a cabo o ejecuta la actividad riesgosa, por sí o por terceros.
Se sirve u obtiene provecho de la actividad riesgosa quien satisface a través de la misma un interés patrimonial o extrapatrimonial.
A menudo quien realiza la actividad riesgosa es quien se sirve u obtiene un provecho de ella. Pero puede ello no ser así y aparecer ambas calidades disociadas. En tal caso, ambos responden.
Poco importa a tal fin, que la ejecución de la actividad riesgosa o la obtención del beneficio que se procura a través de la misma sea realizada de manera directa por el agente o valiéndose de terceros (auxiliares, colaboradores, dependientes, sustitutos), a través de los cuáles expande su esfera de actuación (40).
Si bien la responsabilidad por actividades riesgosas tiene como paradigma la figura de la actividad empresarial riesgosa que da lugar al denominado riesgo de empresa, ello no es una condición o exigencia indispensable para que configure el presupuesto de hecho que nos ocupa (41). La razón es simple: la ley no distingue entre quien ejerce una actividad empresarial riesgosa o peligrosa y un privado que organiza una actividad de similares características, sin fines de lucro.
Puede, por ende, bajo ciertas condiciones, gravitar sobre quien realiza una actividad empresarial riesgosa — valga la redundancia, cuando ésta efectivamente lo sea (42)— o incluso por un simple sujeto de derecho que organiza una actividad de esa naturaleza fuera del ámbito empresarial o sin fines de lucro (tal lo que sucede con quien practica la caza con fines recreativos o por quien desarrolla determinadas actividades deportivas en forma no empresarial o profesional).
Más aún, por la propia Administración pública (Vg., cuando es ella la que produce energía eléctrica de alta tensión o transporte, etc.). De allí que a los fines de la legitimación pasiva poco importe la calidad de sujeto público o privado del responsable (43). La aplicación al Estado de lo dispuesto en los artículos 1767 y 1768 se realiza por analogía, a tenor de lo establecido por los arts. 1764 y 1765 Cód.Civ.Com.
Por tratarse de una responsabilidad objetiva, es intrascendente que el legitimado pasivo sea o no persona capaz (44).
La actividad riesgosa puede presentar una proyección espacial y temporal suficiente como para posibilitar la imputación a más de un posible obligado a resarcir, en forma concurrente.
Todo aquél que, en el carácter antes señalado, interviene activamente en la realización de la actividad riesgosa, sea o no su último ejecutor, o más aún, aunque éste sea desconocido, o que se sirve u obtiene provecho de aquella, debe responder frente al damnificado (45).
Puede suceder que la legitimación pasiva sea plural, operando de modo simultáneo o compartido o de manera cronológicamente sucesiva. En tal caso, como regla, todos responden concurrentemente frente a la víctima (argum. art. 1758 Cód.Civ.Com.), salvo cuando la ley establezca la solidaridad (art. 40, ley 24.240, t.o. ley 24.999) (46).
 e) Eximentes. 
Las eximentes son las propias de un sistema de responsabilidad objetiva: hecho de la víctima, hecho de un tercero extraño o caso fortuito (47).
Conviene precisar aquí algunos aspectos puntuales que se vinculan específicamente con el tema:
1) El uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián sólo constituye una eximente aplicable en materia de responsabilidad por el hecho de las cosas. No rige en materia de responsabilidad por actividades riesgosas.
2) Acreditado que el daño fue causado en el curso de una actividad riesgosa y que guarda relación causal adecuada suficiente con la misma, la causa desconocida no exime (48).
3) No estamos de acuerdo con el criterio que propiciaba el Proyecto de 1998, en cuanto solamente reconocía como eximente a la culpa del damnificado. Creemos que también debe admitirse la liberación, al menos en el plano de normas genéricas o de cláusula abierta, cuando se demuestre la presencia de una causa ajena, lo cual incluye a la culpa o hecho del damnificado y a la culpa o hecho de un tercero extraño, siempre que reúna los requisitos del casus (art. 1731 Cód. Civ.Com). De allí que nos parezca preferible el sistema consagrado por el Código Civil y Comercial.
Diferente puede ser la situación en regímenes especiales, que instituyan sistemas de seguros obligatorios con fondos de garantía, o en otros mecanismos de socialización de daños, en donde puede el legislador imponer criterios más rigurosos que, por lo general, no se sustentarán en la idea de relación causal adecuada (49).
4) Siendo la responsabilidad de naturaleza objetiva, no configura eximente la prueba por parte del sindicado como responsable de haber ajustado su conducta a las reglas de diligencia que imponía la actividad, sea o no la misma reglada por normativas generales o especiales (50); tampoco la acreditación de cumplimiento de las técnicas de prevención.
El art. 1757 del Código Civil consagra expresamente esta solución en su último párrafo: "No son eximentes la autorización administrativa (.....) para la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención". 
Visintini recuerda que en el derecho italiano muchas sentencias afirman que "entre las medidas idóneas que debe adoptar quien ejerce la actividad peligrosa, no entran solamente aquéllas previstas por leyes o reglamentos que regulan el ejercicio de esa particular actividad, sino todas las medidas idóneas, al punto que, generalmente, sólo la demostración de la dependencia causal del daño respecto de un caso fortuito o del hecho exclusivo del dañado, es considerado suficiente para integrar la prueba requerida por el art. 2050" (51).
 f) Consecuencias que arroja la existencia de una responsabilidad civil por actividades riesgosas o peligrosas. 
La admisión de una responsabilidad objetiva por el riesgo de la actividad desplegada trae aparejadas importantes consecuencias:
1) La responsabilidad del conductor de un automotor queda alcanzada por el riesgo de la actividad desplegada y sujeta al parámetro objetivo de atribución.
2) Los accidentes de automotores, cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan, caen bajo la órbita de los artículos 1757 y 1758 Cód.Civ.Com. Ello surge también de lo establecido por el art. 1769.
3)La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente (art. 1753 Cód.Civ.Com.) experimenta, según una calificada doctrina, una profunda mutación, desplazándose de la órbita de una responsabilidad por el hecho ajeno al ámbito de los daños causados por el hecho propio.
Quien se vale de un dependiente, expande su esfera de acción y crea un riesgo circunstancial (que deriva, justamente, de esa situación instrumental),por el que debe responder objetivamente. En consecuencia, la prueba de la culpa del dependiente pierde toda significación, pues con o sin ella, el principal debe responder siempre en razón del riesgo creado con su actividad, el que existe con total prescindencia de la reprochabilidad subjetiva de su producción (52).
4) La mayoría de los infortunios laborales quedan comprendidos dentro del riesgo de la actividad desplegada.
5) En nuestra opinión, la responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación por noticias e informaciones inexactas o agraviantes puede quedar alcanzada por esta responsabilidad objetiva por actividades riesgosas (53).
 g) Supuestos específicos de responsabilidad por actividades riesgosas. 
La normativa general del Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad por actividades riesgosas (arts. 1757 y 1758) se complementa con disposiciones que regulan tipologías específicas de dicha especie.
Mencionamos, entre otras:
1) La responsabilidad por servicios defectuosamente prestados que regula el art. 40 de la ley 24.240 (t.o. ley 24.999).
2) La responsabilidad por contaminación ambiental que emerge de las disposiciones de la Ley General de Ambiente 25.675 y normativa concordante.
3) La responsabilidad del organizador de espectáculos públicos deportivos (art. 33, ley 23.184, t.o. ley 24.192)
4) La responsabilidad del titular de establecimientos educativos (art. 1767 Cód.Civ.Com.)
5) La responsabilidad de los medios masivos de comunicación por noticias e informaciones inexactas.
6) La responsabilidad en el transporte de personas y cosas (1286, 1289 inc. c), 1291 y concs.).
7) La responsabilidad por actividad peligrosa de un grupo (art.1762).
8) La responsabilidad por daño nuclear (Ley 24.804).
9) Daños causados por el accionar riesgoso de un grupo. Tratamos este supuesto en el punto siguiente.
 h) Daños causados por la actividad peligrosa de un grupo. 
1) Marco normativo. 
Dispone el art.1762 Cód.Civ.Com:
 "Actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Sólo se libera quien demuestra que no integraba el grupo" 
La norma guarda concordancia estrecha con lo dispuesto en los artículos 1757 y 1758, en cuanto regulan la responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas, por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. El supuesto contemplado en el art. 1762 constituye una tipología específica de dicha responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas.
Reconoce su fuente en el art.1673 del Proyecto de 1998, con relación al cual presenta dos diferencias importantes:
a) En el Proyecto de 1998 se exigía, con buen criterio, que la actividad grupal creara "un peligro extraordinario" para la persona o los bienes de terceros. El nuevo código se habla simplemente de "actividad peligrosa para terceros".
b) En el Proyecto de 1998 sólo se admitía como liberación la prueba de la no participación en la causación del daño. En el Código Civil y Comercial, únicamente se reconoce como eximente la demostración de que el sindicado como responsable no integraba el grupo.
 2) Caracterización de esta responsabilidad. 
Se trata de supuestos de particular gravedad, en donde el riesgo creado que justifica la imputación de responsabilidad asume carácter extraordinario y está referido al grupo en sí propio considerado y no al anonimato en la causación daño.
Repárese que no estamos aquí frente a un supuesto de daños causados por el riesgo de la actividad individual de una o varias personas, regulado por los artículos 1757 y 1758 Cód. Civ. Com. y, en su ámbito específico, por el art. 40 de la ley 24.240 (t.o. ley 24.999) sino del riesgo que dimana de un grupo considerado riesgoso por la actividad que realiza (54). El riesgo grupal en cuanto tal, diferenciado del riesgo que emerge de la actividad individual, da lugar a una imputación de responsabilidad que también es grupal.
Se pretende con esta construcción, interesante e inteligente, generar herramientas jurídicas más estrictas frente al accionar de estos grupos que causan daños que en la mayoría de los casos devienen difusos (v.gr., patotas, grupos de agentes contaminantes, personas que participan en una "picada" de autos, etcétera). La autoría del riesgo, que es objetivamente imputable a todos los integrantes del grupo, por el solo hecho de su pertenencia, se confunde en buena medida con la autoría del daño. El daño se atribuye al grupo y se responde por el solo hecho de pertenecer al mismo. Va de suyo que la conducta próxima o decisivamente lesiva de uno de los miembros del grupo, o más aún, su identificación plena, no interrumpe la cadena causal. De allí que sólo se admita como causal de liberación la demostración de que el sujeto no integraba el grupo.
Como no se trata de una responsabilidad subsidiaria a otra de corte individual, sino lisa y llanamente grupal, a través de una imputación conjunta a todos sus integrantes, el hecho del autor inmediato o directo del daño no opera como causa ajena, ni actúa como eximente. Es una conclusión lógica de que el daño es grupal y no individual, y de que el autor individual del daño no es la causa exclusiva de ese resultado. De allí que se hable de una causa conjunta de la cual es responsable el grupo y todos sus integrantes.
El juicio de causalidad común —se sostiene— se refiere al riesgo, que es lo que se juzga importante y no a la producción directa del daño que se estima indiferente (55).
 3) Diferencias con la responsabilidad por daño causado por un miembro no identificado dentro de un grupo determinado (autor anónimo). 
Existen claras diferencias entre ambos (56).
a) En tanto aquí la autoría individual es intrascendente (pues estamos ante un supuesto de autoría grupal como consecuencia de un riesgo también grupal), en la responsabilidad colectiva la autoría individual es trascendente, toda vez que se trata de una responsabilidad por un daño de procedencia individual no dilucidada (autoría anónima). La determinación del autor del daño puede ser relevante para la acreditación por parte del demandado de la causal de cesación consistente en no haber contribuido a la producción del daño. (57).
b) En la responsabilidad por riesgo grupal, el anonimato del miembro del grupo que efectivamente sea autor material del daño es irrelevante; su individualización no libera a los demás miembros del grupo, porque, en verdad, el daño siempre es causado por el grupo, más allá de que alguno de sus miembros sea su ejecutor directo; en la responsabilidad por autor anónimo, la individualización del autor del daño puede tener virtualidad para liberar a los demás miembros del grupo, cuando ella trasunte la no contribución del demandado al resultado dañoso.
c) La causalidad es conjunta o común en un caso (y referida al riesgo) y alternativa en el otro (derivada del anonimato).
d) En la responsabilidad que analizamos la actividad riesgosa del grupo es causa del daño; en la responsabilidad por autoría anónima, la actividad grupal es solo un antecedente del daño.
e) En la responsabilidad por riesgo grupal la causa del daño es compleja, y está emplazada en derredor del riesgo creado por el grupo; en cambio, en la responsabilidad por autor anónimo, la causa del daño es única, y no deja de serlo por la circunstancia del anonimato que justifica la imputación objetiva.
f) Las eximentes en la responsabilidad por accionar riesgoso de un grupo son en extremo limitadas: sólo se libera quien prueba que no integró el grupo.
 i) Exclusión legal. 
Dispone el art. 1768:
 "La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el art. 1757". 
El legislador ha creído conveniente dejar expresamente determinado que la actuación de tales profesionales no puede ser encuadrada en el estándar de responsabilidad objetiva prevista en dicha normativa. Como regla, la misma es subjetiva, salvo cuando se haya comprometido un resultado concreto, en cuyo caso está atrapada por un estándar objetivo de atribución.
Es una exclusión de dudosa justificación por el carácter generalizado con que ha sido plasmada.
 (1) Para un estudio en profundidad de la responsabilidad objetiva en general y de sus tipologías, en particular, remitimos a nuestra obra Tratado de la responsabilidad objetiva, ed. La Ley, Bs. As., 2015 (en prensa).
 (2) Señala Bianca que hipótesis singulares de responsabilidad por actividades peligrosas habían sido objeto de previsión legislativa en Italia y en otros ordenamientos, pero sin plasmar la noción de esta "moderna figura de responsabilidad civil" en una norma de carácter general, que marca una responsabilidad agravada, la cual no tiene antecedentes en el derecho francés y alemán (Diritto civile, t. 5, n. 301, p. 704)
 (3) VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", Astrea, Bs.As., 1999 (Traducción del Trattato breve della responsabilità civile por Aída Kemelmajer de Carlucci) t. II, n. 68, p. 415.
 (4) Ver, VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n. 68, ps. 415 y ss; BIANCA, "Diritto civile", t. V, n. 301, p. 704 y ss.; GALGANO, "Diritto civile e commerciale", 3ª ed., Cedam, Padova, 1999, t. II-2., n. 190, ps. 378 y ss.
 (5) DE CUPIS, "El daño", trad. de la 2ª ed. italiana por Angel Martínez Sarrión, ed. Bosch, Barcelona, 1975, p. 88; FORCHIELLI, "La colpa lievissima", Rivista di diritto civile, 1963, p. 202 y ss, citado por Visintini, ob.cit., t. II, p. 416, nota 143. Comp: Bianca, Diritto civile, t. 5, n. 301, ps. 709/710.
 (6) COMPORTI, "Esposizione al pericolo e responsabilità civile", ps. 260 y ss., cit. por Vistintini, ob. cit., t. II, p. 416, nota 144.
 (7) VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t.II, n. 68, ps. 416 y ss.; TRIMARCHI, P. "Rischio e responsabilità oggettiva", Giuffrè, Milano, 1961, ps. 48 y ss y ps. 275 y ss.
 (8) VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t.II, n. 68, p. 417
 (9) Ver, FERRARI, "Atipicità dell' illecito civile Una comparazione", Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1992, ps. 138/139.
 (10) Ver, ALPA, "Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni", Il Mulino, 1991, p. 320.
 (11) Ver Anteproyecto de 1954 para la República Argentina, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Derecho Civil y Comparado, Tucumán, 1968. El citado anteproyecto constituye una de las más altas expresiones que se han conocido hasta el presente. Desgraciadamente, por múltiples razones que no vienen al caso, no fue sancionado y pasó al olvido hasta que en 1968 la Universidad Nacional de Tucumán dispuso su publicación. Fiel a las ideas de su director, estructuró el sistema de responsabilidad en base a la culpa (art. 1072 y concs), admitiendo, sin embargo, numerosos supuestos especiales de responsabilidad objetiva, en las que el obligado sólo podía liberarse probando la causa ajena (Vg., arts. 1087, 1089 y concs.).
 (12) Llama la atención que habiendo sido Llambías un detractor extremo de la teoría del riesgo, haya propuesto su recepción normativa en términos tan amplios.
 (13) Ver, ALPA, "Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni", ps. 319/ 320. La doctrina italiana dominante se inclina, en la actualidad, por considerar que el art. 2050 consagra un supuesto de responsabilidad objetiva y no un caso de culpa presumida.
 (14) Ver Proyecto de Código Civil, ed. Astrea, Bs.As., 1987, art. 1113.
 (15) En el segundo párrafo de la nota al art. 1590 se lee: "Para la extensión de la responsabilidad objetiva a las actividades peligrosas: Cód. Civil peruano, art. 1970; Cód. Civil boliviano, art. 998; cód. civil italiano, art. 2050; Proyecto Valencia Zea para Colombia, art. 507; cód. civil portugués, art. 493. Ver las recomendaciones al tema I, II, Jornadas de Derecho Civil, Corrientes, 1965; comisión n. 1, Jornadas Marplatenses de responsabilidad civil y seguros, 1989. Se eliminan las disposiciones relativas a los daños causados por animales e inmuebles en ruina pues el artículo proyectado los alcanza". Ver, Reformas al Código civil. Proyecto y notas de la comisión designada por decreto 468/92, Astrea, Bs.As, 1993, art. 1590/1594.
 (16) Ver Unificación de la legislación civil y comercial. Proyecto de 1993, Zavalía, Bs.As. 1994.
 (17) MOSSET ITURRASPE, "Responsabilidad por daños", t. IX (Responsabilidad de la empresa), Rubinzal - Culzoni, ps. 37 y ss ha criticado duramente en este punto al Proyecto de 1998, por considerar que "actividad peligrosa" no es un concepto similar a "actividad especialmente peligrosa". El maestro santafesino no está de acuerdo en la calificación de la exigencia de riesgo o de peligro, con rótulos que denoten la necesidad de una situación extraordinaria o especial de riesgo o de peligro para que opere el presupuesto de hecho de aplicación de la norma. Esto importaría marginar la figura a lo raro o excepcional y acotar sensiblemente su campo de aplicación. Reconociendo que el tema es opinable, no estamos de acuerdo con la crítica. Tanto en el derecho italiano, donde se gestó la institución, como en casi todos los países en los que se la receptó, doctrina y jurisprudencia exigen —como hemos en texto— que se trate de un peligro o riesgo considerable. La Corte de Casación italiana ha sido categórica: es preciso que la actividad represente una "notable" o "relevante" potencialidad de año a terceros, lo cual supone una actividad que por sus particularidades presente dicha aptitud. Ver, Bianca, Diritto civile, t.5, n. 301, p. 705/ 706, texto y nota 56. Objetan también la solución del proyecto, por la vaguedad con que define la actividad riesgosa, desde una posición claramente subjetivista: Trigo Represas — López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Bs. As., 2004, t. III, p. 480.
 (18) Ver, Proyecto de Código civil de la República Argentina unificado con el Código de comercio, ed. Abeledo - Perrot, Bs.As., 1999, arts. 1664 y ss.
 (19) Corte de Casación de Italia, 29/5/89, sentencia n. 2584, Giur.it, 1990, t.I, p. 234, citada por Visintini, ob.cit., t. II, p. 419, nota 151. Sobre el tema, Bianca, Diritto civile, t. 5, n. 301, ps. 710/711.
 (20) Desde el punto de vista técnico consideramos que habría sido largamente preferible regular de modo separado ambas tipologías, una en cada artículo.
 (21) Tal lo que sucede con la energía nuclear, eléctrica, con el transporte de productos inflamables y con otras actividades que tienen un riesgo natural, permanente, propio, que en la mayoría de los casos resulta estadísticamente previsible.
 (22) Ver, ALPA, "Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni", ps. 314/ 316; VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n. 68, ps. 418 y ss. Esta autora señala que la jurisprudencia de la Casación italiana afirma que "la noción de actividad peligrosa postula que la actividad represente en sí misma una notable potencialidad dañosa a terceros, mientras que una actividad normalmente inocua, que se torne peligrosa por la conducta de quien la ejerce, comporta sólo la responsabilidad según la regla general del art. 2043 del Cód. Civil" (sentencia n. 13. 530 del 21.12.92, Mas. Giur. It, 1992, citada por Visintini en nota 169)
 (23) COMPORTI, "Esposizione al pericolo e responsabilità civile", p. 260, citado por VISTINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n. 68, p. 416, texto y nota 144.
 (24) ZAVALA DE GONZÁLEZ, "Resarcimiento de daños", Hammurabi, Bs.As., 1999, t.4, n.132. p. 607; Ver, asimismo, Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, t. IX ( Responsabilidad de la empresa), p. 39, texto y nota 41 ("Conducta y actividad constituyen la clase de la distinción; la primera se juzga aisladamente y en sí misma, pudiendo darse o no negligencia, imprudencia o impericia que, de existir, la tornan peligrosa; la segunda encierra en sí misma el peligro, marginando la culpa"); Lorenzetti, Estudio sobre la nueva concepción normativa del riesgo creado en el derecho argentino, en Derecho de daños. Segunda Parte, La Rocca, Bs. As., 1993, p. 347. Comp: VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n.68, p. 418/ 419, quien señala que "debe distinguirse entre la peligrosidad de la conducta y de la actividad en sí misma. En el primer caso, el criterio de imputación de la responsabilidad está sustentado en la culpa, o sea, en la imprudencia y la negligencia de quien se comporta de modo de crear un peligro; en el segundo caso (peligro de la actividad), el criterio de imputación de la responsabilidad implica la determinación del grado de peligrosidad ínsito en la actividad misma y, por lo tanto, tiene base en un criterio objetivo". La autora cita en nota 151 el criterio en tal sentido de la Corte de Casación italiana, en fallo del 29/5/ 89, n. 2584, "Giur. It", 1990, t. I, I, 234; íd, 11711/87, n. 8304, "Arch.Civ", 1988, p. 832. Conf: Bianca, Diritto civile, t. 5, n. 301, ps. 708/709.
 (25) Vg., el control de calidad en productos elaborados, los dispositivos de seguridad en la construcción de edificios, etcétera.
 (26) T.S de Córdoba Sala Civil y Comercial, 6/9/2004 "Arias de Fernández Blanca c/ Tagle (h) y Cia. SA" cit. por Roitman Horacio-Chiavassa Eduardo, El riesgo en los Proyectos de Reforma al Código Civil, en Revista de Derecho de Daños. Creación de riesgo-III, Rubinzal-Culzoni, 2007-1-333.
 (27) GALDÓS, J. "Riesgo creado y actividad riesgosa en el Proyecto de 2012 de Código Civil y Comercial de la Nación", Revista de Derecho de Daños, 2012-3, p. 345, n.III
 (28) ZAVALA DE GONZÁLEZ, M. "La noción de actividades riesgosas en el Proyecto de Código Civil", JA, 1988-I, p. 901; ídem, Responsabilidad por riesgo. El nuevo art.1113, 44,p 200 ; ídem, Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del derecho de daños, t. 4, n. 132, p. 610
 (29) Se advierte un cierto símil entre los parámetros tenidos en cuenta para la legitimación pasiva en los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa (cuando se configura la noción de dueño y de guardián) con los que presiden la determinación del responsable en la responsabilidad por actividades riesgosas (donde podríamos con alguna imperfección pensar en un "dueño" o "guardián" de la misma)
 (30) ESPINOZA ESPINOZA, J., 7 ª ed., Rodhas, Lima, 2013.Derecho de la responsabilidad civil, p.495.
 (31) VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n.68, p. 418; GALDÓS, "Riesgo creado y actividad riesgosa en el Proyecto de 2012 de Código Civil y Comercial de la Nación", Revista de Derecho de Daños, 2012-3, p. 345, n.III
 (32) "La noción de riesgo circunstancial —ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba— en el caso a los efectos de calificar de riesgosa a una actividad, debe ser realista y prudentemente conceptuada, pues de lo contrario sus contornos pueden tornarse excesivamente amplios, poco precisos y de dudosa conveniencia en la hora actual" (TSJ, Córdoba, sala penal, 6/8/2001, LLC, 2002-609.
 (33) Todos ejemplos tomados de decisorios de la Corte de Casación italiana, citados por Alpa, Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni, ps. 316/ 317, notas 78 a 87. Ver, asimismo, Bianca, Diritto civile, t. 5, n. 301, ps. 705 y ss; Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, t. IX, (Responsabilidad de la empresa), ps. 38 y ss.
 (34) Todos ejemplos tomados de decisorios de la Corte de Casación italiana citados por VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t.II, n. 68, p. 420/ 421, notas 152 a 161. Con relación a la utilización de un helicóptero en pleno centro de la ciudad, y a la calificación de riesgosas a las operaciones de despegue y aterrizaje, la autora recuerda los hechos: se había desprendido un cartel del poste que lo sujetaba, a raíz del torbellino de aire que provocaban las hélices del helicóptero durante el aterrizaje. El cartel cayó e impactó a un auto, provocándole daños. Se consideró que aquella actividad era peligrosa en los términos del art.2050 del código civil italiano.
 (35) Ejemplos tomados de decisorios de la Corte de Casación italiana citados por VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t.II, n. 68, p.422/ 423, notas 162 a 169. Ver, asimismo, Ver, asimismo, BIANCA, "Diritto civile", t. 5, n. 301, p. 705 y ss.; MOSSET ITURRASPE, "Responsabilidad por daños", t. IX, ps. 38 y ss.
 (36) Conf: VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n.68, p. 422.; BIANCA, "Diritto civile", t. V, n. 301, p. 708.
 (37) CERUTTI, M. "La responsabilidad por el hecho de las cosas y por actividades riesgosas", Revista de derecho de daños, 2013-2, p. 330, n. VI; ESPINOZA ESPINOZA, "Derecho de la responsabilidad civil", p. 493.
 (38) ZAVALA DE GONZÁLEZ, "Responsabilidad por riesgo. El nuevo artículo 1113", n. 76, p. 227.
 (39) Ver autora, obra y lugar citados en nota anterior.
 (40) En cambio, no puede considerarse responsables a título personal, a los accionistas de una sociedad anónima por los daños causados por actividades riesgosas que ésta realice.
 (41) VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n. 68, ps. 416/417; GALGANO, "Diritto civile e commerciale", n. 190 p. 381; ESPINOZA ESPINOZA, "Derecho de la responsabilidad civil", p. 499.
 (42) La aclaración es importante pues no pocos autores incurren en el error de asimilar la figura del empresario y el riesgo de empresa a la existencia de una actividad riesgosa por sí propia. El riesgo de empresa requiere, como toda actividad que pretenda ser encasillada como riesgosa, de una cualificación previa, en la que habrá que ponderar si existe ese riesgo o peligro para terceros, y en qué consiste el mismo. Va de suyo que hay actividades empresariales son riesgosas por su naturaleza o por las circunstancias de su realización, o por la naturaleza igualmente peligrosa de los medios empleados y otras que no lo son.
 (43) Conf: VISTINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n. 68, p. 417/ 418 y citas de jurisprudencia y doctrina italiana allí efectuadas en notas 148 y 149; BIANCA, "Diritto civile", t. 5, n. 301, p. 711/712.
 (44) Conf: BIANCA, "Diritto civile", t. 5, n. 301, p. 712; TRIMARCHI, "Rischio e responsabilità oggettiva", p. 278.
 (45) Señala Zavala de González que "quedan comprometidas todas las personas que, por haber generado la actividad, introducen en el medio social el resigo que es anexo a ella y tienen, por tanto, un deber de fiscalización, supervisión y control a fin de evitar que ese peligro se actualice en daño; sean o no ejecutores últimos de la actividad y obtengan o no un provecho en su desenvolvimiento" (Responsabilidad por riesgo. El art. 1113 del código civil, n. 76, p. 225)
 (46) En el derecho italiano, propicia la solidaridad, entre otros: BIANCA, "Diritto civile", t. 5, n. 301, p. 711. Sobre el tema, en nuestro derecho: ZAVALA DE GONZÁLEZ, "Responsables solidarios y concurrentes en el Proyecto de 2012", RCyS, 2013, Diciembre, p. 5; OSSOLA, F. "Obligaciones solidarias y concurrentes: necesidad de un replanteo. La cuestión en el derecho vigente y en el Proyecto de 2012", RCyS, Septiembre, 2014, p.5; SILVESTRE, N. "Las obligaciones concurrentes y su aplicación al Derecho de Daños", Revista de derecho de daños, 2012-3, p. 243
 (47) Nos ocupamos del tema con detenimiento en Pizarro, Tratado de la responsabilidad objetiva, t. 1, cap. 7.
 (48) ZAVALA DE GONZÁLEZ, "Resarcimiento de daños", t. 4, n.132, p. 612/ 613, quien señala que "sólo exime la causa esclarecida en tanto y en cuanto sea ajena al riesgo de la actividad". La autora pone como ejemplo algunos penosos sucesos de la vida real: se abre la puerta de un avión, en pleno vuelo, y la azafata es arrastrada al vacío; varios enfermos de hemodiálisis se contagian de HIV dentro de un establecimiento asistencial; explota un polvorín en una fábrica militar; un avión cae al mar, sin que se encuentre la caja negra, etcétera. Si la causa del siniestro es desconocida (o peor aún enmarcable dentro del riesgo de la actividad), no hay eximente alguna y se mantiene la presunción legal.
 (49) Conf: ZAVALA DE GONZÁLEZ, "Resarcimiento de daños", t. 4, n. 132, p. 613.
 (50) Conf: ALPA, "Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni", p. 316/ 317; VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n. 63, p. 361 y ss.; BIANCA, "Diritto civile", t. 5, n. 301, p. 704, texto y nota 55.
 (51) VISINTINI, "Tratado de la responsabilidad civil", t. II, n. 68, p. 422 y fallos citados en notas 170 y ss.
 (52) Ver, ZAVALA DE GONZÁLEZ, "Personas, casos y cosas en el derecho de daños", n. 18 y ss, p. 71 y ss.
 (53) PIZARRO, comentario al art. 1113 en Bueres - Highton, Código civil y normas complementarias, t. 3 A, n. 9, p. 559. Comp: Zavala de González, Resarcimiento de daños, t. 4, n.132, p. 617
 (54) No estamos de tal modo, frente a una sumatoria de actividades individuales riesgosas conjuntas o concurrentes (que darían lugar a una imputación individual de todos esos legitimados pasivos), sino ante una actividad grupal riesgosa que conduce a una imputación igualmente grupal.
 (55) En este sentido: ZAVALA DE GONZÁLEZ, "La responsabilidad colectiva y el art. 1119 del Proyecto de Código Civil", LL, 1988-D, 61; ídem, El daño colectivo, en Derecho de daños, Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, p. 442; ídem, Resarcimiento de daños, t. 4 (Presupuestos y funciones del derecho de daños), n.22, p. 161 y ss; Parellada, El tratamiento de los daños en el proyecto de unificación de las obligaciones civiles y comerciales, LL, 1987-D, 982
 (56) MOSSET ITURRASPE, "Responsabilidad por daños", t. VI (Responsabilidad colectiva), p. 46.
 (57) "No se trata —dice Zavala de González (Resarcimiento de daños, t. 4, p.163)— del daño causado anónimamente por alguno de los miembros de grupo, sino de un perjuicio cuyo origen es conocido (el grupo) y complejo en su composición (coparticipación de varios sujetos en un obrar peligroso".